Hoy se Cumplen 8 Años de la Masacre Cometida en el Festival BPM en Playa del Carmen y las Autoridades Siguen Solapando la Impunidad al No Dar con los Responsables

• Los involucrados en el homicidio de siete personas y 15 lesionados durante el último día del festival de música electrónica, el 16 de enero de 2017, en el desaparecido bar Blue Parrot, aún no han sido alcanzados por la justicia.

• La organización criminal canadiense “Hell Ángels” utilizaba el festival BPM para “lavar” millones de dólares del narcotráfico, en complicidad con organizaciones criminales locales.

• El expediente 37/2017, que corresponde al caso de la matanza del BPM, se encuentra en calidad de reservado hasta el 2027, lo que sería un claro indicador de que las autoridades estarían protegiendo a los verdaderos responsables de esta masacre, que este jueves cumple ocho años.

• En este lapso de tiempo, Miguel Ángel Pech Cen, Oscar Montes de Oca y Raciel López Salazar, pareciera que brindan total protección e impunidad a los responsables, ex funcionarios y criminales.

Redacción/CAMBIO 22

PLAYA DEL CARMEN, 16 de enero.- Hoy jueves se cumplen ocho años de impunidad en la masacre cometida en el festival de música electrónica BPM el 16 de enero de 2017 en el desaparecido bar Blue Parrot, el cual dejo un saldo de siete muertos y 15 lesionados, por lo que a pesar de este atroz hecho y pese al paso de tres fiscales, no se ha dado con los verdaderos responsables de este sangriento hecho derivado de una pelea entre organizaciones criminales rivales por el control de la venta de drogas.

A pesar de que este jueves 16 de enero, se cumplieron ocho años de esta matanza que marcó un antes y un después en la narcoviolencia en Playa del Carmen, los verdaderos autores aún no pisan la cárcel, y esto se debe principalmente a que el fiscal Raciel López Salazar y sus antecesores Oscar Montes de Oca y Miguel Ángel Pech Cen, no esclarecieron los hechos, en los cuales no solo involucra a miembros del crimen organizado, sino también a ex funcionarios municipales, en concreto a la entonces presidenta municipal Cristina Torres Gómez, actual secretaria de gobierno, pues ella fue quien dio luz verde al autorizar el festival BPM pese al rechazo del sector empresarial, el cual en su momento le solicitó que no lo hiciera.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, a través de sus titulares, habría sido la encargada de brindar total protección e impunidad ante este inédito hecho sangriento, y una muestra de lo anterior se suscitó en noviembre de 2022, cuando el entonces fiscal Oscar Montes de Oca, reservó el expediente 37/2017 del mencionado caso por otros cinco años más, bajo el absurdo argumento de no obstruir las investigaciones, cuando más bien pareciera que lo que se pretende es blindar a los verdaderos responsables, entre los que se encuentran ex funcionarios que lo autorizaron, además de los sicarios que protagonizaron los hechos.

Hay que recordar alrededor de las 2:00 horas (madrugada) del lunes 16 de enero de 2017, el bar The Blue Parrot que se encontraba ubicado en la calle 12 con zona de playas, y sede principal de la décima edición festival BPM usado por la organización criminal canadiense “Hell Angels”, para “lavar” millones de dólares del narcotráfico, cuando lucia abarrotado por más de mil persona en su mayoría turistas extranjeros fue escenario de una sangrienta masacre cuando supuestos sicarios de la organización criminal “Los Zetas, vieja escuela” atacaron al encargado del evento musical porque no le daban acceso a sus vendedores de droga porque esta concesión lo tenía el Cartel del Golfo (CDG), aunque en narcomantas argumentaron que fue por falta del pago de derecho de piso; sin embargo, al parecer agentes de la Policía Municipal Preventiva (PMP) vestidos de civil asignados indebidamente repelieron la agresión dejando un saldo trágico de siete personas muertas.

Desde el día de la masacre que exhibió a Playa del Carmen ante el mundo como un lugar inseguro, lo que se confirmó a lo largo del año 2017 con una inusitada espiral de narco-violencia de 58 ejecutados, y continúo aumentando en los siguientes años, en las administraciones municipales de Cristina Torres 2016-2018 y Laura Beristain 2018-2021, fue hasta la gestión de la entonces presidenta municipal Lili Campos Miranda, periodo 2021-2024, cuando se logró revertir la curva de crecimiento de los homicidios dolosos.

En su momento, las autoridades estatales y municipal minimizaron la barbarie, atribuyendo los hechos a una riña donde se vieron involucrados dos personas, cuando los peritos de la propia Fiscalía General del Estado encontraron en la escena del crimen, 20 casquillos percutidos, 6 casquillos calibre 38 súper, 8 casquillos calibre 9 milímetros usualmente usado por la Policía Municipal Preventiva y 6 casquillos calibre .380 y 7 cartuchos útiles, lo que quiere decir por sentido común y sin ser expertos en criminalística que se usaron al menos tres tipo de armas de fuego.

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