► La sanción quedará establecida en las reformas del Paquete Fiscal para el 2024 que comenzará a aplicarse en enero ► También multarán a las plataformas digitales que no proporciones su padrón de anfitriones al fisco estatal ► Aumentarán las tarifas por evaluación y resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental y la Policía Estatal podrá bridar servicios de custodia con canes

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 11 de diciembre.- El gobierno del estado de Quintana Roo clausurará los inmuebles que presten servicio de hospedaje a través de plataformas digitales sin estar inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes y no contar con la Licencia de Funcionamiento correspondiente.

La sanción quedará establecida en el Código Fiscal del Estado y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y la aplicará cuando detecte los casos al cotejar los anuncios de las plataformas digitales con la base de datos del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).

Al mismo tiempo, se establece una sanción a las plataformas digitales que no cumplan con su obligación de proporcionar su padrón de anfitriones a la autoridad fiscal, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, que será una multa de entre 31 mil a 62 mil pesos.

La iniciativa de la gobernadora Mara Lezama indica que con esto se busca disminuir la evasión fiscal de los inmuebles ofertados por plataformas digitales de hospedaje, como Airbnb, debido que muchos causan Impuesto al Hospedaje directo o por plataformas que no les retienen.

Esta es una de las principales medidas recaudatorias que introducirá el Paquete Fiscal para el 2024 a partir de enero, donde también destaca que el estado establecerá 6 nuevas tarifas por la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para las extensiones de terreno mayores a 5 hectáreas.

Lo anterior, porque actualmente sólo se tienen 3 tarifas, de las cuales la primera se aplica a terrenos de 3 hectáreas o menos, y la segunda, a los de 3 a 5 hectáreas, y la tercera, a los de 51.1 hectáreas en adelante.

Con la reforma, se distinguirán tarifas por obras en terrenos de 5 a 10 hectáreas, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y mayores de 50 hectáreas, por los que las tarifas establecidas serán de un rango de 350 a 1100 UMA, es decir, de 36 mil a 114 mil pesos, dependiendo de la modalidad de la MIA a evaluar y resolver.

La justificación de estas nuevas tarifas es que se han observado una gran cantidad de proyectos con superficies superiores a las 5 hectáreas, por lo que de mantener las tarifas actuales resultaría en que proyectos de dimensiones muy diferentes paguen lo mismo.

Destaca también que, en lo referente a los derechos que se causan por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se adiciona el derecho por custodia con canes con una tarifa de 209.5 UMA, es decir, de alrededor de 22 mil pesos.

También se crea el cobro de un derecho por el análisis y calificación de documentos para la inscripción en el Registro de Clubes o Asociaciones de Deportistas o Similares de Tiro y Cacería, con una tarifa de 199.6 UMA., es decir, de alrededor de 21 mil pesos, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo.

Otra disposición nueva será que, en materia del Impuesto Cedular por la Enajenación de Bienes Inmuebles, para el cálculo y la retención del impuesto, previamente los notarios deberán presentar el avalúo base de su operación ante la autoridad fiscal competente para su validación, y por su parte, las autoridades registrales estarán obligadas a verificar que el avalúo validado se adjunte como requisito para su inscripción, como medida para incrementar la recaudación de esta contribución.

Asimismo, se establece el cobro de un derecho por la expedición de la constancia para validar el avalúo pericial, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los párrafos segundo y tercero que se adicionan al artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Otros cobros nuevos serán en materia de prevención y control de la contaminación, en el que se establecen derechos por los servicios que presta la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para acreditar los permisos a vehículos automotores utilizados para el transporte de aguas residuales y aguas residuales tratadas, así como sus respectivos refrendos.

Mientras, respecto a las auditorías ambientales practicadas por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, se reduce la tarifa, en virtud de que anualmente se les otorga un estímulo fiscal del 90 %, quedando una tarifa de 20.00 UMA, equivalente al 10 % que pagan actualmente los contribuyentes.

Estos cobros y medidas fiscales entrarán en vigor a partir de enero de 2024, luego de que los apruebe la XVI Legislatura a más tardar el viernes 15 de diciembre, y son adicionales al derecho a cruceristas que lleguen al estado, que se propone crear en este paquete fiscal, pero que se aplicará hasta el 2025.

 

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