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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

El estado de Quintana Roo tuvo un incremento del 2.7 por ciento en la incidencia delictiva durante el mes de julio de 2024, respecto al mismo mes de 2023, por lo que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional. A nivel nacional se encontró una disminución de 2.4 en el mismo periodo de referencia, de acuerdo a la comparación estadística realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dado a conocer recientemente.

A nivel nacional se registraron 176 mil 413 presuntos delitos durante el mes de julio pasado, mientras que en Quintana Roo se llegó a cuatro mil 611, por esta cifra, la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional con 206.7 presuntos delitos por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional solo fue de 133.4.

Una cifra a destacar es la referente al crecimiento en incidencia delictiva de junio a julio de 2024 que fue del 12.5 por ciento, siendo que el crecimiento a nivel nacional fue de 0.8 por ciento en este rubro.

En junio se documentaron cuatro mil 100 presuntos delitos en Quintana Roo y en julio se llegó a cuatro mil 611; en mayo, cuatro mil 857; en abril, cuatro 692; en marzo, cuatro mil 662, en febrero cuatro mil 101; en enero, cuatro mil 530.

Respecto a homicidios dolosos, a nivel nacional se documentó una disminución a dos mil 546, mientras que en junio el registró fue de dos mil 676 homicidios dolosos.

En julio de 2024 se registraron 66 homicidios dolosos; en el rubro de víctimas por homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, la media nacional fue de 1.92 y en Quintana Roo de 3.3.

El aumento de los homicidios dolosos en Quintana Roo de junio a julio de 2024 fue de 25.9, por lo que se ubicó en quinto lugar a nivel nacional. La disminución de los homicidios dolosos a nivel nacional fue de 4.9 por ciento al comparar junio y julio de 2024.

Si comparamos los homicidios dolosos documentados en julio de 2023 con respecto a julio de 2024, se tuvo un crecimiento de 28.3 por ciento, mientras que la media nacional fue de 3.1 por ciento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó en enero 2024, 51 homicidios dolosos, en febrero 41, en marzo 53, en abril 48, en mayo 60 y 48 en junio y en julio 66, de allí el notable incremento.

Mientras que los asesinatos de mujeres siguen a la alza en Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado, solo iniciado cuatro carpetas por feminicidios en la entidad, durante 2024. En marzo y abril documento uno en cada mes y en mayo dos.

Otro documento estadístico a nivel nacional que se dio a conocer recientemente es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que se elabora como una atribución conferida en el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el cual examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.

En el diagnóstico realizado en el 2023, Quintana Roo queda muy mal parado al encontrarse por ejemplo en la luz roja por las pésimas condiciones, por ejemplo, el penal de Cancún.

La calificación estatal fue de 4.8, la cual se encuentra en la escala roja que va de 0 a 5.9; la amarilla de 6.0 a 7.9 y la verde de 8 a 10.

El penal con más baja puntuación es el de Cancún con una calificación de 3.33, después el de Chetumal con 4.56, Playa del Carmen con 4.64 y Cozumel con 5.85.

El Centro Penitenciario No, 2 Cancún sigue presentando una tendencia a la baja respecto a la calidad de sus servicios en comparación con diagnósticos anteriores.

Por ejemplo, en el rubro de aspectos que garantiza la integridad de las personas privadas de la libertad el diagnóstico arroja las siguientes observaciones:

Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, en los servicios de salud, en la separación entre hombres y mujeres; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; sobrepoblación, supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.

En los aspectos que garantizan una estancia diga se observó: deficiencias en la alimentación, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.

Además, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o
comedores, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o
áreas deportivas, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.

Respecto a las condiciones de gobernabilidad:

Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), falta de capacitación del personal penitenciario, falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas.

Por otra parte, la CNDH identificó que durante la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, que de los 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades de las 32, no cuentan con un centro específico para las mujeres.
Este es el caso de las entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz donde la estancia de las mujeres privadas de libertad se mantiene en centros mixtos, que en la mayoría de los casos, son espacios que funcionan como anexos, que no cuentan con los servicios necesarios para la atención a la salud con las áreas médicas para una atención diferenciada con base en las necesidades de las mujeres y sin ginecólogos; además de que no disponen con áreas de visita íntima para las mujeres, según el organismo nacional defensor de los derechos humanos.

La población penitenciaria de Quintana Roo para 2023 era de tres mil 666 personas.

La recomendación general que se le hace a Quintana Roo y otras entidades, dice:

Sobre la regulación legislativa de los Estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa en la que restringe o impide que las personas que viven con VIH o Sida y con enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, contraigan matrimonio, lo que vulnera sus derechos humanos a formar una familia, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de acceso a la información con respecto al derecho a la salud.

Los cuatro centros penitenciarios de Quintana Roo tienen una capacidad para una población total de dos mil 695 internos, pero para 2023 tenían una población de tres mil 666, una sobrepoblación de unas 900 personas.

A nivel estatal, los cuatro penales de Quintana Roo obtuvieron una calificación total de 4.84, mientras que tabasco, 4.27, por lo que está entidad ocupó la calificación más baja y Quintana Roo, la segunda. Ambas entidades, están por abajo de los cinco puntos de calificación.

Quizás, algún día, los discursos sobre derechos humanos se hagan realidad en Quintana Roo.

 

 

 

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