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• Los casos de Rafael León Segovia en Veracruz y de Rodolfo Ruiz en Puebla, encienden las alertas por acciones que ponen en entredicho las libertades de expresión y prensa en México

 

• A Rafael León le imputaron terrorismo, delito que al final la Fiscalía de Veracruz no pudo sostener, pero lo mantienen bajo proceso acusado de halconeo y encubrimiento 

 

• A Rodolfo Ruiz la Fiscalía de Puebla el imputó lavado de dinero, tras publicar investigaciones sobre abusos de sus funcionarios

 

Redacción /CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de diciembre.- Cuando en 2018 el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder, sus miembros, principalmente el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguraron que con ellos cambiarían muchas cosas en las que los gobiernos anteriores habían fallado, incluyendo la libertad de expresión.

En noviembre de 2018, como presidente electo, AMLO afirmó que respetaría la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, pues, dijo, no aspiraba a convertirse en un dictador, aunque, aseguró, siempre haría uso de su derecho de réplica.

Más recientemente, el 13 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno de México no reprime, censura o limita la libertad de expresión, y al contrario, esta se defiende, ya que “sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia”.

Sin embargo, durante estos siete años, se han registrado diversos hechos que han puesto en duda estas declaraciones, y en la actualidad hay dos casos específicos que ponen en duda esta promesa de la 4T.

Estos casos ocurren en Veracruz y Puebla, estados gobernados por Rocío Nahle y Alejandro Armenta respectivamente, ambos pertenecientes a Morena.

Terrorismo y halconeo en el caso Rafael León

El jueves el periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y posteriormente, fue imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, este último conocido como halconeo.

Debido a que el terrorismo es un delito grave, desde esa fecha el periodista fue recluido en la cárcel bajo prisión preventiva oficiosa, pero en la audiencia de resolución de su situación jurídica el martes 30 de diciembre, la Fiscalía de Veracruz no pudo sostener ante el juez esa imputación y el cargo le fue retirado.

Sin embargo, el juez vinculó a proceso al reportero por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública o halconeo, aunque en este último caso no se precisó públicamente en cuál las nueve modalidades del delito establecidas en el Código Penal veracruzano se le imputó, tomando en cuenta que una décima modalidad, la que más se acerca a violar la libertad de prensa, fue invalidada en esa norma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El periodista ya no está en prisión preventiva oficiosa al retirársele el cargo de terrorismo, pero fue obligado a quedar en arresto domiciliario mientras se le sigue el proceso penal, por lo que queda impedido para ejercer su labor noticiosa en coberturas de calle, lo cual representa el bloqueo de trabajo esencial, puesto que Rafael León es reconocido por cubrir hechos policiacos y documentar escenas de violencia con entrevistas en el lugar de los hechos.

Cabe destacar que el delito de Terrorismo, por el que se le acusa a León Segovia, para ser tipificado de esa manera, tiene que estar relacionado con temas de ideología o cuestiones religiosas, de acuerdo con una explicación realizada por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch.

Fue el pasado mes de octubre cuando Harfuch hizo esta declaración, luego de que explotaran dos autos bomba en Acámbaro y Jerécuaro, en Guanajuato, lo que se tomó como un acto terrorista por varios sectores de la sociedad, pero el gobierno federal no lo quiso tipificar como tal con el argumento de que se trata de una disputa de dos grupos delincuenciales.

Algo similar ocurrió en el caso del coche bomba que explotó frente a instalaciones policiales en Michoacán, que dejó tres muertos y siete heridos como consecuencia, que la Fiscalía General de la República (FGR) la tipificó en un principio como terrorismo, para luego recular por un llamado de atención del gobierno federal y reclasificarlo como delincuencia organizada.

Rodolfo Ruiz, acusado por la Fiscalía a la que investigó sus irregularidades

Otro caso similar ocurrió en el estado de Puebla, luego de que Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta, fuera acusado por la Fiscalía de ese estado de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, siendo vinculado a proceso por un juez de control.

Con esta determinación judicial, el proceso penal en contra del periodista se mantiene abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria de 45 días, además de que se le impusieron medidas cautelares que limitan su movilidad y lo obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad.

La Fiscalía poblana lo acusó de lavado dinero alegando la sospecha de que pagó en efectivo a un abogado que lo defendió de una acusación anterior y que el dinero tiene procedencia ilícita, por lo que pidió al juez autorización para investigar las cuentas e ingresos del periodista.

La vinculación a proceso fue otorgada pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas, obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que compromete el derecho a una defensa adecuada.

La organización defensora de los derechos de los periodistas Artículo 19 señaló que el origen del proceso contra Rodolfo Ruiz se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla, incluidas las de procuración de justicia, pues acaba de publicar investigaciones sobre abusos de funcionarios de la Fiscalía.

“La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder”, manifestó.

Artículo 19 aseguró que “el uso de figuras penales complejas, como los delitos financieros contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, en tanto busca desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa mediante procesos largos, costosos y estigmatizantes, aun cuando no exista una sentencia condenatoria”.

La vinculación a proceso en contra de Ruiz por hechos relacionados con su actividad periodística, tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada, aseguró la organización, y dijo que este tipo de acciones envían un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder.

La oficina de Artículo 19 México y Centroamérica también reclamo la detención de Rafael León Segovia en Veracruz, en al tiempo que condenó enérgicamente la “criminalización que enfrenta por su labor como periodista”.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, apuntó Artículo 19.

 

 

 

(Con información de Infobae)

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