Gobierno Federal Se Prepara para Tomar el Control de Calica, Tras Nulo Arreglo en las Negociaciones

• Gobierno Mexicano Interviene en Propiedad de Vulcan Materials en la Riviera Maya

• Litigio entre Vulcan Materials y el Gobierno Mexicano en Fase Crítica

Redacción/CAMBIO 22 

PLAYA DEL CARMEN, QRoo.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara para tomar el control de la mina y el puerto de Punta Venado propiedad de Vulcan Materials en la costa en la Riviera Maya, ya que después de años de negociaciones no lograron llegar a un acuerdo para comprar la propiedad, según difundió este día el portal de Bloomberg.

En la entrega se afirma que “el Gobierno federal planea declarar el terreno al sur de la ciudad turística de Playa del Carmen como Área Natural Protegida, según las personas quienes solicitaron el anonimato porque no se les permite hablar públicamente sobre el tema. Esto impediría que la empresa constructora estadounidense extraiga piedra caliza en el sitio que posee desde hace décadas”, signó el reportero Eric Martin.

En el cable noticioso menciona que no hay claridad sobre cuándo el Gobierno de México realizará el anuncio, pero planea seguir adelante a menos que se produzca un avance inesperado o una concesión por parte de la compañía, con sede en Alabama, durante las estancadas negociaciones en las que las dos partes han permanecido alejadas, agregó una de las fuentes consultadas por el reportero Amy Stillman quien junto con Michael O’Boyle, llevan seguimiento del caso que ha llegó a los tribunales internacionales y no se ha logrado una conciliación que satisfaga a las partes involucradas.

Bloomberg subraya que la oficina de López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron preguntas sobre esta historia. Vulcan declinó hacer comentarios, pero en su conferencia de prensa matutina del miércoles 13 de marzo, el presidente López Obrador aseguró que esperaba que el caso de Vulcan se resolviera en los próximos días:

“El asunto de Vulcan ya está por resolverse, estamos esperando, en unos días más. Porque siempre buscamos la negociación, el diálogo, el acuerdo, siempre. Eso es lo que se está haciendo en este caso”, declaró en la ‘mañanera’ de ese día.

La semana pasada, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventila el litigio entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano, admitió considerar válido dentro del juicio el testimonio de Quetzal Tzab, representante de familias indígenas que acusan a la empresa estadounidense de contaminar el agua y el aire en Playa del Carmen.

La aceptación es en base a la extracción de más de dos décadas de operación de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica), propiedad de Vulcan Materials; Quetzal Tzab, representa más de 2,500 familias de Playa del Carmen y han interpuesto diversas denuncias en México contra Calica por daños a la salud de niños, así como deterioro ambiental y contaminación del acuífero subterráneo que yace debajo de las 2,400 hectáreas que posee esta mina para extracción de roca caliza.

Este testimonio ahora formará parte de las deliberaciones del CIADI en el litigio internacional por 1,900 millones de dólares que desde 2018 inició Vulcan Materiales en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra al menos tres actos de distintos órdenes del gobierno mexicano que impiden a la empresa seguir extrayendo material pétreo desde Playa del Carmen.

El primero de estos actos inicia en 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.

El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcan y movilizan la piedra triturada que exportan a Estados Unidos. Por último, Vulcan reclama como tercer agravio la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017.

La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó como nuevo componente al litigio. Aunque el presidente López Obrador pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, relacionada con la clausura al muelle de Punta Venado y la clausura del predio La Rosita.

Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una audiencia en la que se autorizó a la empresa ampliar el monto actualizado de compensación exigido a México de 1,500 a 1,900 millones de dólares.

En 2023, Vulcan pidió protección a la administración de Joe Biden por lo que consideró como la amenaza de una toma de control del Gobierno de la propiedad en la Riviera Maya, y acusó que la oferta de compra del Gobierno de México infravaloraba profundamente los activos.

López Obrador había argumentado previamente la existencia de daños ambientales y envió a la Marina a ocupar el territorio. El director ejecutivo de Vulcan ha defendido su historial ambiental y citó premios internacionales y sus esfuerzos de reforestación.

Una toma de posesión de la propiedad sería la medida más reciente de López Obrador contra el sector empresarial, esto mientras el mandatario busca asegurar el poder del Estado antes de que termine su mandato en octubre.

La compañía ha dicho anteriormente que las acciones del Gobierno son ilegales y que agregaría las medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso contra México; Vulcan señaló en octubre pasado que se enteró a través de la prensa que López Obrador tenía la intención de adquirir sus 2 mi 400 hectáreas de terreno por 360 millones de dólares, pero la empresa dijo que solo había recibido una tasación inadecuada de la propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera Sac Tun.

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