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• La falta de profesionalismo en agentes de inteligencia del gobierno federal, pone en riesgo la vida de una señora mayor de edad que padece una dolorosa enfermedad.

 

• Una familia inocente fue sometida a un operativo militar y federal basado en testimonios vagos, vigilancia mal interpretada y coincidencias superficiales como el color de una casa.

 

• La falta más grave no fue un error de ejecución táctica por parte de los agentes, sino una negligencia institucional profunda que inició en la fase de investigación

 

• La FGR construyó la solicitud de cateo con indicios débiles y subjetivos, basándose en “chismes vecinales”

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

Tizimín, Yucatán a 28 de Noviembre.- Lo que comenzó como una investigación federal contra un presunto operador criminal del CJNG terminó convertido en un cateo fallido que exhibió una serie de errores, omisiones y decisiones basadas en testimonios débiles y observaciones mal interpretadas.

El resultado, una familia inocente sometida a un operativo de alto impacto, ejecutado la madrugada del 25 de noviembre, sin que existiera un solo vínculo real con actividades delictivas.

Pero además de todo lo anterior pusieron en riesgo la vida de una señora viuda y mayor de edad con una complicada enfermedad que al momento de los hechos se encontraba únicamente acompañada de sus tres hijas universitarias.

La persona que por cuestiones de salvaguardar su integridad física únicamente publicaremos sus iniciales M.C.T.

#Yucatan | La falta de profesionalismo en agentes de inteligencia del gobierno federal, pone en riesgo la vida de una señora mayor de edad que padece una dolorosa enfermedad.
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— Diario CAMBIO 22 (@DiarioCAMBIO22) November 28, 2025

Un Correo Anónimo la Involucró con el líder narco “El Conejo” Alamilla

La investigación se originó por un correo electrónico anónimo que mencionaba al sujeto identificado como Efrén “El Conejo” Alamilla, como operador del CJNG en Tizimín y a partir de ello, la Fiscalía Federal asignó a un grupo de agentes que durante un mes entrevistaron vecinos y vigilaron varias calles cercanas a instalaciones de la CFE en Tizimín.

Los testimonios obtenidos, sin embargo, distaron de ser precisos, una mujer relató que su sobrino “tuvo problemas con el Conejo” y que había huido del estado por amenazas; según ella, el joven afirmaba que “por la CFE” había otro punto de venta de droga, esa información genérica, sin sustento y sin dirección exacta, fue considerada por los agentes como indicio suficiente para comenzar a vigilar el área.

Otro vecino, un hombre de aproximadamente 50 años, moreno y de 1.60 m de estatura, aseguró que “en la casa amarilla de dos pisos venden droga”, basándose únicamente en que “llegan jóvenes en motos y taxis”.

A partir de esa declaración, sin comprobación alguna, la autoridad comenzó a vigilar la vivienda equivocada implementando un punto de vigilancia desde el parque cercano ubicado a escasos 50 metros del lugar señalado.

Durante un mes observaron entradas y salidas de motos que pertenecían a universitarios amigos de las hijas de la propietaria y la llegada periódica de un taxi, cuyo chofer entregaba el dinero de la cuenta diaria porque la adulta mayor es socia del Sindicato de Taxistas Félix Rosado Iturralde y propietaria de un vehículo de alquiler.

La observación que terminó de cinchar la equivocación fue la visita de un hombre en bermudas que entregó una bolsa que resultó tener una revista religiosa en su interior, los agentes interpretaron esa interacción como posible intercambio de dinero por droga. Nadie verificó que era un misionero de la Capilla de Guadalupe que entrega publicaciones mensuales, como ha hecho por años.

Con estos elementos, la Fiscalía integró una solicitud de cateo que fue presentada al Juez de Control Héctor Roberto Capetillo Lizama, quien autorizó la intervención el mismo 25 de noviembre a las 15:48 horas, en el marco de la investigación FED/YUC/MER/00000629/2025, la orden debía ejecutarse en un plazo máximo de tres días.

Horas después, en plena madrugada, la casa equivocada fue tomada por un operativo compuesto por 22 elementos, dos camionetas del Ejército, tres vehículos de la Fiscalía y una unidad de la Guardia Nacional con binomio canino.

Eran las 3:00 de la mañana cuando los golpes en la puerta despertaron a la familia, dentro se encontraban la madre, sus dos hijas y dos amigas que se habían quedado a trabajar en tareas universitarias. La irrupción fue tan abrupta que la dueña creyó inicialmente que se trataba de un asalto o secuestro.

Durante más de cuatro horas revisaron la vivienda, desconectaron internet, retiraron celulares y recorrieron cada cuarto, no hubo agresiones, pero sí un despliegue desproporcionado para una casa donde solo había mujeres jóvenes, una madre de edad adulta con complicaciones en su salud y ningún indicio real de actividad ilícita. El binomio canino no detectó droga y los fiscales no encontraron evidencia que corroborara los informes iniciales.

