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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca MartínezCAMBIO 22

Ante la presión de la ciudadanía y del movimiento medioambientalista en México, instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y algunas de los ámbitos estatal y municipal se han dado a la tarea de emprender procedimientos administrativos que terminan en multas y clausuras de desarrollos inmobiliarios en entidades como Quintana Roo, ya que durante los últimos años se han incrementado los casos de construcción de inmuebles, al amparo de la ilegalidad, impunidad y tráfico de influencias, porque de otra manera no se puede explicar que particulares, por más poderosos que sean, actúen fuera de la ley en las narices de las autoridades y éstas no se percaten de las irregularidades.

Revisando las diligencias de clausuras de la PROFEPA en Quintana Roo en 2024 y 2025 nos podemos dar cuenta del gran número de casos de desarrolladores, quienes bajo el amparo de la impunidad, empiezan a desmontar, destruir el entorno natural y empiezan a construir, para cuando las autoridades se dan cuenta, las obras ya llevan un gran avance y para llegar a la demolición tienen que pasar años y un litigio burocrático para las mismas instancias gubernamentales.

Esta semana se dio a conocer que ante la falta de permisos y por representar un riesgo para la conservación del entorno natural autoridades federales y municipales clausuraron diez desarrollos irregulares del grupo inmobiliario Colorines, conocidos como “VíaMarina”, que se construyen en una zona de alta conservación ambiental en el desarrollo turístico de Cancún.

En este operativo de clausura participó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), así como del ayuntamiento de Benito Juárez.

Estas autoridades intervinieron en el caso,  luego de una denuncia ciudadana, por medio de la cual se percataron de las  irregularidades en los proyectos de Colorines. La denuncia alertaba sobre la ausencia de licencias y autorizaciones necesarias para cualquier desarrollo urbano, tanto a nivel municipal, estatal y federal.

Los desarrollos inmobiliarios clausurados está planeados en un área que no es apta para urbanización, sin infraestructura básica ni servicios urbanos garantizados, como es la falta de acceso a agua potable, electricidad, vialidades y drenaje, elementos fundamentales para cualquier asentamiento humano legalmente autorizado.

La Profepa, en Quintana Roo, ha clausurando múltiples desarrollos inmobiliarios por falta de permisos ambientales o por exceder los límites autorizados.

En Puerto Morelos, se clausuraron siete proyectos entre junio y julio de 2025, seis por carecer de autorización de impacto ambiental y uno por exceder la superficie y áreas verdes permitidas.

En Holbox, dos desarrollos fueron clausurados en julio por construirse sin permisos en áreas protegidas.

En Tulum, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) clausuró 10 desarrollos en la ruta de los cenotes en agosto de 2025, por la misma falta de documentación ambiental.

En junio de 2025, en Puerto Morelos, la  PROFEPA  clausuró siete desarrollos inmobiliarios en la zona costera  durante un operativo realizado entre el 16 y el 24 de junio, en respuesta a denuncias ciudadanas sobre daños ambientales.

Seis de los proyectos fueron suspendidos por carecer de la autorización de impacto ambiental de la Semarnat, mientras que el séptimo, “Bella Mare”, fue clausurado por exceder la superficie autorizada y no cumplir con las áreas verdes establecidas.

Entre los proyectos clausurados se encuentran “Vilma”, “Musa del Puerto”, “Uva de Mar”, “Sole Blu”, “Soulam” y “Bella Mare”.

Mientras que en Holbox, el mes de julio pasado, la misma dependencia federal clausuró temporalmente dos desarrollos inmobiliarios, ubicados dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, por carecer de la autorización de impacto ambiental requerida.

En uno de los predios, se detectó la apertura de caminos entre manglares y señalamientos para lotificación, y en el otro, se identificó la construcción de una bodega temporal y 46 pilotes de concreto destinados a cimentación.

En mayo de este año, en Cozumel, la PROFEPA clausuró otros dos desarrollos inmobiliarios,  “Nativo” y “Nala Cozumel”, por no contar con la autorización de impacto ambiental de la Semarnat, con ambos proyectos ubicados dentro o en colindancia con Áreas Naturales Protegidas.

A mediados del mes de agosto, el Juzgado Octavo de Distrito ordenó a la PROFEPA intervenir y exigir la demolición del Desarrollo Adamar, en la Bahía Solimán, en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo, luego que el Poder Judicial de la Federación sentenció a los desarrolladores a demoler la construcción por haberse realizado sin los permisos correspondientes y fuera de la normatividad.

Los argumento del juzgador federal consisten en que la obra debe demolerse para garantizar que el hábitat en el que se construyó sea regresado a su estado original.

En la orden judicial también se explica que la PROFEPA  ha sido omisa, al no dar seguimiento a la clausura y las acciones subsecuentes, como resultado de una sentencia judicial emitida desde el año año pasado.

La referida sentencia se dio en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano de Tulum, lo que sentó un precedente que permite que otras personas puedan exigir a las autoridades a que cumplan con su deber en la defensa ambiental, señaló Mónica Huerta, integrante de la Asociación Civil “Derecho a un Medio Ambiente Sano”.

El desarrollo inmobiliario “Adamar”, inició construcción en la ilegalidad por lo que por medio de una orden judicial  la Profepa la tuvo que clausurar en 2024, sin embargo, continuó la construcción, por lo que ahora ya cuenta con siete niveles edificados.

La activista ambiental informó que la empresa responsable, “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.” no acató el resolutivo tanto del juez como de la PROFEPA para restaurar la zona a su condición original, ni pagó las dos multas impuestas, por un millón y 400 mil pesos.

Ahora, la PROFEPA  deberá exigir el pago de las multas y constatar que se rehabilite el área de 731 metros cuadrados a su estado original, es decir, la obra edificada tendrá que ser demolida totalmente.

En Tulum, se hizo costumbre que los desarrollos inmobiliarios se construyeran sin permisos y mucho menos de acuerdo a la normatividad ambiental y de desarrollo urbano, después pagan las multas, que son irrisorias y simulan cumplir con las leyes.

Por ejemplo, un informe interno de la Semarnat de 2021 reveló que se detectaron 232 negocios sin permiso para operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Tulum, y se realizaron operativos que resultaron en 12 clausuras por actividades como desmonte de vegetación, relleno de humedales e inicio de construcciones sin autorización.

Entre los establecimientos denunciados se encuentran hoteles, restaurantes y condominios como Papaya Playa Project, Hotel Bahía Príncipe, Dreams Tulum Resort and SPA y otros ubicados, incluso, dentro del Parque Nacional de Tulum.

Si la impunidad y el tráfico de influencias no existiera en Quintana Roo, ningún particular se atrevería a violentar la ley ambiental.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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