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• Protestas extremas en Yucatán: vecinos amarran a trabajador de CFE por fallas eléctricas

 

• El técnico fue retenido a un poste en protesta por los apagones que afectan a la comunidad

 

• No es un hecho aislado: en Valladolid, Tizimín, el Cuyo e incluso en Holbox, además de otros estados se han registrado actos similares contra empleados de la paraestatal

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

Cansados de los apagones, vecinos del municipio de Dzemul, Yucatán llevaron su frustración al extremo de amarrar a un trabajador de la CFE a un poste de luz en señal de protesta.

El incidente ocurrió tras un corte eléctrico de casi 12 horas que afectó a varias zonas de la comunidad, durante el cual los habitantes intentaron sin éxito comunicarse con la paraestatal para una respuesta rápida, la imagen del empleado atado al poste rápidamente se difundió en redes sociales, reflejando el nivel de hartazgo local.

“No es nuestra culpa los apagones… solo somos trabajadores”, suplicaba el técnico retenido, dejando en claro que él solo cumplía con su labor mientras los pobladores exigían el restablecimiento inmediato del servicio.

Este episodio no es un caso aislado en Yucatán. Apenas el año pasado, en agosto de 2023, vecinos del barrio Santa Lucía en Valladolid también retuvieron y amarraron a un técnico de la CFE tras permanecer tres días sin electricidad.

En aquella ocasión, irónicamente, el propio trabajador quien carecía de equipo y refacciones para arreglar la falla accedió a simular su “secuestro” para presionar a la empresa a que resolviera el problema, La Comisión Federal de Electricidad respondió no con empatía sino con sanción, tras investigarse los hechos, suspendió indefinidamente al empleado, sin goce de sueldo, por haberse prestado a la protesta, en lugar de reconocer la falta de herramientas e inversión que padecían sus cuadrillas, la paraestatal castigó al técnico, profundizando la sensación de abandono entre trabajadores y usuarios.

Los yucatecos definen bien el contexto de su indignación, “En Dzemul siempre padecemos de fallas eléctricas y la CFE solo hace remedios baratos; el servicio que brindan lo cobran muy caro y nunca resuelven bien”, reclamó un habitante afectado, frases como ésta evidencian un hartazgo crónico, comunidades enteras que acumulan años de quejas por un servicio deficiente sin solución de fondo.

La repetición de estos episodios en distintos municipios de Yucatán Dzemul, Valladolid y otros lleva a preguntar si se está normalizando la “justicia por propia mano” contra la CFE.

Por supuesto, amarrar a empleados no debería ser una respuesta normal en un estado de derecho; se trata de actos ilegales que rayan en la privación ilegal de la libertad, como han señalado algunos críticos de estas acciones.

Sin embargo, para muchos habitantes es el último recurso tras agotar canales formales, en Valladolid, por ejemplo, vecinos habían llegado incluso a bloquear calles enteras en protesta por los constantes apagones sin obtener atención efectiva, en ese contexto de abandono, retener al técnico que acude es visto como la única forma de ser escuchados.

Es un síntoma alarmante de desesperación ciudadana, ante la interrupción frecuente de un servicio básico agudizada por el calor sofocante de la región y los daños a aparatos eléctricos la paciencia comunitaria está al límite.

Un problema nacional: casos similares en México y la respuesta (o falta de) de la CFE

El caso de Dzemul tuvo, además, un matiz político que revela tensiones institucionales, según testigos, un funcionario municipal (el oficial mayor del ayuntamiento) incitó directamente a un grupo de unos 15 pobladores a someter al empleado cuando éste acudía a reparar el cableado, el funcionario llegó a afirmar que el ayuntamiento “estaba por encima de la policía estatal”, envalentonando a los vecinos para tomar justicia por mano propia.

Finalmente, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán intervinieron y liberaron al trabajador luego de aproximadamente una hora de estar atado, que un servidor público local aliente la violencia contra un empleado federal revela una grave ruptura institucional, ante el vacío de soluciones de la paraestatal, autoridades municipales y ciudadanos se sienten con derecho a actuar al margen de la ley, la guerra del apagón terminó enfrentando a gobierno local contra federal, con el trabajador de campo atrapado en medio.

