>Por excluirlos del presupuesto municipal para obras 

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 25 de abril.- Por la renuencia y la negativa que ha mostrado el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para llevar obra pública y dotar de servicios públicos a las comunidades que se encuentran en la zona limítrofe, los habitantes de dichas poblaciones han interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).

El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe Andrés Blanco Cruz, aseveró que se están vulnerando los derechos humanos de los que habitan en dicha zona, que además de que están siendo discriminados por el simple hecho de vivir en el área de conflicto con el estado de Campeche, por lo que han recurrido a esta estrategia jurídica a fin poder obtener una garantía de que las autoridades serán presionadas para poder mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Lo ideal era no llegar a estos extremos legales porque se supone que las autoridades municipales deben velar por satisfacer las necesidades de la población, pero no hay voluntad para de parte de la presidenta municipal para hacerlo y pues nos vemos orillados a entablar una lucha contra el Ayuntamiento porque está vulnerando los derechos humanos de los habitantes de 30 de las 33 comunidades asentadas en la frontera con Campeche, utilizando el litigio con aquella entidad para no realizar obras ni dotarlos de servicios públicos, esto es hasta discriminación de su parte.”

Aclaró que este recurso, es adicional a la solicitud de juicio político que solicitaron contra la alcaldesa ante el Congreso del Estado y que ya fue ratificada, por lo que ahora preparan lo que será un amparo colectivo en contra del Ayuntamiento capitalino por excluirlos del Programa de Inversión Anual 2022 (PIA) que cuenta con más de 210 millones de pesos para ejercer, confiando en que si no es la CDHEQROO sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que emita una medida cautelar para garantizar el goce de los derechos humanos y el acceso a mejores servicios públicos e infraestructura.

El abogado denunció que desde que ratificaron la solicitud de juicio político, los pobladores están recibiendo llamadas y mensajes intimidatorios de parte de servidores públicos de la comuna, por lo que también harán las denuncias correspondientes.

“Eso es otra cosa, porque además de que no les interesa atender a las comunidades, ahora tratan de intimidar y mandan mensajes amenazantes o les llaman a los pobladores y les dicen que mejor no se metan en problemas o que podrían perder los recursos que les son entregados para gastos o trámites administrativos que son como mil 200 pesos almes, entonces pues también haremos lo conducente porque son servidores públicos, pero la lucha no va a claudicar ni aún con este tipo de agresiones, es una lucha legítima de los habitantes de la zona rural que han sido hechos a un lado.”

Por último, dijo que aunque son 30 las poblaciones que han sido excluidas del PIA, serán 12 las autoridades de las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava, 16 de Septiembre, Pioneros del Río, Los Ángeles, 21 de Mayo, Nuevo Progreso, San Antonio Soda, Dos Lagunas, Dos Naciones, Blasillo y Nuevo Paraíso, las que firmarán en una primera etapa el amparo colectivo que se presentará ante las autoridades jurisdiccionales federales, ya que la irresponsabilidad de quien encabeza el gobierno municipal, está afectando a cerca de 13 mil habitantes.

 

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