REDACCIÓN/CAMBIO 22

CHETUMAL.- El lucrativo negocio de las invasiones de terrenos nacionales o en manos de particulares que no cuentan con la legalidad de la posesión ha llegado a niveles donde se involucran la clase gobernante en turno; ahora, la justicia toca las puertas del Senado mexicano por un secuestro ocurrido en el sur del estado y que tiene que ver con las invasiones donde la delincuencia organizada y los políticos juegan un papel preponderante.

En mayo del 2019 inversionistas y pequeños propietarios de Mahahual clamaban justicia, exigían al gobierno de Carlos Joaquín protección ante las amenazas de muerte que recibían de personas que habían invadido sus tierras.

En las protestas y reclamos destacaba Juan Carlos Ortega Prados, aseguraba a los medios de comunicación que la situación los había obligado a conformar un consejo ciudadano para enfrentar de manera organizada el problema de invasión que afectaba unas 300 hectáreas de un total de 2 mil de unos y a unos 35 inversionistas:

“Decidimos alzar la voz para que nos escuchen y evitar o que ha sucedido en Cancún, Playa del Carmen y Tulum”, afirmaba.

Denunciaba que la inseguridad que prevalecía en la zona a consecuencia de las invasiones, ocasionó que sacara a su familia de Mahahual ante las amenazas de muerte que había recibido de parte de líderes que encabezan la ocupación ilegal de las tierras.

Su peregrinar exigiendo justicia duró más de dos años. Las invasiones crecían, la violencia se desbordaba. Las cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador no tenían respuestas. Las llamadas al gobernador Carlos Joaquín nunca regresaban.

El 15 de septiembre del 21, se conoció la noticia que Juan Carlos Ortega Prado, fue secuestrado por un comando armado cuando se transportaba por carretera a la ciudad de Cancún. Hasta hoy se desconoce su paradero. Sigue en calidad de desaparecido.

Ortega Padro quien lideró la organización de empresarios del poblado contra la invasión de terrenos en diversas ocasiones señaló a personas, presuntamente responsables de apoderarse de predios privados de manera violenta. Han pasado tres años de su ‘levantón’ en el sur del estado. La familia no pierde la esperanza y de los nombres denunciados ahora se le agrega el del senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández.

Ortega Prado había denunciado el modus operandi de los delincuentes para quedarse con propiedades. Primero, ocupan el terreno de forma violenta y desmontan la vegetación existente. Después solicitan ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la enajenación de dichos predios, alegando la posesión legítima.

A pesar de que no son terrenos nacionales desde 1994, la Sedatu acepta la procedencia de los trámites, documento suficiente para que los invasores parcelen y vendan los lotes a precios económicos, con la promesa de regularización, ahí es donde el crimen organizado y el poder político se entrelazan para lucrar aunque para ello tengan que arrebatarle la vida a personas inocentes o legítimos propietarios. Las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el expediente al Centro Nacional de Inteligencia para su conocimiento y seguimiento nunca procedieron.

Es menester señalar que Ortega Prado protagonizó algunos conflictos con personas de la comunidad ambiental de Mahahual, quienes lo señalan por devastar manglar y selva.

Ahora el periodista Óscar Meza en su última entrega señala que Adán Augusto y los quintanarroenses José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPROO) y el ex encargado de despacho de la presidencia municipal de Othón P Blanco, Héctor Hernán Pérez Rivero figuran en dos carpetas de investigación radicadas en la FGE, precisamente por la desaparición forzada de Ortega Prado:

“De acuerdo con las averiguaciones realizadas por el grupo de abogados del violento incidente ocurrido a finales de 2021, se encuentran involucrados de forma involuntaria, directa o indirectamente al menos quince personas, entre ellas; López Hernández, Alonso Ovando, Pérez Rivero, Gustavo Gutiérrez Cruz, ex secretario general del ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, familiares cercanos del desaparecido, entre otros que intervinieron en el levantón en una vía asfáltica de un municipio del sur del estado”, refiere el analista.