La reacción de la CFE y del gobierno federal frente a estos hechos ha sido tardía y limitada, en Dzemul, la empresa anunció que procederá legalmente contra el funcionario municipal que incitó a la agresión, pero ese anuncio llegó después de que su propio empleado fuera humillado públicamente y expuesto al peligro, cabe preguntarse:

¿qué hace la CFE para proteger a sus trabajadores de estas situaciones?

                                                                                       Foto ilustrativa

Hasta ahora, poco o nada, no existen protocolos visibles de seguridad para el personal que acude a atender averías en zonas conflictivas, más allá de llamar a la policía cuando el problema ya estalló.

La “protección” brilla por su ausencia, así como también falta una respuesta proactiva a las causas del descontento, mientras los transformadores sobrecargados sigan fallando y las reparaciones se demoren, los técnicos de CFE seguirán siendo enviados prácticamente solos a apagar fuegos, tanto literal como metafóricamente, con el riesgo de quedar como chivos expiatorios de la ira popular.

Vale profundizar en por qué la gente termina responsabilizando al operario presente y no a los altos mandos de la CFE, en gran medida es porque es el rostro visible y cercano de la empresa.

Cuando una comunidad lleva horas o días sin luz, el único representante tangible de la CFE es el técnico que aparece a “resolver” muchas veces sin herramientas ni refacciones adecuadas, por lo que toda la frustración acumulada se proyecta sobre él, existe además la percepción (a veces alimentada por años de servicios deficientes) de que los trabajadores locales no hacen bien su trabajo o desestiman los reportes ciudadanos.

El caso de Valladolid desnudó una realidad distinta: el empleado reconoció abiertamente que la Comisión no les provee equipo ni materiales para atender las fallas.

Es decir, el personal de campo también es víctima de la mala gestión, no obstante, en el calor del apagón, para el usuario enfurecido es más fácil atar al poste al técnico que culpar a los altos directivos en oficinas lejanas. La CFE, por su parte, ha contribuido a esta narrativa equivocada al no defender públicamente a sus trabajadores incluso, como vimos, castigándolos en vez de admitir las carencias operativas que originan el problema.

Lo ocurrido en Yucatán no es único; de hecho, se ha replicado en otras regiones de México en los últimos años.

En Holbox, Quintana Roo también ha crecido el descontento por los apagones continuos y se han registrado episodios de confrontación con trabajadores de la CFE, lo más grave es que, pese a estar ubicada en territorio quintanarroense, la isla depende administrativamente de la delegación de Tizimín, Yucatán, la misma donde se han presentado casos similares en municipios como el propio Tizimín y El Cuyo, esta conexión evidencia que el problema no es aislado, sino parte de una red de deficiencias estructurales que se repiten en distintas comunidades bajo la misma zona de control de la CFE.

En 2023, residentes de Holbox presentaron una queja formal ante Profeco y recolectaron firmas contra la CFE, tras meses de interrupciones prolongadas que dañaron electrodomésticos y afectaron gravemente a los negocios locales, la situación, compartida con Tizimín, El Cuyo y otras localidades de Yucatán, refleja un patrón de hartazgo que trasciende límites estatales y que deja al descubierto cómo la falta de inversión y respuesta oportuna de la paraestatal golpea tanto a familias como al sector turístico que depende de un servicio confiable.

En Huejutla, Hidalgo, en 2023, vecinos de la Huasteca retuvieron a dos trabajadores de CFE por más de siete horas tras un apagón generalizado, negándose a liberarlos hasta restablecer la luz.

En la comunidad de San José Tenango, Oaxaca, en 2022, habitantes hartos de llevar casi dos días sin servicio eléctrico detuvieron a técnicos de la CFE para exigir la reparación definitiva del tendido, incluso años atrás, en 2019, pobladores tzotziles de una localidad de Chiapas hicieron lo mismo, retuvieron a empleados de la Comisión luego de apagones recurrentes y falta de mantenimiento en la red, más recientemente, en agosto de 2024, se reportó un caso en Nuevo Progreso, Veracruz, habitantes de esa zona rural, tras múltiples fallas no atendidas, amarraron a un poste a un trabajador y demandaron la presencia de personal de alto rango de CFE para que escucharan sus denuncias.

La escena se repite con diferentes acentos y geografías, pero con un factor común: comunidades cansadas de pagar por un servicio caro y deficiente, y de que sus quejas sean ignoradas.

Afortunadamente, no se ha registrado ninguna muerte en este tipo de actos; los trabajadores han sido liberados ilesos una vez que se atienden al menos provisionalmente las demandas, sin embargo, el riesgo de una tragedia está latente, en algunos casos, la tensión ha escalado al punto de casi volverse incontrolable.

