Investiga la Procuraduría Fiscal a 11 Magistrados del TFJA por Enriquecimiento ilícito

Redacción/CAMBIO 22

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) está en medio de una crisis de credibilidad y sus magistrados, incluido el presidente Rafael Anzures Uribe, bajo señalamientos por supuestos actos de corrupción en “juicios de interés”, tráfico de influencias, abuso de poder, sobornos, nepotismo y presuntos vínculos con mafias de abogados dedicadas a extorsionar.

También hay dudas y falta de transparencia sobre el manejo presupuestal del Tribunal, el cual para este 2022 ascendió a 3 mil millones de pesos.

Además de estos problemas, el presidente del TFJA, con apoyo de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, presentó a finales del año pasado sendas denuncias contra 11 magistrados ante la Procuraduría Fiscal, en donde se abrieron carpetas de investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y, en algunos casos, los expedientes de magistrados fueron turnados a la Fiscalía General de la República para integrar averiguaciones previas y consignarlas ante tribunales.

A unos meses de concluir su mandato como presidente de dicho Tribunal (periodo de tres años que concluye en diciembre próximo), Anzures Uribe armó tales acusaciones para presionar a los magistrados a fin de controlar las sentencias que dictan en las Salas y también frenar cualquier acusación sobre malos manejos presupuestales, para lo cual prepara su relevo a la magistrada Luz María Anaya Domínguez, con quien mantiene una muy buena relación.

Cronología de una imposición

En septiembre de 2019, después de un congreso de magistrados del TFJA, se destapó a Anzures Uribe como el candidato a suceder en la Presidencia del Tribunal a Carlos Chaurand.

Para lograrlo, era necesario que Anzures contara cuando menos con 7 votos para ganar y, de entrada, este abogado aspirante tenía sólo el apoyo de cinco magistrados: Carlos Chaurand Arzate, Guillermo Valls Esponda, Nora Elizabeth Urby Genel, Rafael Estrada Sámano y, obvio, el voto seguro del propio candidato Anzures.

Para lograr su propósito, este candidato negoció con el magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien a cambio de su voto pidió que se promoviera a la Junta de Gobierno a la magistrada de Sala Regional Luz María Anaya Domínguez, por lo que Anzures se comprometió a ello y así aseguró un voto más.

Otra negociación la tuvo que hacer con el magistrado Juan Ángel Chávez, a quien a cambio de su voto prometió moverlo del Pleno Jurisdiccional a la Junta de Gobierno.

Pero las negociaciones en lo oscurito no pararon allí, pues para asegurar la cantidad de votos necesarios que le permitieran ganar la elección, y aunque ya tenía “seguros” 7 votos, Anzures quiso amarrar uno más por si en el último momento alguno de los que estaban con él se rajaban y cambiaban de candidato. Fue así como buscó el apoyo fuera del Tribunal para que convencieran a Juan Manuel Jiménez Illezcas, lo cual se logró, y finalmente también buscó el voto de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez.

El otro candidato a la Presidencia del TFJA era Víctor Orduña Muñoz, ese magistrado que llegó al Tribunal con el apoyo del panista Diego Fernández de Cevallos y quien pretendía presidir dicho órgano al arrancar su campaña contaba con el apoyo de sus colegas Carlos Mena Adame, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Juan Manuel Jiménez Illezcas, Julián Olivas Ugalde (éste fue secretario de la Función Pública en gobierno de Enrique Peña Nieto) y el propio Víctor Orduña Muñoz.

Así quedaron distribuidos los 13 votos de los magistrados de la Sala Superior para el día de la elección, que fue el 2 de enero de 2020:

Candidato Rafael Anzures: Carlos Chaurand, Nora Urby, Guillermo Valls, Rafael Estrada, Alfredo Salgado, Juan ángel Chávez, Juan Manuel Jiménez y Zulema Mosri.

Candidato Víctor Orduña: Carlos Mena, Manuel Hallivis y Julián Olivas.

El mismo día de la elección donde resultó ganador, Anzures Uribe cumplió su compromiso con Salgado Loyo y promovió a la magistrada Luz María Anaya a la Junta de Gobierno y Administración, y dos semanas después, el 16 de enero, también cumplió con Juan Ángel Chávez al pasarlo a la Junta de Gobierno al salir Nora Urby.

