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Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

La decisión del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) de cobrarle, a los campesinos por transportar sus cosechas a los mercados o zonas de consumo, no se trata de la simple aplicación de una norma aprobada por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por ciento el más caro del país, según la presidenta de México, sino la ejecución de un plan para seguir sangrando la economía de la gente trabajadora en la entidad.

Las decisiones gubernamentales al respecto resultan grotescas por el nivel de cinismo de las autoridades del ramo, para exprimirle los recursos al pueblo, para llevarlos a sectores improductivos como muchos de los programas asistencialistas de la 4T.

Las y los diputados de Quintana Roo y el IMOVEQROO, decidieron cobrar más impuestos a los productores del campo, en lugar de incentivar con eficiencia la producción agropecuaria para abastecer los requerimientos de los desarrollos turísticos de la entidad.

Mientras miles de familias del campo trabajan todo un año para hacer sus tierras, el referido instituto de Movilidad decide cobrarles por trasladar sus productos, a pesar que en su momento ya hayan pagado el IVA en la compra de insumos, los múltiples impuestos de la gasolina, por comprar un vehículo, sacar la licencia de conducir, pago de la tarjeta de circulación, pago por las placas y ahora tienen que pagar por el hecho de trasladar sus productos.

Esta situación entre el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) y los productores agrícolas ha escalado a un conflicto de relevancia pública.

El núcleo de la inconformidad reside en la exigencia de permisos de carga para el servicio mercantil o privado, que muchos productores consideran un “doble cobro” o una carga impositiva injusta para quienes simplemente trasladan su propia cosecha.

El IMOVEQROO basa sus acciones en la Ley de Movilidad del Estado, que establece que cualquier vehículo que transporte mercancías con fines comerciales o de lucro dentro del estado debe contar con un permiso específico, adicional a la tarjeta de circulación y las placas.

Cuando se trata de Servicio Mercantil de Carga, se aplica a quienes transportan bienes ajenos por un pago.

Mientras que el Servicio Privado de Carga es donde entran los productores. La ley exige que si transportas “tus propios productos” en un vehículo de motor para su venta, debes tramitar un permiso que acredite dicha actividad.

El Congreso del Estado de Quintana Roo, que supuestamente se le paga para que defienda los intereses del pueblo, aprobó para 2026, los costos de estos permisos que se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), y varían según la capacidad del vehículo:

Hasta 1 tonelada: Aproximadamente $3,393.00 MXN.
De 1 a 3.5 toneladas: Aproximadamente $4,523.00 MXN.

Inspección Físico-Mecánica: Se debe pagar un monto adicional por la revisión anual de la unidad (cerca de 4.81 UMAs).

La inconformidad social, particularmente en la zona sur del estado (municipios como Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos), se basa en los siguientes cuestionamientos:

Falta de distinción: Los productores alegan que no son una “empresa de transporte”, sino trabajadores del campo que usan su herramienta de trabajo para subsistir.

Impacto económico: En un sector donde los márgenes de ganancia son bajos, un pago anual de más de 3,000 pesos, sumado a la gasolina y mantenimiento, vuelve inviable el traslado de productos pequeños a los mercados locales.

Acoso de inspectores: Se han reportado denuncias sobre operativos en carreteras donde se retienen vehículos y se aplican multas elevadas (que pueden superar las 50 UMAs) si no se cuenta con el permiso, lo que los campesinos califican como “recaudación voraz”.

El déficit agrícola en Quintana Roo es una problemática estructural que explica, en gran medida, por qué las medidas recaudatorias (como los permisos del IMOVEQROO) generan tanto malestar: el campo local ya opera bajo una presión financiera y productiva extrema.

A continuación, se detallan las cifras y realidades del déficit agrícola en el estado para este Quintana Roo presenta uno de los niveles de dependencia alimentaria más altos de México. Debido a su vocación principalmente turística, el estado no produce lo que consume.

De acuerdo a información institucional, el Índice de Importación se estima que el 60% al 70% de los productos agrícolas consumidos en el estado provienen de otras entidades como Yucatán, Puebla y Veracruz o del extranjero.

Datos recientes indican un balance comercial neto negativo para el estado (en noviembre de 2025 fue de aproximadamente -$60.2 millones de USD), impulsado por la compra de insumos y alimentos para la zona norte.

Por otra parte, el traslado de productos desde el sur (zona productora) al norte (zona de consumo) enfrenta costos elevados, a los que ahora se suman los permisos de carga del IMOVEQROO, reduciendo la competitividad del productor local frente al proveedor foráneo.

Clima y Plagas: En el último ciclo, los productores reportaron pérdidas de hasta $800 millones de pesos debido a plagas como el hongo fusarium y la mosca pinta, además de sequías prolongadas seguidas de inundaciones.

Abandono del Campo: Según el Censo Agropecuario, más del 63% de los productores tienen más de 45 años. La falta de relevo generacional y de tecnología limita la capacidad de reducir el déficit.

Este déficit significa que el estado es vulnerable a la inflación de alimentos. Cuando el IMOVEQROO impone cobros a los pocos productores que logran cosechar, el precio final para el consumidor sube, o bien, el productor prefiere abandonar la actividad, aumentando aún más el déficit y la dependencia de productos de fuera.

 

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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