En su entrega titulada “Involucran a Adán Augusto y Alonso Ovando en desaparición forzada en Quintana Roo”, Meza subraya:

“Entre la maraña de obstáculos e intereses económicos y políticos sorteados para avanzar en la resolución del caso, en sus averiguaciones los litigantes encontraron discrepancias entre Aurelinda Cañamar Juárez, esposa de la víctima con la hija, de identidad reservada, en sus respectivas declaraciones del hecho, y que la camioneta blindada, marca Ford, tipo Expedition, hallada en la carretera federal El Cafetal-Mahahual, al sur del poblado Limones, el 21 de mayo de 2023, por personal de infantería de la Secretaría de Marina, que tenía en su interior cinco armas largas, una granada, cinco chalecos balísticos, un tubo lanzagranadas, cargadores y municiones de diferentes calibres, fue utilizada en la privación ilegal del industrial”.

Dice que en con base en sus investigaciones, también lograron establecer que la unidad automotriz referida, es propiedad de Gustavo Gutiérrez Cruz, ex secretario general del ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. Asimismo, en audios transcritos en poder de la FGR y FGE, respectivamente, que obran en una carpeta certificada bajo resguardo de los abogados de la familia del empresario de la industria sin chimeneas, Cañamar Juárez refiere que el ex secretario de Gobernación en la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador:

“sabe todo, que él tenía bajo control y todo planeado sobre la desaparición de la víctima”.

En otro audio, se establece la supuesta entrega de un predio de alta plusvalía del hombre de negocios secuestrado, en los que presuntamente se encuentran involucrados los quintanarroenses Alonso Ovando y Pérez Rivera. De hecho, Alonso Ovando, en una declaración revela que Héctor Hernán Pérez Rivera le entregó un terreno, propiedad de la víctima, después de su desaparición.

El 13 de septiembre de 2021, en una carretera del sur del estado, tras interceptar la unidad en que viajaba el empresario hotelero, Juan Carlos Ortega Prados, en compañía de su esposa, un comando armado lo secuestró sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La Fiscalía General del Estado (FGE), emitió el 13 de septiembre de 2021 la alerta ¡AYÚDALE A REGRESAR A CASA! a JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS. De acuerdo con la alerta, Ortega Prados de 58 años de edad, tez morena, complexión mediana, estatura 1,85 aproximadamente, 85 kilos de peso aproximadamente, fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2021 en la localidad de Mahahual, municipio de Othón P Blanco.

De la fecha del secuestro del Ortega Prados a junio de este año, en la zona se han este presentado 23 invasiones a terrenos nacionales y privados en la alcaldía de Mahahual. El gobierno del estado asegura que esta problemática ha sido promovida principalmente por grupos provenientes de Yucatán, quienes a través de redes sociales ofrecen terrenos “de alta oportunidad” cerca del Tren Maya y las zonas costeras.

Alonso Ovando, titular de la Ageproo, involucrado en la desaparición del activista y empresario ha señalado que estas invasiones buscan obtener grandes ganancias a través de fraudes inmobiliarios. Si bien algunos buscan obtener una vivienda de forma legítima, muchos simplemente buscan lucrar con la ubicación privilegiada de los terrenos.

A pesar de los esfuerzos por regularizar algunas de estas invasiones, el proceso es largo y puede llevar hasta siete años para completarse. Las tierras se han vendido a precios mucho más bajos que el valor promedio en la región, lo que ha atraído a personas en busca de una oportunidad de propiedad a bajo costo.

Este año la Ageproo triplicó el número de colonias regularizadas. Sin embargo, también alentó la invasión de más tierras por parte de inmigrantes que esperan ser beneficiados también con estos programas.

En este año surgieron al menos cuatro nuevas colonias irregulares en esa misma zona, alentadas por personas provenientes de Yucatán, Campeche y Tabasco, quienes ofertan los predios en 50 mil pesos cada uno, afirmando que serán escriturados por el Gobierno del Estado muy pronto.

Y aunque Alonso Ovando, advirtió que se trata de estafas, ya que no se tiene planeado regularizar colonias nuevas ha dicho que el Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, únicamente está enfocado en los bienes de dominio privado que forman parte del patrimonio del Estado, sin embargo ya esta involucrado en la propiedad invadida y en proceso de regularación de la propiedad que era de Ortega Prado.

En una reciente publicación periodística se denunció que:

“las ofertas en las redes sociales, principalmente en Facebook continúan, donde invitan a llegar a Mahuahual y hacerse de un predio. Uno de los promotores es una persona de Yucatán identificada como “El Puma”, de nombre Erick Castillo, quien asegura cuenta con respaldo de la Ageproo”, el organismo involucrado en una desaparición forzada que salpica al senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, quien lo es la primera vez que se le liga al crimen organizado.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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