Califican de Riesgosa y Significativa Reestructuración de la Cuestionada FGE, Advierte el Observatorio Ciudadano

Olivia Vázquez/CAMBIO 22

CANCÚN, Q. ROO, 16 de octubre.- El Observatorio Legislativo Ciudadano advierte que dos de las tres iniciativas que se presentaron el pasado 3 de octubre ante la XVII Legislatura que están dirigidas a atender el fenómeno de los delitos derivado de recursos de procedencia ilícita y por defraudación fiscal, generan incertidumbre de si su ejecución pueda convertirse en un instrumento de investigación o sometimiento político, por lo que no se descarta que se generen acciones de probable inconstitucionalidad pues ya existe una Ley Federal para atender estos delitos, por lo que estará muy observante del camino que tomará en el Congreso.

Esta iniciativa también ya la había alertado el mismo Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, quien conoció la propuesta y refería que podría ser riesgosa y duplicar la función que ya se tiene a nivel federal.

El Observatorio  Legislativo emitió un comunicado referente a esta propuesta donde refiere que el pasado 3 de octubre, el poder ejecutivo del estado, presentó a la Legislatura tres iniciativas, dos de ellas contienen reformas institucionales para atender el fenómeno de los delitos derivados de recursos de procedencia ilícita y por la defraudación fiscal.

Esta iniciativa establece reformas a la estructura de la Fiscalía General del Estado, a los Códigos Penal y Fiscal, a las Leyes: Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y del Servicio de la Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.

En estas reformas se propone, describe; la Integración de una normativa en el Código Penal, con el Artículo 199 septies para la atención de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las penas se fijan de 5 a 15 años de prisión.

En su motivación establece que “permitirá la investigación amplia del origen de las riquezas ó bienes, sin importar su naturaleza, para determinar si su procedimiento es lícita o no.

Con este tipo penal toda persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, ó reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio del estado de Quintana Roo, y de éste hacia otras entidades federativas, cualquier tipo de recursos , derechos o bienes, que procedan o representan el producto de una actividad ilícita seran sujetos al proceso de investigación judicial.”

Así también refiere que con ello, se reforma la estructura de la Fiscalía General del Estado, cambiando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica -que ya existía- a una Fiscalia Especializada para el Combate a Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y  se otorgan atribuciones a las autoridades Fiscales del Estado de Quintana Roo para realizar investigaciones de Inteligencia Financiera.

Es por ello, que se alerta que con la Reforma al Código Penal, la Fiscalia General del Estado podrá realizar las acciones necesarias para atender los delitos establecidos de las operaciones derivadas con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal, para así mediante las atribuciones que tienen los Ministerios Públicos ejercer la acción penal ante los tribunales.

En donde se establecen nuevas atribuciones es en el área de la SEFIPLAN, a través de su organismo desconcentrado el SATQROO, que podrá mediante la Unidad de Inteligencia Financiera -que se convierte en una autoridad fiscal- realizar las siguientes acciones de vigilancia y estará facultada para: ”requerir, obtener, concentrar, analizar, consolidar, generar y disponer con fines de inteligencia, información fiscal, financiera, patrimonial, económica, civil (¿) y cualquier otra que se estime necesaria para coadyuvar en la prevención, y combate de los delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado, “ Con este fundamento si en sus actividades de fiscalización el SATQROO tiene conocimiento de hechos que puedan presumir se están efectuando los delitos contenidos en las reformas del Código Penal deberá denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado.

El Observatorio Legislativo refiere que evidentemente, es una propuesta que establecerá un nuevo escenario en el estado, en el cual se ha dicho que existen numerosas actividades que pueden encuadrarse dentro de éste nuevo tipo penal, que es muy importante enfrentar y afrontar.

No obstante queda la incertidumbre, de si con su ejecución se pueda convertir en un instrumento de investigación o sometimiento político.

Seguramente se generaran acciones de probable inconstitucionalidad, al atribuir que existe una Ley Federal para atender estos delitos y que pueden ser atribuibles a la competencia federal y no a la estatal, sin embargo, deberá considerarse que lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permiten al Ministerio Público como atribución el investigar y perseguir estos delitos. Observaremos el análisis y la atención que le den a esta iniciativa del Poder Ejecutívo los Diputados de la XVII Legisltura.

o.vazquez@diariocambio22.mx

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