marzo 2, 2024 07:52

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Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de agosto- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador emitió los decretos para formalizar la expropiación de más de 150 hectáreas en dos ejidos de Quintana Roo y dos de Campeche, con los cuales se había negociado la desincorporación de los terrenos para destinarlos a la construcción de infraestructura ferroviaria y la operación de los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

En la edición reciente del Diario Oficial de la Federación (DOF), se han publicado cuatro decretos que detallan cada expropiación en particular, junto con los montos de indemnización correspondientes, sumando en total 90 millones de pesos.

Los primeros dos decretos están asociados al estado de Quintana Roo, mientras que los restantes se refieren a terrenos en Campeche, siendo las del primer estado los que mayores avalúos tienen.

El primer decreto especifica la expropiación de 129.15 hectáreas de tierras de uso común del ejido X-Hazil y Anexos, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Estas tierras se destinan a la construcción de infraestructura ferroviaria y operación del Tren Maya, y según el Instituto Nacional de Administración de Bienes Inmuebles (Indaabin), el monto de indemnización basado en el valor comercial de las tierras expropiadas es de 85 millones 953 mil 485 pesos.

El segundo decreto se refiere a dos polígonos con un total de 6.93 hectáreas de tierras de uso común del ejido Reforma Agraria, municipio de Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo.

El valor comercial de estas tierras expropiadas se estimó en 2 millones 914 mil 464 pesos para indemnización.

En el tercer decreto, se expropian 9.19 hectáreas de tierras de uso común del ejido N.C.P.E. Valentín Gómez Farías, en el municipio de Calakmul, Campeche, terrenos por los que se pagará una indemnización de 769 mil 444 pesos.

Finalmente, el último decreto abarca 3.81 hectáreas de tierras de agostadero de uso común del ejido Matamoros, en el municipio de Escárcega, Campeche, por las cuales se pagarán un monto de indemnización establecido en 620 mil 275 pesos.

Con estos decretos, el gobierno mexicano busca garantizar la adquisición legal de los terrenos necesarios para llevar a cabo el Tren Maya, una ambiciosa obra de infraestructura ferroviaria que tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y turístico en la región, pero que también ha sido centro de polémicas y críticas de parte de grupos de ambientalistas por su falta de planeación y la falta de estudios ambientales y la alta deforestación.

 

 

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