Por ejemplo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a mediados de 2025, vecinos de la colonia Libertad literalmente “secuestraron” a dos empleados de CFE durante más de 12 horas al bloquear con sus vehículos una unidad de la Comisión en protesta por 15 noches seguidas sin luz, exigían no una reparación temporal, sino el cambio completo del transformador averiado.

La presión funcionó, tras horas de negociaciones, la CFE finalmente accedió a instalar un nuevo equipo y entonces los retenidos fueron liberados.

Este episodio como otros en Hidalgo, Veracruz o Yucatán o incluso Quintana Roo muestra lo delicado de la situación, la frontera entre una protesta pacífica y un acto violento de justicia por mano propia puede desvanecerse rápidamente cuando las instituciones no responden a necesidades básicas, un poco más de caos o un malentendido, y podríamos estar lamentando agresiones graves o algo peor en estas confrontaciones.

Estos casos reflejan una creciente inconformidad social frente a las fallas constantes en el suministro eléctrico, así como la percepción generalizada de que la CFE ofrece un servicio costoso y poco eficiente en muchas regiones del país.

No es casualidad que incluso sectores productivos alcen la voz, en la misma Valladolid, el Consejo Coordinador Empresarial envió una carta al director de, exigiendo freno a los apagones y una reducción de las tarifas eléctricas excesivas en Yucatán.

La situación ha pasado de ser un mero problema técnico a convertirse en un fenómeno político y social, cada transformador que explota o cada demora en reparar una línea deja a oscuras no solo a un pueblo, sino también la confianza de esa población en sus autoridades, mientras la Comisión Federal de Electricidad no atienda de raíz las deficiencias de infraestructura y mejore su atención al cliente, es probable que veamos repetirse escenas como la de Dzemul, y mientras eso ocurre, los primeros en la línea de fuego seguirán siendo sus trabajadores de campo, quienes irónicamente comparten con la comunidad el sentimiento de impotencia.

Resolver esta problemática requiere algo más que denuncias penales contra quienes protestan, demanda voluntad política, inversión en la red eléctrica y un compromiso real de las autoridades para garantizar un servicio digno, solo así podrá apagarse la mecha de enojo que hoy lleva a la gente a tomar medidas desesperadas, y se podrá proteger tanto a los usuarios como a los empleados que día a día salen a dar la cara por una empresa que, en muchos rincones de México, les está quedando a deber.

Estados donde la gente ha llegado al límite con la CFE

• Yucatán

  • Dzemul: trabajador amarrado a un poste tras 12 horas sin luz.

  • Valladolid: técnico retenido en 2023 durante tres días de apagón.

  • Motul, Tizimín y El Cuyo con protestas similares.

  • Península como epicentro del hartazgo.

• Quintana Roo (Holbox)

  • Aunque pertenece a Quintana Roo, depende de la delegación CFE de Tizimín.

  • 2023: queja formal ante Profeco y firmas contra la CFE.

  • Negocios y turismo gravemente afectados.

• Campeche

  • Escárcega, comunidad de Laguna Grande: vecinos retuvieron personal y camionetas de la CFE (agosto 2025).

• Hidalgo

  • Huasteca: retención de empleados por más de 7 horas en 2024 y 2025.

  • San Felipe Orizatlán y Atlapexco con protestas reiteradas.

• Veracruz

  • Jesús Carranza y Nuevo Progreso: trabajadores atados a postes en 2024.

  • Demandaron presencia de altos mandos.

• Tamaulipas

  • Ciudad Victoria, colonia Libertad: retención de empleados por más de 12 horas en mayo 2025.

  • La presión obligó a cambiar transformador.

• Guerrero

  • Acapulco tras huracán Otis: protestas y retención de personal por cobros excesivos y falta de restablecimiento.

• Chiapas

  • Comunidades tzotziles (2019 en adelante): empleados retenidos por apagones recurrentes.

• Oaxaca

  • San José Tenango (2022): técnicos detenidos por pobladores tras dos días sin servicio.

• Puebla

  • Huauchinango y Chichiquila: retenciones y bloqueos de vehículos de la CFE desde 2016.

• Sinaloa

  • Ahome: policías municipales retuvieron a trabajadores de la CFE en 2023 por apagón en instalaciones públicas.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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