Imposición de Megaobras Vulneran los Derechos Indígenas en la Península de Yucatán

• Organizaciones civiles presentaron un informe ante la ONU sobre los casos documentados.

Gustavo Guardián/CAMBIO 22

HOMÚN, YUC., 25 de julio.- Organizaciones civiles de México expusieron ante la ONU las vulneraciones que se realizan a los derechos indígenas y campesinos por la imposición de proyectos como el Tren Maya y las granjas porcícolas en la Península de Yucatán.

“En la Península de Yucatán se vulneran derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas de forma sistemática, a través de la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura”, indica el informe presentado por distintas organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el Examen Periódico Universal al que México se somete frente a la Organización de Naciones Unidad (ONU).

En el documento donde participan el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Kanan Derechos Humanos, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, entre otras OSC, se exponen diferentes casos de vulneración de los derechos humanos dentro del territorio de la Península de Yucatán.

“Desde 2019 se hostiga a quienes se oponen a la construcción del Tren Maya; en 2022 se conoció de 11 eventos de agresión contra estas personas y organizaciones. Se están usando los aparatos estatales para criminalizar las protestas. En el caso Granja Porcícola de Homún las autoridades ambientales intentaron clausurar cinco centros ecoturísticos comunitarios para intimidar a la gente que rechazaba las autorizaciones dadas a la granja. En otras comunidades se ha recurrido al uso excesivo de la fuerza y se ha ampliado la presencia policial, además de que se ha denunciado penalmente a personas defensoras”, puntualizan los denunciantes.

Luego de presentarse dicho informe a nivel internacional, 115 países emitieron recomendaciones para que México garantice los derechos humanos, especialmente a las comunidades indígenas y campesinas.

Las tres principales recomendaciones son:

•  1.- Velar por que se consulte cabalmente a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, de forma horizontal e intercultural, antes de adoptar y aplicar medidas que puedan afectarlos.

• 2.- Aumentar la participación efectiva de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones del impacto en los derechos humanos y el medio ambiente antes de la toma de decisiones.

• 3.- Garantizar la plena participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la elaboración y aplicación de las políticas públicas y poner en marcha iniciativas para evitar la discriminación institucional y estructural.

El informe citado lleva por título: “Extractivismo en la la Península de Yucatán: Vulneración Sistemática de los Derechos Humanos”.

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RHM