Investigadores Exigen al INAH Aclare la Destrucción del Patrimonio Arqueológico durante Construcción del Tren Maya

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El caos institucional en que ha metido el gobierno federal de la 4T a diferentes sectores de la sociedad mexicana no solo se refleja en la economía o en los aspectos político-electorales, sino, además, en temas muy sensibles como es la conservación del patrimonio arqueológico del pueblo de México.

La especialización, la profesionalización y la eficiencia en la administración pública, así como en el quehacer de académicos e investigadores con más de tres o cuatro décadas de trabajo han sido sustituidas por la superficialidad, la improvisación y las ocurrencias, con el fin de darle la razón a la clase gobernante, cuyo único objetivo es quedarse en el poder por tiempo indefenido, como lo hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual provienen muchos de sus integrantes.

Un ejemplo de estos despropósitos para el país, es el asunto que plantean expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como Jesús E. Sánchez, Felipe Echenique March, Fernando Cortés de Brasdefer y Juan Manuel Sandoval, por medio de una misiva, dirigida a la Opinión Pública Nacional e Internacional,  a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a  los funcionarios del INAH, bajo el título:  Derecho de réplica al desafío, con reiterada propuesta, suscrita en la Ciudad de México el pasado primero de marzo.

En el cuerpo de la carta pública se lee que ante las declaraciones de “el INAH”, aparecidas en una nota de Cristopher Cabello del diario El Universal el pasado 24 de febrero (y replicadas en otros medios electrónicos como “zócalo.com.mx”  y “pulsoslp.com.mx”), con las cuales pretende desmentir las afirmaciones que el doctor Fernando Cortés de Brasdefer y la profesora emérita Noemí Castillo Tejero (ambos investigadores del INAH,) expusieron en el Seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y Legislación el 23 de febrero, coordinado por el doctor Bolfy Cottom, en cuanto a la destrucción de monumentos arqueológicos e intentos de su ocultamiento por medio de su fraudulenta colocación de “47 monumentos prehispánicos” en el “Parque de la Memoria Baalam Tun”, en Chetumal, Quintana Roo.

Los mencionados investigadores del INAH, haciendo uso de su derecho de réplica aclaran  que la referida publicación se trata de una nota casi anónima, pues no está avalada por ninguna persona. Se menciona que es “el INAH”, “pero hemos de aclarar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) está conformado por diversos trabajadores, entre ellos, los Profesores de Investigación Científica y Docencia, cual es el caso de Fernando Cortés de Brasdefer, Noemí Castillo Tejero y quienes suscribimos la presente”.

Los inconformes sostienen que lo menos que podría esperarse es que el responsable de esa nota de “el INAH”, “estampara su nombre, para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de quien o quienes intentan desmentir y ocultar las impugnaciones que dirigimos a los funcionarios de nuestra Institución que, en efecto, elaboraron, autorizaron y ejecutaron las obras destructivas de los monumentos arqueológicos y su posterior y supuesto reemplazamiento en el llamado “Parque de la Memoria Baalam Tun”.

Advierten que resulta muy fácil esconderse tras el nombre de nuestra Institución y con una nota periodística, “pretender contradecir nuestras declaraciones y tacharlas de falsedades”.

Sin embargo, en dicha nota publicada en El Universal, “el INAH” declaró “su disposición para atender cualquier inquietud con base en evidencia técnica y documental verificable. La protección del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida”.

Por ello, los investigadores del INAH que suscriben la carta instaron a esos funcionarios “a que den la cara y en un debate público y abierto y con presencia de los medios de comunicación, expongan las pruebas de sus declaraciones, como por nuestra parte las hemos entregado en diversos momentos ante las instancias federales correspondientes. Añadimos que no es la primera vez que instamos a los funcionarios del INAH a dialogar y debatir públicamente nuestros respectivos argumentos sobre la destrucción de los monumentos arqueológicos que ocasionaría el Tren Maya y que efectivamente ocurrió a medida que avanzaba su construcción”.

Sin embargo, el silencio y la negativa al diálogo ha sido la norma de los funcionarios del INAH. Por lo tanto, reiteran su exigencia de un Debate Público con los funcionarios del INAH, en donde, “los que suscribimos sostendremos que las obras del Tren Maya y su culminación con los mal llamados “Parques de la Memoria”, no son otra cosa más que un crimen de lesa arqueología. Y para mejor claridad de la seriedad con la que reiteramos nuestra determinación de asumir el desafío lanzado públicamente por “el INAH”, dirigimos este exhorto en lo particular a los funcionarios del INAH responsables de esa atrocidad llamada “Parque de la Memoria Baalam Tun”.

A este debate se llama al doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas, responsable y ejecutor de dicha obra; al Pleno del Consejo de Arqueología y muy en especial a su presidenta, doctora Laura Ledesma Gallegos, quienes autorizaron dicha obra; a la excoordinadora Nacional de Arqueología, doctora Martha Lorenza López Mestas Camberro, que autorizó la obra en su momento; Al actual coordinador Nacional de Arqueología, doctor Francisco Mendiola Galván, que avala y aprueba la continuación de dichas obras; al secretario Técnico, José Luis Perea, que avala y aprueba la continuación de dichas obras; al exdirector general Diego Prieto Hernández, que autorizó, impulsó y financió con los recursos de la Institución, la construcción de dicha obra;  al actual director general, Joel Omar Vázquez Herrera, que avala y aprueba la continuación de dichas obras.

Por parte de los investigadores que desde un inicio se han opuesto a la obra del Tren Maya estarán presentes en el debate investigadores (integrantes, además, de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH): doctor Jesús E. Sánchez, investigador Titular C, adscrito a la Dirección de Estudios Arqueológicos; historiador Felipe I. Echenique March, investigador Titular C, adscrito a la Dirección de Estudios Históricos; doctor Fernando Cortés de Brasdefer, investigador Titular C, adscrito al Centro INAH-QRoo; doctor Juan Manuel Sandoval, investigador Titular C, adscrito a la Dirección de Etnología y Antropología Social.

Consideran que para garantizar un debate respetuoso, puntual y de conclusiones definitorias, se contará con la presencia de un notario público que dará fe del desarrollo y resultado del acontecimiento y con la mediación y moderación de los directivos de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), Capítulo México, en tanto organismo dependiente de la UNESCO, garante de la protección y conservación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Proponemos que el debate se celebre en el Auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, el martes 17 de marzo del presente año, iniciando a las 12:00 horas, y que los funcionarios del INAH se responsabilicen de contar con la disponibilidad del auditorio mencionado y con los medios logísticos apropiados para el adecuado desarrollo del evento y de su transmisión a través de Radio-INAH y en las redes sociales Facebook y Youtube, por lo menos.

“Con esta misiva, levantamos el guante lanzado por “el INAH” y quedamos en espera de una puntual y pronta respuesta, confiando en que estará firmada por alguno de sus funcionarios”. Los responsables de la publicación son: Jesús E. Sánchez, Felipe Echenique March, Fernando Cortés de Brasdefer y Juan Manuel Sandoval.

Es el momento que a esta exigencia de los investigadores del INAH, quienes han manifestado su rechazo a la forma en que se intervino el patrimonio arqueológico de México, durante la construcción del Tren Maya, se sumen los pueblos de la zona maya titulares originarios de ese patrimonio que se intervino de manera negligente por parte del INAH y el gobierno de la 4T.

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