Gobierno de México Usó un Amparo Otorgado a Roberto Borge Como Ejemplo de Excesos de Jueces del Poder Judicial de la Federación

► En la conferencia mañanera de la presidenta de México el lunes, se enlistó este caso entre otros amparos y resoluciones que son muestras de “Jueces que beneficiaron delincuentes”

► Horas después, en la capital de Quintana Roo la contralora del estado declaró que exfuncionarios del gobierno de Carlos Joaquín dejaron prescribir expedientes sobre daños al erario por 7 mil millones de pesos, permitiendo la impunidad de funcionarios del gobierno de Roberto Borge

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de octubre.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, incluyó un amparo otorgado a favor del exgobernador Roberto Borge Angulo entre los excesos y abusos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, a los que ahora se les “dará salida” con la reforma que obliga a poner en elección sus plazas laborales.

Durante la mañanera del lunes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se encargó de realizar la enumeración de los llamados excesos, en los que cuestionó principales los amparos contra políticas, programas, obras y decisiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los casos clasificados como “Jueces que beneficiaron delincuentes”.

En estos últimos casos se mencionó el amparo a favor de Roberto Borge Angulo, medida que dictó el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, el 29 de septiembre de 2023, y que modificó la prisión preventiva justificada del exgobernador de Quintana Roo en su juicio por lavado de dinero por prisión domiciliaria con colocación de brazalete electrónico y pago de garantía de 10 millones de pesos, es decir, que pudiera seguir su juicio en detenido en su casa y no en la cárcel.

Sin embargo, se agrega que Borge Angulo permanece recluido en un penal gracias a que otro juez le confirmó nuevamente la prisión preventiva en otro juicio, este por el delito de delincuencia organizada.

No es la primera ocasión que el caso de Borge se ventila en la mañana presidencial, pues durante el gobierno pasado, en mayo del 2024 el subsecretario de Seguridad del Gobierno de México, Luis Rodríguez Bucio, mencionó este amparo como ejemplo de mala actuación de los jueces, y para exhibir al juez porque había emitido un video para solicitar la intervención de los Estados Unidos y Naciones Unidas “para el efecto de que envíen un mensaje de apoyo, ánimo y solidaridad para empoderar la independencia judicial tras manifestar que la democracia en México y la paz en América estaban en peligro”.

Coincidentemente con esta mención al caso de Borge, horas después en la sede de la Fiscalía General del Estado en Chetumal, la contralora del estado, Reyna Arceo Rosado, acompañada del fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, y el Consejero Jurídico de la Gobernadora, Carlos Felipe Fuentes del Río, dieron una conferencia de prensa para confirmar la existencia de denuncias penales contra exfuncionarios de alto y mediano nivel de la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Carlos Joaquín por haber cometido omisiones que permitieron la prescripción de expedientes de sanción administrativa por daños al erario que alcanzan los 7 mil millones de pesos cometidos en el sexenio de Roberto Borge.

De esta forma, la exposición de 16 expedientes de dinero desviado o mal manejado en diversas secretarias del gobierno del estado entre 2011 y 2016, quedó como una deslinde de responsabilidades de la actual administración sobre la impunidad en que quedó el ese desfalco millonario de recursos públicos, señalando como responsables de esa falta de castigo y de recuperación del dinero los funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín encabezados por el entonces contralor Rafael del Pozo Dergal.

Las denuncias no son de ayer, puesto que la propia contralora Reyna Arceo indicó que se comenzaron a presentar en noviembre del 2023, y a finales de enero del 2024, la anterior fiscal Anticorrupción, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, dio a conocer que entonces ya existían 14 carpetas de investigación abiertas en contra de Rafael del Pozo Dergal y otros colaboradores, por presunta negligencia y otras irregularidades, interpuestas por la actual contralora.

Inclusive, desde entonces Rafael del Pozo había iniciado la estrategia de promover amparos contra alguna posible orden de aprehensión.

Por lo pronto, mientras las investigaciones sobre los funcionarios joaquinistas que dejaron impunes los desfalcos borgistas quedan en manos de la nueva Fiscalía Anticorrupción autónoma, el caso del exgobernador sigue pendiente de resolución en los dos juicios federales que se le siguen, uno por lavado de dinero y otro por delincuencia organizada, pero ambos relacionados con operaciones para obtener la irregularmente la propiedad de bienes inmuebles que eran patrimonio del Gobierno del Estado.

Asimismo, enfrenta en el fuero común dos juicios, uno por el mismo caso de las propiedades que le adjudicó el desaparecido IPAE, y otro por las presuntos desfalcos a través de la paraestatal de aviación Vip Saesa.

En tanto, un tercer juicio del fueron estatal, en el que el exgobernador fue acusado de desempeño irregular de la función pública, por haber otorgado concesiones para carritos de golf en Isla Mujeres y Othón P. Blanco, sin debido proceso y sin publicar las patentes en el Periódico Oficial del Estado, ya quedó concluido por sobreseimiento, luego de que Borge Angulo pagó la suma de 255 mil pesos como reparación del daño, septiembre del año pasado.

Además, el exgobernador de Quintana Roo ha emprendido un nuevo intento de obtener un amparo que modifique su reclusión en el penal federal del estado de Morelos por la medida de prisión domiciliaria, con un expediente que inició ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, pero que a inicios de este mes de octubre pasó a manos del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo, con residencia en Toluca, luego de dos negativas previas y una apelación no concedida por un tribunal colegiado.

franciscohcambio22@gmail.com

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