abril 15, 2024 23:33

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Renán Castro Madera, Director General

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► Continúan con la estrategia legal para cancelar la prórroga de la concesión de la cuestionada empresa

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 24 de enero.- El gobierno del estado de Quintana Roo promovió ante los juzgados un recurso de queja en contra de la suspensión definitiva de amparo otorgada a la empresa Aguakan, como parte de las estrategias legales que sigue para cancelar la prórroga de la concesión para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado a la cuestionada compañía.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aseguró que existen los elementos suficientes para ganar de fondo del juicio de amparo interpuesto por Aguakan, el cual se mantiene vigente y con una suspensión a favor de la empresa, solo por el criterio del juez encargado respecto a no afectar el servicio de agua para la población.

La funcionaria afirmó que el gobierno del estado mantiene su intención de retirar la concesión ante la serie de irregularidades detectadas dentro del decreto emitido en 2014 para ampliarla hasta 2053.

Expuso que entre estas irregularidades se encuentran posibles actos de corrupción, como la desaparición de mil millones de pesos de una supuesta contraprestación entregada al gobierno en turno, y desaparecida tan solo horas después.

También existe una grave opacidad en los reportes de presuntas inversiones millonarias de parte de la empresa, las cuales no son comprobables, así como la extensión del contrato hacia otros municipios, entre ellos Solidaridad, con el argumento de requerirse mayor rentabilidad para el concesionario que justifique sus opacas inversiones.

Denunció la intención de los representantes de Aguakan para generar confusión al señalar una obligación de tener que pagarle penalizaciones de hasta 4 mil millones de pesos, y rechazó esa posibilidad al explicar que la actual legislatura no le retiró ninguna concesión, pues la que operaba feneció el 31 de diciembre de 2023, mientras que la ampliación nunca entró en vigor legalmente, contrario a lo que sostiene la empresa, que dice que para ellos la prórroga entró en vigor a partir de 2024, cuando se firmó.

 

 

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