Heyden Cebada: El Espejo Roto del Poder en Quintana Roo

Heyden Cebada no llegó por azar. Fue promovido, protegido y sostenido por la administración de Mara Lezama, que ha convertido al Poder Judicial en una extensión funcional de su gobierno. Bajo su mando, el tribunal abandonó la pretensión de independencia para asumir una nueva tarea: garantizar la estabilidad política del grupo gobernante.

La reforma judicial aprobada en agosto fue el instrumento perfecto para ese propósito. Modificó el método de elección de la presidencia del tribunal, eliminó los límites temporales y permitió que el propio Cebada —quien redactó la iniciativa— se reeligiera sin obstáculos. La ley fue aprobada sin resistencia por un Congreso del Estado de Quintana Roo dócil y sumiso, demostrando que en Quintana Roo los pesos y contrapesos ya no son instituciones, sino decorado.

Detrás del tecnicismo jurídico se lee un mensaje claro: la federación no está dispuesta a tolerar excesos, ni siquiera entre los suyos, o por lo menos no entre los que no son ciento por ciento suyos.

En la práctica, esto significa una ruptura silenciosa con el gobierno estatal. La impugnación firmada por Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, no solo desafía una ley local; cuestiona también el modelo de control político que Mara Lezama ha edificado con celo y complicidad. Por primera vez, el Gobierno Federal le dice a Quintana Roo que su autonomía no autoriza la desfachatez institucional.

Este desencuentro no es menor. Durante meses, Lezama capitalizó el respaldo de la 4T para blindar decisiones locales y justificar reformas polémicas. Pero la acción de inconstitucionalidad evidencia que ese apoyo tiene límites.

Cuando el poder federal decide tocar a uno de los suyos, el mensaje es más que claro: algo se está descomponiendo.

La estructura creada para perpetuar el control terminó exhibiendo su punto más débil: la falta de legitimidad. Hoy el Poder Judicial de Quintana Roo no inspira confianza ni dentro ni fuera del estado. Lo que debía ser una reforma se convirtió en un espejo roto que refleja la ambición y el desgaste de un gobierno que confunde autoridad con supremacía.

Lo más grave no es la ilegalidad del proceso, sino el silencio de quienes deberían cuestionarlo. Ni el Congreso local ni los organismos de fiscalización han emitido una sola postura crítica. Todos miran hacia otro lado, temerosos de contrariar a la gobernadora.

Esa complacencia es el verdadero cáncer institucional. Porque cuando la crítica se convierte en riesgo y la obediencia en virtud, la democracia deja de ser sistema para convertirse en simulacro.

La resolución de la Suprema Corte definirá el aspecto legal del caso, pero el veredicto político ya está dictado. El gobierno federal ha marcado su distancia. La “transformación” en Quintana Roo enfrenta su primera crisis interna: una disputa entre la lealtad al poder y la fidelidad a la ley.

El episodio deja una lección incómoda: cuando un gobierno necesita controlar a los jueces para sentirse seguro, es porque ha perdido el control de su propia legitimidad. Y en esa pérdida, el espejo del poder —el que antes reflejaba éxito y estabilidad— se ha roto en mil pedazos. Lo que queda son los fragmentos: leyes hechas a modo, instituciones cooptadas y un Estado que, en nombre de la transformación… vuelve a las viejas prácticas de siempre.