Golpe al AIFA

Hoy, México enfrenta un veto que pone en riesgo 70% del flujo turístico internacional con Estados Unidos, algo que debería llamar la atención de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

La Concanaco, que preside Octavio de la Torre, advierte pérdidas millonarias en turismo y negocios, y la Asociación Sindical Pilotos Aviadores de México, alerta sobre riesgos para
la competitividad.

El AIFA, que movió 6.3 millones de pasajeros en 2024, apenas 30% de su capacidad, queda reducido a vuelos domésticos, exhibiendo el fracaso de la narrativa oficial como “el aeropuerto del pueblo”.

La cancelación no es un castigo arbitrario: es la consecuencia de decisiones tomadas sin visión técnica ni respeto a compromisos internacionales.

Mientras Sheinbaum insiste en que “todo está bien” y busca reuniones diplomáticas, la realidad es que la soberbia política ha dejado a México sin conectividad estratégica en vísperas del Mundial y la temporada vacacional.

El AIFA, que dirige el general Isidoro Pastor, no fracasó por falta de inversión extranjera ni por conspiraciones externas: fue porque se construyó sobre la premisa de que la infraestructura se impone por decreto.

Hoy, esa necedad se traduce en menos rutas, menos turistas y más incertidumbre para un sector que debería ser motor de desarrollo.

TAL PARECE QUE el debido proceso y la violación a los derechos humanos no es algo que le preocupe al
magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup. Se lo comento, porque el pasado sábado, a las 4 de la madrugada, y sin notificación alguna y transgrediendo todos los protocolos, Arturo Emmanuel Gómez Lara fue trasladado de un penal en Torreón a otro en Piedras Negras, donde se encuentra incomunicado. Usted recordará este caso al que hemos dado seguimiento, que involucra a los empresarios Issa Tafich, una de las familias más influyentes en materia política y económica de Coahuila, particularmente de Torreón. Los hechos han dejado claro, al menos en este estado que gobierna Manolo Jiménez, el gatopardismo que significó la tan impulsada por el gobierno de la 4T, reforma al Poder Judicial. Mantener en prisión preventiva por dos años a una persona, no obstante que un tribunal federal determinó la NO vinculación a proceso, es una prueba inobjetable del tráfico de influencias que impera en el estado gobernado por Manolo Jiménez. El aparato de justicia se ha brincado todas las trancas legales para satisfacer los deseos de los promotores de la demanda contra Arturo Gómez. Asimismo, los tribunales federales no han logrado imponer su autoridad ante los compromisos e intereses del magistrado Mery Ayup. En este escenario, salta la duda si la influencia de estos empresarios llega hasta Palacio Nacional, donde desde hace meses tienen conocimiento del asunto.