Gobiernos Municipales de Quintana Roo Alejados de los Intereses y Derechos del Pueblo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Los gobiernos municipales son la instancia que se encuentra en comunicación directa con la sociedad, debido a su cercanía territorial, de allí que el ayuntamiento se haya considerado históricamente la célula política y de gobierno más importante en el país, sin embargo, al parecer en Quintana Roo, esta cercanía se distorsiona cada día más, porque las personas que están al frente de los ayuntamientos han privilegiado sus intereses políticos y económicos, olvidándose de los auténticos intereses y derechos de la ciudadanía.

Por ejemplo, en el municipio de José María Morelos, su presidente municipal, Erik Borges Yam, quiere hacerse famoso grabando videos en los que dice que baila y después paga publicidad para difundirlos en la red social Tik Tok, desde luego que esa estrategia de comunicación es carente de mensaje político o informativo para la sociedad de ese municipio, porque fue electo para solucionar los problemas del pueblo y no para usar los recursos públicos en busca de fama.

José María Morelos es un municipio con múltiples problemas sociales que no se resuelven con que su presidente municipal intente bailar y para colmo de males, reguetón, cuando estamos en una etapa en la que urge ofrecer información de calidad a las nuevas generaciones.

A este presidente municipal le hace falta asesoría y sentido común porque no puede pensar que hay un solo tipo de juventud, a la que solo se comunica por medio del reguetón y sonidos que aspiran a música, él representa a una institución, que como todas en este país tienen la obligación de respetar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país. La educación y la formación de las nuevas generaciones no solo es responsabilidad de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a nivel federal y de las instancias de los gobiernos estatales, sino también de los gobiernos municipales.

Pero al presidente municipal de José María Morelos lo que le interesa son votos cautivos para conservar la presidencia municipal bajo su mando, aunque sea otra la persona la que aparezca como primer concejal.

Erik Borges Yam baila de gusto porque el gobierno estatal pondrá en sus manos una plataforma más eficientes para la recaudación de impuestos, que como observa la ciudadanía, muchos de esas contribuciones que paga la ciudadanía como impuestos o derechos quedan en la tesorería donde la opacidad protege la corrupción.

Se trata de la Plataforma de Gestión Territorial del Gobierno del Estado para digitalizar todos los trámites catastrales que tiene el objetivo de “darle mayores facilidades a las y los habitantes de este municipio”.

En el municipio de Benito Juárez, durante la primera semana del mes de agosto, se difundió a través de redes sociales una publicación que involucra la imagen pública de la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta.

Se lee en dicha publicación los detalles de un caso de presunta explotación sexual en la Zona Hotelera de Cancún, luego de que María de los Ángeles Paredes Martín, ex trabajadora del hotel Temptation, denunció públicamente haber sido víctima de abusos sexuales, amenazas y represalias laborales por parte de la gerencia del complejo turístico, propiedad de Rodrigo de la Peña, empresario hotelero y tío de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta.

La mujer, de 40 años, trabajó durante seis años como empleada de planta en el área de Spa del hotel, ubicado en el kilómetro 4 de la Zona Hotelera. El pasado 1 de agosto, fue retirada de las instalaciones sin explicación alguna al comenzar su turno, en lo que considera un despido injustificado y represalia directa por las denuncias previas que hizo sobre abusos dentro del establecimiento.

Según su testimonio, dentro del spa se ofrecían servicios sexuales a huéspedes por hasta 10 mil 500 pesos por hora, y en su caso fue forzada —bajo amenaza y manipulación— a realizar actos como tocamientos y masturbaciones. Incluso declaró haber sido violada, sin que la administración del hotel tomara acciones más allá de minimizar lo ocurrido.

“Me vi forzada a acceder a estos servicios para no perder mi empleo. Desde julio de 2024 estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por el daño sufrido”, declaró Paredes.

Presentó correos y oficios internos dirigidos a la gerencia general denunciando los hechos, sin obtener respuestas formales. La única “medida” que se le otorgó fue el acceso a diez sesiones de terapia psicológica, mismas que concluyeron en abril de 2025.

Podrán señalar que cual es la relación de la presidenta municipal con este caso y la respuesta es muy sencilla, este solo es un caso de la explotación sexual que se da en la zona hotelera y los gobiernos municipales siempre lo han sabido y no hacen nada por evitarlo. Solo se sorprenden y anuncian con bombo y platillo cuando la policía “rescata” a las víctimas de trata por explotación sexual, pero los casos allí han estado en los diferentes destinos turísticos de la entidad.

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