Informe CSP: Soñé que Soñaba

Jorge Fernández Menéndez / CAMBIO 22

Escuchando el primer informe de la presidenta Sheinbaum, uno, la verdad, querría ir a vivir a ese país fabuloso del que hablaba la mandataria, un México que, incluyendo Estados Unidos, y con excepción de Canadá, es el menos desigual social y económicamente de América, donde la petroquímica funciona de maravilla y el sistema de salud tiene satisfecho a todo el mundo. No se trata de negar méritos y avances, que los hay, sobre todo en seguridad, pero cuando los resultados de un país se ponen en negro y blanco y no se reconoce un solo rezago, algo está mal.

Un informe que, para muchos cercanos a la presidenta Sheinbaum, será un momento de alguna forma fundacional, del inicio real de su presidencia, cada vez más ajena, dicen, a los equilibrios que debió hacer en estos once meses entre Palacio Nacional y Palenque. Puede ser, pero en la forma y el fondo fue un informe como todos, los de antes y los de ahora, de poco más de una hora de autoelogios, de confundir programas con realidades, deseos con hechos.

Cuando se confrontan los hechos con la realidad, para bien o para mal, las verdades absolutas salen perdiendo. Es verdad que hay 13 millones menos de personas en situación de pobreza, pero poco ha mejorado la calidad de vida de esos millones de mexicanos, más allá de los ingresos, potentísimos, que generan los apoyos sociales que suman, se reconoció ayer, casi 3 por ciento del PIB y alcanzan a 32 millones de familias, o sea a más de dos tercios de la población.

Son cifras enormes que, por supuesto, ayudan a las familias, pero que no generan empleo, que se utilizan en el consumo básico y que –como las remesas y el aumento del salario mínimo, que aportan, pero no modifican los problemas estructurales, sociales y económicos que tienen las familias y el país.

Hay 22 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud y que destinan esos recursos extras en buena medida a cubrir esas carencias. La educación podrá ampliarse en número de alumnos, pero su calidad sigue deteriorándose día con día, aunque no haya exámenes de ingreso. Hay una nueva y buena propuesta de ley contra la extorsión, pero ésta sigue azotando a la gente y castigando su nivel de vida: es el impuesto indirecto más cruel que pagan millones de mexicanos. 55 por ciento de la población tiene un trabajo informal. En Oaxaca, Chiapas y Guerrero 78 por ciento trabaja en la informalidad. No tienen derechos laborales ni sociales ni tampoco, ganen lo que ganen, pagan impuestos. Muchos de esos trabajos informales son manejados por grupos de poder que explotan a esos trabajadores: a ellos sí deben pagarles por permitirles trabajar.

La economía no crece como debería. No llegará, como dijo la Presidenta, a crecer 1.2 por ciento en su primer año de gestión, y si fuera así, incluso es un crecimiento paupérrimo, el más bajo de todos los países de la OCDE y menor al demográfico. Las inversiones tampoco alcanzan para crear los empleos que requiere el país. Se habló mucho de inversiones en infraestructura, y están muy bien si se transforman en obras útiles, pero las calles y autopistas son un paisaje lunar, lleno de cráteres y baches, que se inundan tanto como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras el Felipe Ángeles es un bonito y lejano aeropuerto con movimiento regional, mal comunicado y sin vuelos internacionales. Qué bueno que se hagan ferrocarriles a la frontera norte que pueden ser muy útiles, pero el tren maya sigue operando a fondo perdido y se ha descarrilado ocho veces desde su inauguración.

Hay avances reales en la seguridad: ha habido mil 300 laboratorios decomisados en los últimos once meses, 30 mil detenidos, 15 mil armas confiscadas, se ha enviado a 55 narcotraficantes importantes, de todos los cárteles, a Estados Unidos. Se ha reducido el porcentaje de los principales delitos de alto impacto, pero la extorsión, el robo, los propios homicidios siguen siendo muy altos y hay territorios sin control del Estado.

La relación con Estados Unidos pasa por un momento difícil y complejo. Se firmará un convenio de seguridad bilateral, pero todavía no sabemos qué incluye. El discurso de la soberanía es insuficiente cuando estamos ante una problemática tan enmarañada, que entra precisamente en sus días decisivos con la llegada el martes en la tarde de Marco Rubio, con una agenda que tiene como punto central desmantelar las redes de protección al narcotráfico y el crimen. Muchos, incluso en el gobierno, no entienden que ello es parte de nuestras exigencias internas, de nuestra propia seguridad nacional, más allá de los intereses de la administración de Trump.

Se han hecho decomisos históricos de combustible ilegal, de laboratorios clandestinos, de armas, pero no hay un solo político o funcionario detenido o, por lo dicho, investigado. Algunos de los principales sospechosos aplaudían ayer en la ceremonia de Palacio Nacional.

Ha habido correcciones importantes sobre algunos de los desastres que dejó López Obrador. Pero no hablemos de que se ha acabado con la corrupción y la impunidad cuando cada laboratorio decomisado, cada cargamento detenido, cada narcotraficante encarcelado y enviado a Estados Unidos es una acusación a la administración pasada, a su negligencia, a su negativa a aceptar que existiera producción de fentanilo, a extraditar a criminales como Caro Quintero, a sus 200 mil muertos y 60 mil desaparecidos.

Para acabar con la impunidad hay que hacer un corte de caja, un ajuste de cuentas, político y de justicia, con el pasado inmediato.

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