mayo 19, 2024 19:54

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de diciembre.- La reforma constitucional en materia electoral que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no alcanzó las dos terceras partes de votos legislativos necesarios para ser aprobada, por lo que fue desechada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la noche del martes.

La iniciativa presidencial que esencialmente pretendía reducir el número de legisladores, desaparecer el financiamiento público a los partidos políticos y sustituir al INE con un nuevo órgano electoral, además de que se eligiera por voto popular a consejeros y magistrados electorales, fue desechada al obtener sólo 269 votos a favor de Morena, el PVEM y el PT, y tener 225 en contra del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano y la abstención de un morenista, cuando necesitaba el apoyo de 371 legisladores.

No obstante, inmediatamente el presidente presentó su llamado Plan B, consistente en una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que por ser legislación secundaria sólo necesitaba mayoría simple para ser aprobada.

Dicha reforma secundaria fue aprobada en la madrugada de este miércoles por la vía rápida, es decir, en la misma sesión de su entrada y sin análisis en comisiones, dispensando todos los trámites, con 267 votos a favor de Morena, el PVEM y el PT y 219 en contra del PAN, el PRI, el PRD y MC, para ser turnada de inmediato al Senado de la República para continuar su trámite de aprobación.

Lo que se reforma

La reforma secundaria electoral llamada Plan B del presidente López Obrador trastoca la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación (TEPJF) y los órganos electorales locales.

El plan B elimina los fondos y fideicomisos del INE,reestructura el Servicio Nacional Electoral y fija seis meses para compactar los salarios en el instituto, para que nadie gane más que el Presidente.

En el INE, a nivel central, se ordena la sustitución del actual secretario general y se reducen direcciones para compactar la estructura operativa; mientras que en las Juntas Locales se eliminan las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización; y a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario, y se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.

Además, se establece que sólo 260 de 300 distritos tengan oficinas permanentes del INE, mientras que 40 serán habilitadas sólo en proceso electoral, al establecer que en los casos que haya municipios con más de un distrito electoral, sus funciones fuera de proceso electoral se concentren en sólo una oficina de representación.

Lo anterior significaría que fuera de proceso electoral deberá cerrarse una de las oficinas distritales del INE que se encuentran en el municipio de Benito Juárez, donde se tienen dos distritos electorales, en el caso de Quintana Roo.

Además, se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo definitivo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real, hasta terminar a más tardar el viernes siguiente a la elección.

También se reducen los tiempos para realizar el reclutamiento y selección de ciudadanos funcionarios de casilla, de 54 a 26 días, eliminando las insaculaciones amplias, buscando sólo a los ciudadanos necesarios para las casillas a instalar.

Con ello dispone que el proceso electoral inicie en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección, en lugar de la primera semana de septiembre, lo cual acorta el proceso casi 3 meses, pero no se reducen tiempos de campaña.

En los órganos electorales locales también se tendrán que compactar las actuales direcciones que tienen en sólo dos áreas operativas, desapareciendo la Junta General, además que los consejos distritales o municipales que instalen en los procesos electorales contarán sólo con 3 consejeros electorales.

Las compactaciones y reducciones de estructuras operativas implicarán el recorte del personal electoral tanto a nivel federal como local, por lo que inclusive la reforma prevé el pago de indemnizaciones por despidos.

Para eso, se indica que para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos, y sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación.

En cuanto a atribuciones, le reduce al INE y al TEPJF las facultades para sancionar a funcionarios que hagan campaña anticipada, además de que ambas instituciones no podrán cancelar candidaturas por faltas graves.

Los consejeros sólo podrán emitir reglas y lineamientos en materia de resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos e impresión de documentos, por lo que ya no podrán emitir lineamientos o regulaciones en los casos que existan omisiones o lagunas en las leyes.

Y en el TEPJF desaparece la Sala Regional Especializada, que se convertirá en un área resolutoria dependiente de la Sala Superior.

En cuanto a los partidos políticos, la reforma establece la reducción del financiamiento público que reciben a nivel federal, al colocar en la fórmula de su cálculo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del Salario Mínimo Vigente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Lo anterior representa la reducción de la mitad del financiamiento a los partidos políticos nacionales, dado que el Salario Mínimo tiene un valor de prácticamente el doble de la UMA, por lo que al sustituirlo por ésta última como referencia, en lugar de más de 12 mil millones de pesos que se repartirían los partidos en 2023, recibirían 6 mil millones de pesos.

En otras medidas, los partidos políticos serán sancionados cuando en su propaganda política difundan expresiones que calumnien a personas, a otros partidos y a los gobiernos emanados de ellos, lo cual puede considerarse una restricción a la libertad de expresión en el caso de la censura para proteger a los gobiernos.

En otras disposiciones, se estable que el voto electrónico deberá entrar en vigor en 5 años a través de una estrategia que quedará en manos de una comisión de estudio del Congreso, con participación del INE y del Conacyt; y se dispone que las personas en prisión sin sentencia podrán votar y se garantizará que también lo hagan las personas con alguna discapacidad que no puedan acudir a las urnas.

Con los cambios propuestos, el presidente dice como justificación que se generará un ahorro de alrededor de 3 mil 605 millones de pesos, cantidad que equivale a poco más de 143 mil personas apoyadas anualmente por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o 52 mil jóvenes apoyados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En sus artículos transitorios, se indica que esta reforma no será aplicable a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila del 2023, ya iniciados.

Para el resto de las entidades federativas, establece que los Congresos de los Estados realizarán las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria conforme al presente decreto 90 días antes del inicio del proceso electoral de 2023-2024.

 

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