Lo anterior debido a que la UTCE identificó que en los 921 casos hay indicios de que la afiliación fue consentida por los aspirantes a CAE y SE, por lo que se frenó su participación en el proceso de capacitación.
El consejero Arturo Castillo explicó que los procedimientos oficiosos abiertos a los militantes de partidos buscan cumplir con la ley, la cual establece que para ser Capacitador y Supervisor Electoral se requiere no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral.
“Estos procedimientos que estamos llevando a cabo, de verificación de afiliación, de potencial o presunta afiliación a partidos políticos tiene como finalidad resguardar la imparcialidad y la confiabilidad de la organización de las elecciones”, explicó.