La equivocación, reconocida de manera informal por la autoridad en ese momento, se originó en una cadena de deficiencias, testimonios imprecisos, vigilancia mal interpretada, coincidencias superficiales como el color amarillo de la casa, similar al del domicilio donde fue detenido el Conejo y una investigación que ignoró pasos elementales como la verificación del uso, dinámica familiar, propiedad del inmueble o antecedentes reales de quienes lo habitan.

Desde el punto de vista jurídico, el caso revela fallas graves, una orden de cateo solo puede ser emitida cuando se acreditan necesidad, probabilidad y especificidad.

Al presentar este informe plagado de errores al Juez de Control, se indujo al Poder Judicial a cometer un error de juicio, autorizando la irrupción en su domicilio a pesar de la falta de probabilidad razonable de encontrar el delito.

Por lo tanto, aunque la orden era legalmente válida, la ejecución fue injustificada y sin sustento juridico; la disculpa posterior de los agentes confirma que el sustento de la investigación sobre su casa era falso, configurando un abuso institucional donde el derecho fundamental de la familia fue vulnerado por la deficiente integración de la carpeta y la laxitud del control judicial.

La orden judicial sí incluía como “primer predio” la vivienda ubicada en la calle 38 por 59 y 61 de la colonia Santa Cruz, el domicilio de la familia afectada, la ejecución del cateo sigue siendo cuestionable porque la autorización se basó en indicios mal construidos, entrevistas imprecisas y suposiciones subjetivas que llevaron a vincular injustamente ese inmueble con un punto de venta de droga.

En otras palabras, la orden era legal, pero fue mal solicitada, debido a que la Fiscalía presentó al juez un informe plagado de errores, coincidencias superficiales (como el color de la casa) y observaciones mal interpretadas, lo que derivó en que un juez autorizara irrumpir en una propiedad donde jamás existieron elementos objetivos que acreditaran actividad delictiva.

El operativo exhibió también la ausencia de cuerpos especializados como la Policía Estatal de Investigación (PEI), que suele intervenir en diligencias de este tipo, así como la falta de un filtro profesional para validar información que provenía más de rumores locales que de una investigación robusta.

La familia afectada colaboró en todo momento y no se registraron incidentes violentos, sin embargo, la vulneración de la inviolabilidad del domicilio, el uso de fuerza institucional para ejecutar un cateo en una casa inocente y la falta de rigor en la integración de la orden constituyen actos que según especialistas consultados pueden configurarse como allanamiento de morada y abuso de autoridad.

El caso abre una discusión necesaria, la urgencia de profesionalizar los procesos de investigación en Yucatán y evitar que errores tan elementales originados en chismes, prejuicios o falta de verificación mínima terminen convirtiendo a familias inocentes en víctimas de operaciones policiacas.

La magnitud del operativo también respondió a que, de manera simultánea, fuerzas federales realizaban la detención de Efrén “El Conejo” Alamilla, presunto operador del CJNG en la zona oriente de Yucatán. Ese mismo día, la FGR le aseguró varios kilos de droga y ejecutó cateos en otras propiedades vinculadas a la estructura criminal, lo que explica el despliegue del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía en distintos puntos de Tizimín.

En medio de esa operación mayor, la vivienda de la familia afectada fue intervenida por error, arrastrada por una investigación construida sobre indicios equivocados.

El contexto de tensión en el municipio ya venía incrementándose, apenas dos días antes, Tizimín había reunido a autoridades de los tres niveles de gobierno en una Mesa de la Paz, donde se anunciaron nuevas acciones de seguridad, recorridos disuasivos y operativos conjuntos para reforzar la presencia institucional. Ese ambiente de presión, vigilancia reforzada y búsqueda de resultados inmediatos pudo influir en que la autoridad federal actuara con premura, sin el debido rigor en la verificación de información.

El cateo fallido, ocurrido en pleno despliegue contra una célula criminal, deja en evidencia que incluso en los operativos más grandes y delicados, un error pequeño una mala entrevista, una observación subjetiva o una interpretación incorrecta puede derivar en la vulneración de los derechos de una familia completamente ajena a los hechos, siendo esta una lección que obliga a revisar a fondo los protocolos de investigación y de ejecución operativa en Yucatán.

Aunque lamentable no es la primera ocasión que ocurren está clase de hechos con autoridades policiacas pues en el mes de febrero en la céntrica colonia Ocho Calles de esta ciudad de Reyes, un cateo a una familia provocó Graves daños a la Salud de la familia afectada y el robo de varios artículos de valor de su propiedad, el cateo de igual manera duró varias horas.

Después del incidente la familia abandonó su domicilio y se trasladó a otro lugar del País a radicar dadas las secuelas que les dejó pues a la dueña de la casa la trasladaron a la subdelegación de la FGR en la ciudad de Valladolid y tras mantenerla recluida la dejaron libre al no existir ningún delito que perseguir.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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