Intento de Desalojo en Tulum Desata Denuncias de Corrupción y Abuso Judicial

• La comunidad de Tulum ha sido escenario de múltiples conflictos por la tenencia de la tierra, con un historial de despojos ilegales y presuntas complicidades dentro del aparato judicial.

• En 2016, bajo el gobierno del exgobernador Roberto Borge, se llevó a cabo un fraude similar mediante el uso indebido de la vía de apremio, dejando a numerosas familias sin sus terrenos.

Redacción/CAMBIO 22

TULUM a 06 de marzo. – Un nuevo intento de desalojo en la zona costera de Tulum ha reavivado las denuncias sobre la presunta corrupción en el sistema judicial de Quintana Roo. Este jueves, habitantes de la comunidad señalaron que el procedimiento ejecutado en un predio ejidal del kilómetro 8.5 responde a una maniobra ilegal que recuerda los despojos de tierras ocurridos en administraciones pasadas.

Los denunciantes acusan a la jueza Deyliana Avilés y a las actuarias María Elena Anaya Reyes y Nancy Aracely Flota Núñez de encabezar un fraude procesal con el objetivo de favorecer intereses privados. Aseguran que la supuesta restitución de tierras carece de fundamento, ya que el lote en cuestión no existe legalmente y el proceso judicial ignora fallos previos que declararon su nulidad.

La comunidad de Tulum ha sido escenario de múltiples conflictos por la tenencia de la tierra, con un historial de despojos ilegales y presuntas complicidades dentro del aparato judicial. En 2016, bajo el gobierno del exgobernador Roberto Borge, se llevó a cabo un fraude similar mediante el uso indebido de la vía de apremio, dejando a numerosas familias sin sus terrenos.

En el caso actual, los denunciantes enfatizan que un juez civil no tiene facultades para ejecutar un predio ejidal, ya que estos están protegidos por la legislación agraria. No obstante, la jueza Avilés ha desestimado este principio, permitiendo la continuidad de un proceso que, de acuerdo con los afectados, viola derechos ejidales y contraviene fallos judiciales previos.

Las acusaciones van más allá del despojo. Según los denunciantes, este caso forma parte de una red de corrupción en el Poder Judicial de Quintana Roo, a la que se refieren como “El Cártel de las Tortugas”. Esta estructura, sostienen, habría operado durante años manipulando procesos judiciales en favor de quienes pudieran pagar sobornos.

Aunado a esto, los afectados denunciaron actos de intimidación por parte de las actuarias involucradas, quienes habrían llegado al lugar acompañadas de un grupo de choque con el fin de amedrentar a quienes se oponían al desalojo.

Ante la gravedad de los hechos, se exige la intervención del Consejo de la Judicatura y de las autoridades agrarias para detener el procedimiento y sancionar a los funcionarios implicados.

El conflicto por la tenencia de la tierra en Tulum no solo pone en entredicho la seguridad jurídica de los ejidatarios, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. La comunidad espera respuestas concretas y acciones inmediatas que impidan que estos hechos queden impunes.

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