Investiga Fiscalía Especial a Óscar Montes de Oca Rosales como Imputado de Delitos Contra la Libertad de Expresión

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de marzo.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) acusó formalmente al Fiscal General del Estado de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca, ante un juez federal de control, ante el cual dio a conocer el cambio de la situación jurídica del funcionario al de imputado dentro del expediente abierto a partir de la denuncia interpuesta por la periodista, abogada y activista local Fabiola Cortés Miranda, y en el cual también está denunciado el exgobernador Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá.

En un video, la misma periodista dio a conocer que fue el pasado 1 de marzo cuando ante un juez de control la FEADLE informó del cambio de la situación jurídica de Montes de Oca Rosales a imputado, en una audiencia en la que compareció un representante legal del fiscal estatal.

Allí, los fiscales de la FEADLE explicaron que el 28 de febrero le giraron un citatorio a Óscar Montes de Oca Rosales para que compareciera como imputado ante la Fiscalía Especial el lunes 13 de marzo, en diligencia de la cual no se ha dado información acerca de su acudió o si compareció su defensor particular.

Fabiola Cortés Miranda explicó que desde hace dos años presentó la denuncia en contra de Montes de Oca por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la libertad de expresión, en un expediente que también señala al entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hoy flamante embajador de México en Canadá, y a un comunicador residente en la entidad.

La carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021, iniciada por denuncia del 21 de febrero del 2021, fue iniciada porque Cortés Miranda acusa que, a partir de sus publicaciones sobre el despojo en agravio de un hombre de la tercera edad de origen maya, en el que estuvo involucrado el cuñado del gobernador Carlos Joaquín, “se orquestó en Quintana Roo una campaña con la intención de intimidar y acallar mi labor periodística”, y la narrativa fue impulsada a través del propio fiscal del estado.

La también activista citó que el 15 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, durante sus comparecencias ante el Congreso de Quintana Roo, Montes de Oca Rosales difundió información falsa sobre sus actividades como abogada litigante e incluso desde la tribuna legislativa le acusó de cometer delitos como tráfico de influencias y despojo.

“La campaña sobre los delitos supuestamente cometidos por la que esto escribe, fue particularmente impulsada por un periodista del estado, quien generó contenidos que reforzaron la línea discursiva promovida por el fiscal general del estado, cuestionando mi labor como periodista, como abogada y como activista”, manifestó.

Añadió que esta narrativa criminalizante en su agravio de Cortés Miranda fue replicada por otros múltiples medios de comunicación que identifica como “afines al gobierno del estado y por la página de internet Regio News, creada exprofeso para difundir la información a través de videos dispersados como publicidad pagada para alcanzar un millón de personas”.

“Se trató de una campaña estructurada que además incluyó el acoso y la intimidación a través de denuncias en contra de esta periodista por la comisión de supuestos delitos cometidos en mi actividad de abogada litigante, delitos como tráfico de influencias, despojo y fraude; curiosamente los señalados por el fiscal Óscar Montes de Oca en sus comparecencias del 15 de diciembre de 2020 y 10 de febrero de 2021”, sostuvo.

En este sentido, afirmó que este podría ser un caso emblemático en materia de violaciones a la Libertad de Expresión, toda vez que se trata de una campaña mediática y en redes sociales que, asume, se orquestó desde la FGE, y que incluye el acoso judicial a través de denuncias falsas contra una periodista.

En ese contexto, recordó que el pasado 15 de diciembre, el fiscal Omar Maldonado Jiménez le notificó el “cambio” de su situación jurídica dentro de una carpeta de investigación que se sigue en la Fiscalía General del Estado por un caso de despojo en Majahual, destino turístico del sur de Quintana Roo, en el que se le informó que pasó de defensora a imputada.

Además, dijo que “en los años que siguieron a mi denuncia he tenido que combatir las múltiples determinaciones de la FEADLE, como la determinación de abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal, y múltiples negativas a realizar actos de investigación propuestos por esta periodista”.

“Han sido los jueces del Poder Judicial de la Federación quienes han enmendado la reticencia de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión y han ordenado a esta dependencia realizar una investigación exhaustiva”, aclaró.

(Con información de El Universal)

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