Para marzo del mismo 2020, el Tribunal cerró sus puertas por la pandemia y se intensificaron los trabajos para los integrantes de la Junta de Gobierno, porque ésta era la encargada de armar el programa de contingencia.

Desde la Presidencia del Tribunal, Anzures Uribe intentó impulsar aún más a Luz María Anaya para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la nombrara magistrada de la Sala Superior en la 3era Sección, que es la de Anticorrupción, para lo cual se lo propuso al entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Ante el fallo de esa estrategia, Anzures y Anaya convencieron con absoluta secrecía a Juan Ángel Chávez Ramírez para que se retirara con una incapacidad total y permanente, lo que le significó a este magistrado cobrar una póliza de más de 20 millones de pesos.

Así, sin informar al Pleno General, que es el Órgano Supremo del Tribunal, el presidente Rafael Anzures les dio el albazo y logró que de la Consejería Jurídica le pasara al presidente de la República el nombramiento de Luz María Anaya Domínguez en sustitución de Juan Ángel Chávez Ramírez.

El impulso de este nombramiento se hizo hasta el Senado de la República, en donde fue aprobado en julio de 2021, cuando se logró finalmente que Anaya Domínguez subiera a la Sala Superior del Tribunal.

A cambio del apoyo de la Consejería Jurídica para lograr que el presidente de la República firmara el nombramiento de Anaya, el presidente del Tribunal quedó comprometido a dar todo el apoyo en los juicios en que hubiera algún interés tanto para la Consejería como para el entonces procurador fiscal Carlos Romero, quien mantenía una buena relación con diversos despachos de abogados.

Con lo que no contaba Anzures Uribe al vender su alma al diablo, fue que algunos de sus compañeros y compañeras de la Sala Superior no le debían favor alguno ni tenían compromiso con él, sino al contrario, el presidente del Tribunal les debía a los magistrados haberlo apoyado en su candidatura y prácticamente lo dejaron con muy poco margen de maniobra para manipular a su antojo los “juicios de interés”.

Ante ese contratiempo, a Anzures Uribe se le ocurrió otro plan y le pidió a a su amigo el procurador fiscal Carlos Romero que iniciara investigaciones a todos los magistrados de la Sala Superior, con el propósito de “asustarlos” con carpetas de investigación en su contra y, bajo amenazas y presiones, que votaran las sentencias como se las pidieran desde la Presidencia del Tribunal.

En las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría Fiscal se habrían encontrado inconsistencias en los ingresos y las cuentas bancarias y bienes del magistrado Víctor Orduña, exaspirante a presidir el Tribunal, a quien Anzures Uribe ofreció apoyarlo a cambio de que participara en la Junta de Gobierno y desde allí ayudar a “limpiar” el manejo presupuestal de alrededor de 3 mil millones.

En medio de esta crisis, es un buen momento para que la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión, así como otros órganos de vigilancia intervengan para auditar el gasto presupuestal del Tribunal y revisar, en coordinación con las Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, las cuentas bancarias y los bienes de acumulados de todos los magistrados para evitar el enriquecimiento ilícito, pues aunque se trata de un Tribunal Federal de Justicia que es autónomo, lo cierto es que hay acusaciones de corrupción y juicios arreglados a cambio de sobornos.

Otro antecedente negro del TFJA

Un oficio de 12 cuartillas firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y enviado el 23 de abril de 2021 a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, solicitaba ratificar a siete aspirantes para ser magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El problema es que en la lista aparecían dos exfuncionarios del SAT que habían sido despedidos y denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República por corrupción, pero eran recomendados de la Consejería Jurídica y de la Procuraduría Fiscal, además de contar con el aval del presidente del Tribunal, Rafael Anzures Uribe.

Se trataba de Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos, exadministrador central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2019 a 2021, y Carlos Contreras Segovia, exadministrador desconcentrado Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México.

Ambos litigantes tenían graves acusaciones de proteger a empresas privadas en el contrabando de combustibles que se hacía por vía marítima y de tener complicidad con grandes contribuyentes para evadir el pago de impuestos.

El mismo día que serían ratificados en el Senado, una llamada de la Presidencia de la República frenó la cesión del pleno y los dos abogados investigados por corrupción tuvieron que abandonar el recinto y ya no fueron ratrificados para convertirse en magistrados de dicho Tribunal.

Con información de El Independiente

JFCB