Habitantes de Comunidades de la Zona Limítrofe de Quintana Roo, Esperan Reparación de sus Caminos

• Confianza de que sea una vez que haya pasado el proceso electoral en puerta

• Aunque el principal problema es que no hay recursos para invertir, ya que por el conflicto territorial no los consideran dentro del presupuesto

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de mayo.- Desde hace un mes la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) dio inicio con los trabajos de levantamiento y diagnóstico para conocer las condiciones en las que se encuentran los caminos y carreteras de acceso de la gran mayoría de comunidades de la zona limítrofe con el estado de Campeche.

Ha sido el asesor jurídico del Comité de Gestión Andrés Blanco Cruz, quien dio a conocer que el objetivo de este análisis que está llevando a cabo la dependencia estatal, es para poder hacer el cálculo de presupuesto que se necesitará para la rehabilitación de las vías, por lo que se espera que sea una vez que concluya el proceso electoral, cuando puedan comenzar con la reparación y no se tenga que recurrir nuevamente a mecanismos legales para obligar a la autoridad a atender sus solicitudes.

“Apenas están ellos en la etapa del levantamiento que iniciaron hace aproximadamente un mes, esto lo hace la secretaría de obras públicas para tener una idea de cuánto costaría la reparación de los caminos de acceso hacia las comunidades y esperamos que después del proceso electoral pudieran empezar y confiamos que así sea y no que sea necesario acudir nuevamente a los tribunales, porque además esto es parte de los acuerdos que se firmaron en la minuta de pasado mes de diciembre y creemos que vamos bien y que ahora si nos cumplirán.”

Explicó que en algunas localidades ya hay indicios de los primeros trabajos, aunque aclaró que son mínimos, ya que la secretaría de obras públicas nunca contempló un programa de desarrollo para esta zona y por lo mismo, no tiene el recurso disponible para atender con prontitud estas necesidades, ya que siempre han considerado que la franja de tierra que está en litigio, carece de certeza jurídica y por lo mismo, no pueden considerarla dentro de su presupuesto anual.

Detalló que son aproximadamente 4 mil 800 kilómetros y 30 poblaciones las que han permanecido en el abandono por el conflicto territorial, cuya resolución está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que mantiene el dictamen en reserva, por lo que consideró que el gobierno del estado debería intervenir para pedir que se defina la situación jurídica.

“Todas las carencias que enfrentamos quienes vivimos en las comunidades de la zona limítrofe, son porque los gobiernos se escudan en el conflicto territorial para no invertir y por eso precisamente pues no se nos considera dentro de los programas de inversión de obra pública, pero legalmente no hay impedimento para hacerlo, siguen esperando la resolución sobre el conflicto y aunque consideramos que podría hasta ser archivado el asunto, la autoridad debería pedir que se agilice para ya poder destinar recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes” finalizó.

lau.beytia@diariocambio22.mx 

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