abril 17, 2024 09:39

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

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  • Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Cuando las personas aspirantes a las diputaciones locales o federales andan en campaña buscando el voto popular, hasta lloran para convencer al electorado que defenderán sus intereses, en sus discursos incluyen frases como que ahora sí cambiarán las cosas en beneficio del pueblo, que ya no son como los de antes y que el pueblo pone y quita, sin embargo, en Quintana Roo ser integrante de la Legislatura local es sinónimo de traición, de robo y de mentira y de enemigo del pueblo, porque en lugar de legislar en beneficio de la sociedad toman decisiones para sacarle hasta el último centavo en impuestos, derechos y todo tipo de contribuciones, pero los incrementos no son de acuerdo al comportamiento de la inflación, como lo establece la ley, sino de acuerdo a los intereses de la clase política, la cual busca sangrar la economía popular para darse lujos que con su propia economía no pueden como usar camionetas de lujo, construir residencias o andar de fiesta en fiesta.

Por ejemplo, quienes integran la XVII Legislatura del estado de Quintana Roo, sin tomar en cuenta la crítica situación económica de la población y en particular la de los propietarios de vehículos de motor, aprobaron incrementos exorbitantes a los derechos para expedir licencias durante el año 2024, y cada municipio tiene la facultad de imponer los costos de acuerdo a los criterios de cada una de las leyes de ingresos municipales, lo que representa la mentira de lo que prometieron en campaña una traición y un robo para el pueblo, al que dicen representar.

En el municipio de Othón P. Blanco, el costo de la licencia para conducir automóvil, con vigencia de dos años, durante el 2023 tuvo un costo de 268 pesos, sin embargo, por el mismo documento, para el 2024 se tendrán que pagar 538 pesos, un incremento desmedido, entonces, la pregunta que se hace la ciudadanía es:

¿En dónde están los beneficios para el pueblo?, si lo único que saben hacer los diputados de Quintana Roo es legalizar el robo institucional.

Por una licencia para automovilista con vigencia de dos años en el mismo municipio es de 311 pesos, mientras que en el año pasado fue de 120 pesos; por una licencia de automovilista para cinco años, en el 2023 se pagaron 671 pesos, y ahora tiene un costo de mil 344 pesos; mientras que la licencia para motociclista con un periodo de cinco años se tendrán que pagar 623 pesos, mientras que en el año pasado el costo fue de 299 pesos.

Los incrementos en estos derechos son superiores al cien por ciento, en tanto, el gobierno federal de la 4T pregona a los cuatro vientos del escenario electoral que la inflación tuvo un incremento inferior al cinco por ciento con respecto a inicio de 2023. ¿Entonces, con qué criterios se incrementaron el monto de los derechos estatales y municipales en Quintana Roo?

De acuerdo a la legislación de movilidad que ha ido adecuando el Congreso de Quintana Roo, a partir de 2024 el Instituto de Movilidad (IMOVEQROO), será el encargado de emitir las diferentes licencias de conducir en el estado, tomando control de la emisión de este documento que había estado a cargo de los ayuntamientos, con la finalidad que el Gobierno del Estado sea el encargado de administrar una plataforma de base de datos, así como la expedición del plástico para las licencias de conducir.

La fiscalización a los conductores de vehículos de motor será más rígida a partir de este año, debido a que las infracciones de tránsito, no son responsabilidad de IMOVEQROO, ya que están establecidas como un derecho municipal, pero se ha creado una plataforma para que los municipios carguen sus infracciones y, de esta manera, cuando alguien desee obtener una licencia de conducir en el estado, IMOVEQROO pueda verificar si tiene infracciones pendientes en otros municipios y tomar acciones en consecuencia, desde luego que aquí se agrega un cobro más, por la famosa constancia de no infracciones.

En el municipio de Cancún se despacharon con la cuchara grande, ya que los costos, por ejemplo, son los siguientes¬:

Licencia tipo A: dos años, mil 678 pesos; tres años, dos mil 516 pesos; cuatro años, tres mil 355 pesos; y para cinco años, cuatro mil 194,
Para Motociclistas: licencia de dos años, costará 838 pesos; tres años, mil 256 pesos; cuatro años, mil 675; y para cinco años dos mil 94 pesos.

A pesar del incremento en los costos de las licencias, la plataforma digital que empezó a operar el dos de enero en Cancún y Playa del Carmen colapsó, por lo que cientos de personas no pudieron realizar su trámite, lo que muestra la falta de profesionalismo tanto de quien dirige el Instituto de Movilidad como de la empresa contratada para operar dicha plataforma.

Con este tipo de negligencias se demuestra que Luis Alcázar, titular del Imoveqroo es un servidor público improvisado en el área, porque fue incapaz de ordenar que la plataforma se “piloteara”, o ¿tampoco sabrá que significa esto?

Supuestamente, la falla del sistema consistió la firma del usuario no se podía digitalizar y, posteriormente, también no se pudieron escanear los documentos, es decir, la millonaria inversión del presupuesto de los contribuyentes quintanarroenses no sirvió.

La sangría a la economía familiar de Quintana Roo será severa tomando en cuenta que la autoridad pretende expedir al menos 250 mil licencias de conducir. Son tiempos electorales, en donde nuevamente escucharemos el discurso de “no robar, no mentir y no traicionar” lema insigne de la 4T.

 

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GCH

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