Homologar Delito de Feminicidio en México, No es la Prioridad para Acabar con la Violencia Feminicida: OCNF

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La propuesta de homologación del tipo penal del feminicidio a nivel nacional en México ha generado un debate en el que participan diversos organismos civiles como es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otros, con la finalidad que las instancias gubernamentales tomen en cuenta las voces de familiares de las víctimas, así como de personas expertas en el tema, quienes durante las últimas décadas han participado activamente para que los asesinatos de mujeres en razón de género se hayan llevado a la ley, como feminicidios.

El periódico español El País, el pasado 6 de agosto publicó un extenso reportaje elaborado por la periodista Almudena Barragán, quien entrevistó, entre otras expertas a María de la Luz Estrada, directora del OCNF, a quien le preocupa “que con la homologación acaben con algunas circunstancias o se genere un tipo penal que no vaya a servir”.

Detalló durante la entrevista que más de la mitad de estados en el país comparten razones de género similares para investigar y que en otras fiscalías, las diferencias no son tan grandes. Almudena Barragán escribe que entre las voces a favor de la homologación están las de las senadoras Olga Sánchez Cordero, Gabriela López Gómez y la del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

“En 2022 Zaldívar, cuando todavía era presidente del Alto Tribunal, presentó un proyecto de la Ley General para Prevenir Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. Poco después, Sánchez Cordero y López Gómez propusieron un proyecto de decreto que buscaba derogar varios puntos en el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respecto al feminicidio. Las propuestas, todas en la misma línea, buscan que solo exista un tipo penal para el feminicidio en todo el país”, se lee en el periodico español.

“Es necesario prevenir cualquier error en la integración de carpetas de investigación derivado de las diferencias que hay entre los códigos penales estatales”, señaló Sánchez Cordero en 2022. Este delito, al pertenecer al fuero común, está recogido con algunas variaciones en los diferentes códigos penales de los 32 Estados. Así que de aprobarse un tipo penal homologado, los congresos estatales deberán votar, uno por uno, la reforma a su código penal.

Desde el OCNF aseguran que homologar el delito en todo el país no es “lo prioritario” para acabar con la violencia feminicida. Estrada considera más importante que las fiscalías investiguen con perspectiva de género, que cuenten con personal capacitado y con recursos suficientes para que exista una verdadera procuración de justicia. También que haya comunicación entre las fiscalías para resolver los casos de manera más rápida.

La directora del OCNF también advirtió que varias de las razones de género recogidas en las nuevas propuestas de homologación contemplan términos como “misoginia”, “odio”, “desprecio” que pueden complicar la acreditación del delito.

La publicación española también difundió lo dicho por la abogada Anayeli Pérez, que ha llevado casos como el de Lesvy Rivera, asesinada en Ciudad de México en 2017: “El primer obstáculo que existe no es que el tipo penal no esté homologado, sino que las fiscalías no quieren investigar los feminicidios. Hay Estados como Guanajuato, por ejemplo, que de más de 10.000 asesinatos solo hay 11 carpetas por feminicidio este año, ¿quién se cree eso?”. “La realidad es que al poder político no le importa la vida de las mujeres y eso no se soluciona homologando el tipo penal”, dijo la especialista.

Por su parte, la abogada Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, asesinada en Puebla en 2022, sostiene: “Esta versión intentaba ser tan específica que se perdía y acababa siendo imprecisa”. “Si no se mantiene la esencia del tipo penal, que es la violencia extrema contra la mujer por el solo hecho de serlo, y se intentan meter conductas demasiado específicas, se corre el riesgo de dejar fuera muchas conductas”, agregó.

“También será clave el concepto de irretroactividad en materia penal que puede servir en favor de los reos. Si el tipo unificado tiene penas inferiores a aquellas que hayan sido condenados, en algunos Estados con más pena podrán pedir la revisión de su sentencia para que les rebajen la condena. Esto ha sucedido con la ley del Solo sí es sí, en España”, explica.

Otra consideración más: el tiempo de implementación. “Habrá que formar a todas las fiscalías y a todos los tribunales en la nueva definición del delito. Pueden pasar años para que esto suceda”, dijo la abogada Monzón.

La periodista española Almudena Barragán, inicia su texto escribiendo: “La violencia es y seguirá siendo el principal problema que enfrentan las mujeres en México. Cualquier cifra en torno a la violencia machista se queda corta en un país en el que el año pasado fueron asesinadas más de 3.000 mujeres. De ese total, según cifras oficiales, solo un 25% fue investigado como feminicidio, 827 casos de más de 3.000. Una cifra que las organizaciones de la sociedad civil y las especialistas en violencia de género dicen que se queda corta y que podría ser el doble. Los feminicidios que se investigan en México son sólo la punta de un problema social aún mayor. La falta de medios, la saturación de casos, los prejuicios o la coacción del crimen organizado en las fiscalías empuja a que muchas de estas muertes nunca se investiguen como asesinatos machistas. La mayoría serán consideradas homicidios comunes o suicidios”.

El gobierno de López Obrador ha propuesto homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país con el objetivo de agilizar el acceso a la justicia y la protección de las mujeres. Sin embargo, la propuesta ha despertado posiciones a favor y en contra entre las organizaciones feministas, de la sociedad civil, especialistas y legisladoras.

Desde luego que las voces de las familias de víctimas de feminicidio y sus abogadas desde Quintana Roo tienen mucho que decir al respecto, al enfrentarse a un Poder Judicial Estatal impregnado de machismo y falta de voluntad para respetar y proteger los derechos de las mujeres.

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