mayo 21, 2024 12:35

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Renán Castro Madera, Director General

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  • Alerta internacional por violencia en Chiapas: DEA acusa al gobernador Rutilio Escandón y exige cambios en seguridad

 

  • DEA ejerce Presión al Gobernador de Chiapas bajo escrutinio por nexos con cárteles y cambios en su gabinete

 

Redacción/CAMBIO 22 

TUXTLA GUTIÉRREZ | La violencia en Chiapas por la disputa encarnizada entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ahora ambos enfrentan al ‘Cártel de Chiapas’ por las rutas del trasiego de drogas, llego a niveles de alerta internacional lo que provocó que la Administración para el Control de Drogas, (DEA), sentara en el banquillo de los acusados al gobernador Rutilio Escandón para tocar diversos temas de ‘sugerencia’ como el inevitable cambio de los titulares de la Secretaría de Seguridad y Fiscalía del Estado.

En Chiapas trascendió la ‘reunión de trabajo y acercamiento’ en el Gobernador y los enviados de la Agencia:

 

“Por instrucciones presidenciales (Rutilio Escandón), siempre buscó ocultar la caótica situación de Chiapas, provocada por la guerra entre los cárteles, tiene, claro por primera vez, que su inacción gubernamental y peor aún, su silencio e incluso complicidad ante el avance de la delincuencia organizada, lo tiene convertido en sujeto de investigación de la DEA y entiende que lo más conveniente es colaborar con este organismo, que tiene perfectamente el conocimiento de las relaciones peligrosas de algunos de sus familiares y sobre todo de alguno de sus colaboradores de primer nivel”, revelo en una entrega el periodista José Adriano Anaya.

En la entrega se detalla que “La situación que puede provocar un cisma en Chiapas si se llega a presentar la detención y extradición de Francisco Orantes Abadía, que acaba de ser renunciado como subsecretario de seguridad, debido a la información que éste posee, en el que ya se convirtió en un peligro para todos, en el caso que se le otorgue la figura de testigo protegido en los Estados Unidos”.

“La DEA no solo investiga el tráfico de drogas sino la estructura financiera de las organizaciones criminales, así como las redes de colaboración y protección de los gobiernos con la delincuencia organizada y aquí en Chiapas es de sobra conocido que la administración de Rutilio Escandón recibe beneficios económicos de los dos cárteles que se disputan el territorio de Chiapas y en donde se permitió y toleró el crecimiento de la violencia, de ejecuciones extrajudiciales y de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia. La realidad no se puede ocultar y el crimen organizado creció en la administración de Rutilio Escandón”, reza la entrega de Adriano Anaya.

Y consigna:

“La visita de agentes de la DEA al palacio de gobierno, debió de generar, por primera vez, preocupación a Rutilio Escandón por su frivolidad como gobernante, y entre sus más cercanos colaboradores se mencionó el deseo del gobernador de que ya fueran las elecciones y entregar el gobierno, que en sus últimos días va a ser una terrible pesadilla, sobre todo, porque Rutilio está preparando su retiro hacia Baja California Sur, en donde tiene propiedades en La Paz y en Los Cabos, y eso representa una cercanía mayor con los Estados Unidos, en el que los agentes de la DEA le exigen colaboración y le imponen condiciones, para la realización de movimientos en su gabinete”.

También rememora que Rutilio Escandón nunca escuchó los reclamos de sus gobernados, sobre lo mal que funcionaba la administración política en Chiapas. De igual manera, nunca aceptó mover a funcionarios a pesar de las pruebas de corrupción que se demostraban, “pero el llamado de la DEA no lo puede desatender, los costos de esta desobediencia son de riesgos inimaginables y ante la presión de una agencia de investigación norteamericana el gobernador cedió y aceptó realizar cambios en la Secretaría de Seguridad y en la Fiscalía del Estado”. aseveró.

En el contexto de la creciente violencia en Chipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está “todo normal” en Frontera Comalapa, en el límite de México con Guatemala, tras la irrupción de un grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa que provocó una alarma binacional.

La controversia comenzó cuando se viralizó un video en el que pobladores de Chiapas, se reunieron en la Carretera Panamericana para aplaudir a un grupo identificado con el Cártel de Sinaloa por liberar los caminos del municipio Frontera Comalapa que el grupo criminal había bloqueado, presuntamente integrantes del CJNG.

Tras los hechos el Gobierno de Guatemala confirmó el envío de 2.000 miliares a su frontera con México, que a su vez mandó a la zona 800 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la policía estatal:

“Ya está allá la Guardia Nacional, se está procurando que se establezca la vigilancia para que se restablezca el servicio de energía eléctrica, que puedan entrar los técnicos”, comentó López Obrador.

Las imágenes de pobladores que defienden a los cárteles han despertado preocupación sobre la base social del narcotráfico, pero el presidente desestimó dicho apoyo: “Puede haber (base social del crimen), pero no mucha. Es algo parecido a lo que sucedía y sigue sucediendo en la (selva) Lacandona (en Chiapas), pero ahí ya se aceptó que entre la Guardia Nacional, hay un programa especial de bienestar”, indicó.

Aunque han aumentado las denuncias porque los grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a los habitantes, en particular indígenas, el mandatario defendió su política de seguridad, que, según él, consiste en atender las causas.

“A diferencia de la época de los corruptos, que solo usaban la fuerza bruta, ahora todo es diálogo, todo es conciliación, atender los problemas sociales, atender a los jóvenes, lo que no se hacía antes”, argumentó.
En el último informe de la DEA sobre narcotráfico califica a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas “para la salud y las comunidades”en territorio estadounidense.

En su informe sobre las operaciones extranjeras de la agencia, la DEA informa que creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y desmantelar esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” en la Unión Americana. El documento es particularmente duro con México, alimenta las diferencias profundas entre la administración López Obrador y la agencia estadounidense, que coincide en estos temas con las recientes declaraciones de la Casa Blanca y particularmente del secretario de Estado, Antony Blinken.

Más allá de descalificaciones infantiles (el “departamentito” de Estado) según el gobierno federal la causa de la dureza de estos informes y declaraciones es que la DEA y otras agencias estadoundienses están molestas porque no se les deja actuar con libertad en México como lo hicieron en el pasado. Es verdad, desde la ley de seguridad que se aprobó después del caso del General Cienfuegos, se ha regulado muy estrechamente la participación de agencias y en particular de la DEA, con la que la administración López Obrador tiene una relación distante desde siempre.

En Chiapas es un clamor popular la exigencia de salida de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, Gabriela Zepeda Soto, a quien se le relaciona con el Cártel de Sinaloa, en ese contexto, a mediados de junio pasado fueron secuestrados 16 hombres trabajadores de esa institución para luego exhibirlos pidiendo al gobernador Rutilio Escandón, que la secretaria fuera destituida por estar coludidos con la delincuencia organizada.

En los videos difundidos masivamente, se observaba a los trabajadores en un cuarto oscuro, uno de los secuestrados aseguró que todos están bien, sin embargo, explicaron que el grupo armado que los raptó no los liberará hasta que se cumplan sus demandas.

La exigencia también incluía la renuncia de Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública en Chiapas, que ya se consumó recientemente y de Roberto Yahir Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza y del licenciado Marco Antonio Borguete Ramos. Los secuestrados fueron liberados y aún sigue al mando la Secretaria de Seguridad Pública, pero con la plática de la DEA con Rutilio, el cambio estaría a la vuelta de la esquina.

 

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GCH

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