Julio Cesar Gómez Torres Titular de la SSC Impone Jornadas para Esclavos

• Dos turnos laborales para los administrativos, de 07:00 a 19:00 horas y de 11:00 a 23:00 horas, sin contemplar tiempos de descanso – completamente violatorios de los derechos humanos- ni horarios asignados para alimentación

• Personal operativo con jornadas de 24 horas deberá limitar su “descanso” a apenas dos horas para aseo personal y comida, antes de reincorporarse inmediatamente a sus funciones

Ricardo Jesús Rivas / CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de julio. – En un movimiento esclavista que detonó la indignación dentro de las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, con el aval del capitán de navío Julio Cesar Gómez Torres titular de la dependencia, a partir del 22 de julio se impusieron nuevas disposiciones laborales que son calificadas por el propio personal como “un retroceso alarmante en derechos laborales” y un claro reflejo del endurecimiento autoritario derivado de la militarización de la corporación. La orden, firmada por el subsecretario Fernando Viveros Hernández, establece turnos de hasta 12 horas diarias para personal administrativo y condiciones aún más severas para personal operativo.

Esto quiere decir que, si una madre o padre de familia entra a trabajar a las 8 de la mañana, estaría saliendo a las 8 de la noche trabajar y sería prácticamente imposible la convivencia familiar, lesionando las infancias de los hijos de los trabajadores.

El documento oficial —emitido por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y al que este medio tuvo acceso— establece dos turnos laborales para los administrativos, de 07:00 a 19:00 horas y de 11:00 a 23:00 horas, sin contemplar tiempos de descanso – completamente violatorios de los derechos humanos- ni horarios asignados para alimentación. Más grave aún, personal operativo con jornadas de 24 horas deberá limitar su “descanso” a apenas dos horas para aseo personal y comida, antes de reincorporarse inmediatamente a sus funciones. La medida fue impuesta sin consulta alguna y sin respeto por el desgaste físico y psicológico del personal.

Lo que debiera ser una dependencia con sentido humano y estratégico, se está convirtiendo —bajo la conducción de mandos navales— en una maquinaria insensible que opera a costa del sacrificio extremo de sus elementos. No se trata de mejorar la seguridad pública, sino de imponer una lógica de cuartel a una institución civil. Este modelo, claramente inadecuado para el ámbito policial estatal, refleja un profundo desprecio por el bienestar de quienes sostienen en la práctica el aparato de seguridad ciudadana.

El trasfondo de esta imposición autoritaria es más político que operativo. La administración estatal, que en el discurso presume una transformación humanista, permite en los hechos la instauración de un régimen laboral que raya en lo esclavizante. En lugar de fortalecer la profesionalización, la moral y el sentido de pertenencia, se reprime, se agota y se castiga al personal que, irónicamente, es responsable de mantener la seguridad de la población.

Lejos de una estrategia integral de fortalecimiento policial, lo que se observa es una política de desgaste humano, encubierta por tecnicismos administrativos y una supuesta necesidad de “ajuste operativo”.

El personal comienza a organizarse, exigiendo con razón la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama. Piden revertir la medida, sino cesar a los mandos navales responsables de este modelo de explotación institucionalizada. Su clamor no es solo laboral, es moral, ya que, no se puede construir seguridad ciudadana sobre el sacrificio silencioso de quienes la ejercen.

La crisis dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es un problema interno, es un reflejo del rumbo que ha tomado el estado en materia de derechos laborales en la función pública. Y si no se atiende con urgencia y seriedad, el costo no solo será humano: será político.

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