Impugna la CNDH Inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación Expedida por Layda Sansores en Campeche

• El organismo nacional defensor de los derechos humanos presentó una demanda, que se suma a la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados locales de PRI, PAN y MC

• La ley, que ya fue aplicada a propiedades de personas cercanas al dirigente nacional el PRI Alejandro Moreno Cárdenas, viola los derechos de audiencia, al debido proceso y a la debida indemnización, así como el principio pro persona, afirma la institución, lo que descalifica la defensa política que realizan diputados y gobernantes campechanos de la 4T

Redacción / CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó mediante acción de inconstitucionalidad la Ley de Expropiación expedida por el gobierno de Layda Sansores en el estado de Campeche y que ya fue aplicada inmediatamente a propiedades de personas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de la entidad y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esta iniciativa se suma que presentaron primero diputados del Congreso del Estado pertenecientes al PRI, Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), y demanda la validez de artículos relacionados principalmente con el derecho de audiencia, la defensa contra expropiaciones arbitrarias y la indemnización.

La CNDH acusa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la ley promulgada por la morenista Layda Sansores viola los derechos de audiencia, al debido proceso y a la debida indemnización, sí como el principio pro persona, en detrimento del derecho a la propiedad privada.

Los artículos cuestionados son los que dejan al arbitrio de la autoridad citar o no a los particulares a una audiencia de presentación de pruebas en caso de inconformidad, así como la disposición de que las declaraciones de utilidad pública y expropiaciones no admitirán recurso administrativo alguno en contra, dejando en estado de indefensión a las personas afectadas.

Asimismo, considera que los parámetros que establece para la indemnización no son los debidos, porque indica que el avalúo tome como base el precio de la última compra del inmueble, en lugar de valores comerciales actualizados.

La comisión pidió a la SCJN que, de invalidar los artículos impugnados por inconstitucionales, los efectos de invalidez se hagan extensivos a todas las normas que estén relacionadas con ellos, por lo que la primera expropiación que ya decretó Layda Sansores con esta ley, que fue de terrenos de personas relacionadas con Alito Moreno, sería revocada.

De esta forma, la demanda de la CNDH reitera acusaciones que hicieron en propia acción de inconstitucionalidad 15 diputados de oposición campechanos, quienes también impugnaron que esta ley habla de la ocupación inmediata de las propiedades sin audiencia ni indemnización, con plazos muy cortos para defenderse, pues sólo da cinco días, cuando a nivel federal se prevén 15 días.

Consideran además que esta ley tiene motivación política, dirigida a afectar los intereses inmobiliarios del exgobernador y dirigente nacional el PRI Alejandro Moreno Cárdenas, tanto que la han bautizado en Campeche como “Ley Alito”; pero en su afán revanchista la gobernadora morenista daña los derechos de todos los campechanos.

De hecho, la reforma fue aplicada por primera vez el 29 de septiembre, menos de un mes después de haber sido decretada, sobre predios de Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder del PRI, y de Juan José Salazar Ferrer, allegado al mismo dirigente, por la supuesta utilidad pública de utilizar los inmuebles para la construcción de una Universidad Rosario Castellanos, orientada a las Ciencias de la Salud, en el municipio de San Francisco.

De declararse inconstitucional la norma, esta expropiación quedaría invalidada por sus efectos a las normas relacionadas con ella, conforme a lo pedido por la CNDH a la SCJN.

Por lo pronto, que la CNDH también considere inconstitucional la Ley de Expropiación de Layda Sansores descalifica la defensa de la misma que han emprendido diputados locales de Morena, PVEM y PT, así como el gobierno de Campeche, que señalaron que la demanda presentada por la oposición sólo busca defender las propiedades de Alito Moreno.

La demanda de la CNDH fue presentada el 6 de octubre, cinco días después de que los diputados de oposición del Congreso de Campeche presentaron su propia acción de inconstitucionalidad, y ambas fueron acumuladas para ser resueltas como un solo asunto.

Ambas controversias, marcadas como 115/2025 la de los diputados y 117/2025  la del organismo nacional, fueron turnadas para estudio a la ministra María Estela Ríos González, exconsejera Jurídica de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien además tiene asignada la controversia constitucional de límites entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La ministra dictó el auto de admisión de ambas demandas el pasado 14 de octubre, y requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Campeche sus respectivas contestaciones.

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