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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas en el sector salud. Aunque el gobierno federal asegura que no hay recortes reales y que las modificaciones buscan una mayor eficiencia, legisladores de la oposición y especialistas advierten que la reestructuración de programas podría traducirse en una reducción de servicios esenciales para millones de mexicanos.

Los sectores de la población mexicana, los que se encuentran en condiciones de pobreza extrema como son los mayas de Quintana Roo, así como los miles de trabajadores formales y no formales que participan en la actividad turística de la entidad, son, entre otros, los que sufrirán en carne propia y en la salud de sus familias, los recortes al presupuesto para el sector salud, porque el gobierno federal morenista sigue sigue empeñado en seguir invirtiendo dinero público a barriles sin fondo como son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y otras obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyos resultados, solo se reflejan en la deuda externa que tenemos que pagar todos los mexicanos, aunque las ganancias de este negocio de la política solo se lo están llevando la nueva clase gobernante del país.

Hace casi tres años, el 22 de diciembre de 2022, en Chetumal, asistí a una de las conferencias de prensa del entonces presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien cómo si tuviera una varita mágica, a una pregunta de quien esto escribe dijo que para el siguiente año, el sistema de salud tendría grandes avances.

Desde la zona maya de Quintana Roo, dijo una vez más, que a mediados del 2023 México tendría uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.

Ante mi cuestionamiento sobre la situación de salud en la zona maya de esta entidad, respondió:

“Ya estamos levantando todo el sistema de salud pública. Tengo el compromiso de que para 2023, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos. (…) Vamos a resolver el problema de salud en los 11 municipios”, anunció.

Aprovechó mis preguntas para repetir que el plan para mejorar el sistema de salud inició en Nayarit y ha seguió en otros estados como Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche.

Detalló que su objetivo era “…arreglar los centros de salud, las unidades médicas y los hospitales”.

“A mediados del año próximo vamos a tener en todos los hospitales los médicos, los especialistas y los medicamentos de manera gratuita porque la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud”.

Meses después, autoridades federales y estatales anunciaron la construcción de dos hospitales en Quintana Roo, uno den Felipe Carrillo Puerto y el otro en Chetumal, pasaron meses más para que iniciaran las obras, las cuales hasta el momento no se han concluido, lo que demuestra que al gobierno federal no le interesa la salud de la población quintanarroense, pero si seguir invirtiendo un presupuesto desproporcionado e insultante a la dignidad del pueblo de Quintana Roo al Tren Maya.

Mientras estos dos hospitales no estén terminados, equipados y con personal suficiente y sigan las carencias en el resto de los centros de atención médica de la entidad, ese reiterado derecho constitucional a la salud, solo será un bonito concepto para los discursos de los que tuvieron las oportunidad de cumplir sus promesas con el pueblo y los que la tienen ahora.

Un reflejo del deficiente y tambaleante sistema de salud pública en Quintana Roo son los recientes brotes epidémicos en un jardín de niños, en un reclusorio y las cifras institucionales alarmantes de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, lo que demuestra que los programas de vacunación, no solo en Quintana Roo sino en todo el país han colapsado.

En contraste, Cancún se vende a nivel nacional e internacional como un destino de primer mundo para el turismo médico, porque mientras el sistema de saluda publica está en la miseria total, Quintana Roo cuenta con infraestructura física y tecnología de punta para ofrecer servicios médicos a quienes puedan pagarlos, en dólares.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, ha sufrido muchos saqueos presupuestales, antes, durante y después de la pandemia de COVID 19, sin embargo, los órganos encargados de vigilar los gastos presupuestales de esa dependencia, a pesar de tener evidencias de las irregularidad, simplemente han guardado silenció, que con el paso de los años se ha convertido en complicidad, porque al disminuir los recursos para medicamentos y destinarlos a otros rubros superfluos se afecta de manera irreversible la salud del pueblo de Quintana Roo.

Por ello es de gran importancia para las audiencias hacer un este análisis de las consecuencias que los legisladores federales de la 4T solo levanten el dedo aprobando el presupuesto de salud enviado a la Cámara de Diputados por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

El debate generado por la oposición partidista, pero principalmente por la sociedad civil organizada y especialistas en salud pública, gira en torno a la propuesta de “fusionar” 11 programas sanitarios clave, entre ellos los destinados a la prevención de la obesidad, el control del VIH, la vigilancia epidemiológica y las enfermedades crónicas.

Por ejemplo, la diputada Verónica Pérez del PAN, califica esta medida como un “recorte encubierto” que pone en riesgo la atención a enfermedades prioritarias. “No se trata de eficiencia, sino de abandono. Están eliminando programas bajo el eufemismo de fusión”, afirmó la legisladora durante una intervención en la Comisión de Salud de la Cámara Federal de Diputados.

La Secretaría de Salud, por su parte, defiende la propuesta argumentando que la consolidación de programas —como la integración del VIH, la diabetes y la obesidad en una única política de prevención de enfermedades— permitirá una gestión más coordinada y evitará duplicidades. Sin embargo, expertos en salud pública argumentan que la desaparición de rubros específicos dificultará la transparencia en el gasto y debilitará la capacidad de respuesta frente a epidemias y condiciones crónicas.

Recortes reales en servicios clave

Más allá de la polémica sobre las fusiones, el análisis del presupuesto revela reducciones concretas en instituciones estratégicas. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), encargada de resolver conflictos entre pacientes y médicos, enfrentará una disminución real del 13.6% en su financiamiento. Esto podría retrasar la resolución de casos y limitar el acceso a justicia en temas de negligencia médica.

Además, el Instituto Nacional de Psiquiatría y los Centros de Integración Juvenil —pilares en la atención a la salud mental y las adicciones— verán sus recursos reducidos en 1.2%, mientras que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva sufrirá una baja del 1.6% en términos reales, tras considerar la inflación.

Aunque el gasto total en salud aumentaría un 5.9% en términos reales en 2026, según estimaciones oficiales, este crecimiento apenas eleva el porcentaje del PIB destinado a salud del 2.5% al 2.6%, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“México sigue subfinanciando su sistema de salud. Este presupuesto no cierra la brecha histórica”, señala un analisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

Nuevos programas, viejas preocupaciones

El proyecto incluye la creación del “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”, con una asignación de 856.8 millones de pesos. Este programa absorberá funciones previamente asignadas al rubro de refugios para mujeres, lo que ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos. “Hay riesgo de que los refugios pierdan prioridad si se diluyen en un programa más amplio”, advirtió el colectivo GIRE.

Otro punto de crítica es la asignación de recursos a grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y Pemex, mientras se ajustan los gastos en salud y educación. Legisladoras de la oposición han denunciado que esta priorización refleja una “hipoteca del futuro”, con más deuda y menos inversión social.

El camino hacia la aprobación

Con el debate en pleno curso, el presupuesto de salud 2026 entrará ahora en un proceso de discusión y modificación en comisiones del Congreso, donde partidos de oposición buscarán revertir o ajustar las decisiones del Ejecutivo. El calendario legislativo prevé que el dictamen final del PEF 2026 sea aprobado antes del 15 de noviembre, lo que deja poco margen para negociaciones profundas.

 

 

 

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