Jueza Declara Culpable al Expresidente de Colombia por Delitos de Fraude Procesal

La historia de la condena

La batalla judicial arrancó en 2012, cuando el entonces congresista Iván Cepeda, apoyado en los testimonios de dos líderes paramilitares, vinculó al expresidente al surgimiento del grupo armado Bloque Metro a fines de los años 90 en Antioquia.

El Bloque Metro era una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que enfrentó a las guerrillas izquierdistas y dejó miles de civiles muertos durante el conflicto interno colombiano.

Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de haber manipulado a los paramilitares para que hablaran en contra de Uribe, pero tras años de investigaciones, en 2018 esa instancia desestimó la denuncia.

En un inesperado giro de los acontecimientos, la Corte inició una pesquisa contra Uribe por considerar que había indicios de que fueron personas del círculo de Uribe quienes intentaron manipular testigos.

Una de las pruebas que hay de ello es una grabación que hizo con un reloj espía Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado, en la cárcel La Picota.

En la grabación se escucha a Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, ofrecerle a Monsalve beneficios jurídicos a cambio de declarar a favor del expresidente.

En octubre de 2019, el entonces senador Uribe quedó formalmente vinculado a un proceso penal ante la Corte Suprema. Desde entonces, empezó a correr el plazo de 6 años que tenía la justicia colombiana para llegar a un fallo.

En el marco de la investigación, la Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había “riesgos de obstrucción a la justicia”.

Uribe estuvo detenido durante 66 días y en ese tiempo renunció a su curul en el Congreso.

Por tal razón, la Corte dejó de tener la competencia para procesarlo y el caso pasó a la justicia ordinaria. A partir de entonces, Uribe empezó a ser investigado y procesado como cualquier persona que comete un delito en Colombia.

En los años siguientes, los fiscales encargados pidieron la preclusión (es decir, el cierre del caso), porque consideraban que no había pruebas suficientes para acusar al expresidente.

Los pedidos de preclusión fueron rechazados por la justicia en dos ocasiones.

Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo (nominada para el cargo por Gustavo Petro), Uribe fue finalmente llamado a juicio.

En palabras de la jueza Sandra Heredia, el juicio fue “una maratónica lucha contra el reloj”.

La jueza aceleró las audiencias para evitar que los delitos prescribieran, y este lunes, tras unos meses intensos de presentación de pruebas y alegatos, concluyó que Uribe es culpable.

Ambas partes pueden apelar la decisión, en cuyo caso serán tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá quienes decidan si se mantiene la sentencia o debe ser modificada.

Uribe permanecerá libre, al menos hasta que se conozca a cuántos años es condenado, y podría pagar su pena en prisión domiciliaria.