Guaruras de la Marina para Quien los Necesita; O Para Quien los Negocia…

Redacción/ CAMBIO22

Mientras en Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo suplicaba en vida por protección federal frente a la creciente violencia del crimen organizado, en Cancún, Quintana Roo, Paloma Cuervo Ortega, hija del líder sindical Melitón “el señor de los tianguis”, circula con escolta permanente de la Secretaría de Marina. Cinco elementos la acompañan dentro de los tianguis; otros tres esperan en una camioneta oficial con matrícula 511463 en la entrada. Todo esto, sin que medie amenaza pública, sin que se declare estado de riesgo, y sin que se explique por qué una figura vinculada al comercio informal —no a la estrategia nacional de seguridad— merece un despliegue militar como si fuera pieza clave en la lucha contra la delincuencia.

La paradoja no puede ser más dolorosa ni más elocuente. Carlos Manzo, advertía con angustia: “No queremos ser un alcalde más asesinado”. Lo pidieron, lo documentaron, lo ignoraron. Hoy yace en la lista de los 104 alcaldes asesinados en la historia reciente de México. Paloma Ortega, en cambio, no solo camina con blindaje federal ya muchas semanas, sino que se perfila como figura política en ascenso: se le promete un puesto en el gobierno de Quintana Roo si Gino Segura llega al poder como Gobernador, o al menos una regiduría en el municipio de Benito Juárez. ¿Su mérito? Representar a los “tianguistas verdes”, un gremio que el Partido Verde Ecologista ha instrumentalizado con eficacia electoral, convirtiendo los puestos ambulantes en feudos de clientelismo disfrazado de ecología.

Pero detrás de este escenario hay preguntas que el Estado mexicano no puede seguir evadiendo. ¿Con qué fundamento jurídico y operativo se asigna protección de la Marina a una persona no catalogada como objetivo prioritario de seguridad nacional? ¿Forma parte este despliegue del presupuesto autorizado para la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿O responde a acuerdos políticos no declarados, mediados por la influencia de gremios informales y partidos en busca de estructuras de voto?

No se trata de cuestionar la legitimidad del trabajo de quienes venden en tianguis —muchos de ellos, como se reconoce, luchan honradamente por llevar el pan a sus casas. Pero sí se debe denunciar la cooptación de esos espacios por intereses partidistas, la promoción de prácticas ilegales —piratería, venta sin permisos, estafas con paquetes de “Mercado Libre” a ciegas— y, sobre todo, la asignación desproporcionada de recursos de seguridad a figuras que no enfrentan riesgos comprobados, mientras miles de servidores públicos en zonas de alta violencia mueren sin protección.

La Marina Armada de México no es una agencia privada de seguridad ni un recurso negociable en la contabilidad electoral. Si el Estado decide proteger a alguien, debe hacerlo con transparencia, con protocolos claros y con equidad. No con favores encubiertos que alimentan la percepción de que, en México, la vida de unos vale más que la de otros —según el padrino político que tengan.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de Mexico, tiene la responsabilidad de aclarar si conoce este despliegue en Cancún, y si forma parte de una política coherente de seguridad o de una red de concesiones opacas. Porque mientras el país sigue enterrando alcaldes como Carlos Manzo, y mientras líderes informales circulan con escoltas de Marina, la ciudadanía tiene derecho a saber: ¿quién decide quién merece vivir protegido… y quién merece morir olvidado?

Fuente Notimex

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