Gobierno de Carlos Joaquín se Niega a Reparar Daño a Víctimas del 9N de Cancún

CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio.- La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) México y víctimas de represión policial durante una protesta en contra de la violencia de género ante el palacio municipal de Cancún, el 9 de noviembre de 2020, denunciaron que el gobierno del estado de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, se niega a firmar un acuerdo de reparación integral del daño.

Lo anterior, a pesar de que en abril pasado el secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo, se comprometió a así hacerlo, a fin de garantizar que la puesta en práctica del acuerdo no se vea interrumpida con el cambio de administración, ante la llegada de la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa.

Recordaron que en la manifestación del 9 de noviembre de ese año, hubo uso de armas de fuego y golpes desproporcionados contra las manifestantes, y una de ellas, Wendy Galarza, recibió dos impactos de bala y al menos dos personas fueron torturadas sexualmente.

En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, refirió que las víctimas y las organizaciones que las acompañan, entre ellas también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han estado trabajando en la elaboración de esta propuesta de acuerdo de reparación del daño y junto con los representantes gubernamentales, con los que se han reunido en mesas de trabajo de manera mensual, acordaron que este tema se discutiría el 9 de agosto próximo.

Sin embargo, “de manera desafortunada e inesperada en la mesa de trabajo que tuvimos el 11 julio, el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Prado Laguardia, señaló que el gobierno del estado no va a firmar la propuesta, que no tiene condiciones para firmar un acuerdo ante notario y que por lo tanto ni siquiera estaba dispuesto a firmar el calendario de trabajo”.

Ante ello, víctimas y organizaciones hicieron un llamado enérgico a que el gobierno estatal “cumpla con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjunto”.

Cabe mencionar que la organización Amnistía Internacional había hecho un llamado desde el año pasado al gobierno de Quintana Roo y al Congreso del Estado para atender a las medidas de satisfacción de las víctimas y reparación del daño, pero el primero en no hacerle caso fue el Poder Legislativo del Estado, ya que la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura le dio carpetazo a su investigación sobre la represión, cuando tenía como presidenta a la diputada Judith Rodríguez Villanueva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual ahora quiere ser presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

Ahora, el gobierno todavía a cargo del gobernador Carlos Joaquín González se niega a la reparación del daño, al mismo tiempo que incurre en la omisión de enviar al Congreso del Estado la terna para el nombramiento del titular de la Comisión para la Atención de Víctimas del Estado (Ceaveqroo), que estaba a cargo de la atención de las víctimas del 9N.

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Amnistía Internacional precisó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal dio por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II que emitió sobre el caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Sin embargo, el Comité de Víctimas 9N y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH, que litiga el caso), promovieron un recurso de amparo, así como un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH), porque dicha recomendación no cumple con los estándares establecidos en materia de reparación integral del daño por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual comprende, cinco tipos de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de incorporar activamente a las víctimas en todas y cada una de las decisiones y acciones relativas a la reparación integral del daño, refirió la organización.

En este sentido, se establece que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y a su derecho a acceder a los mecanismos de justicia, verdad y reparación integral del daño, a efecto de lograr que las medidas sean genuinamente reparadoras y transformadoras.

En su pronunciamiento, Amnistía Internacional, la CMDPDH y el Comité de Víctimas 9N hacen un respetuoso y enérgico llamado al actual gobierno del Estado de Quintana Roo a cumplir con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas de trabajo conjunto.

En el mismo sentido se dirigieron a la recién electa gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a su gabinete, a las próximas personas titulares de la Fiscalía General del Estado, de la CEAVEQROO y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y a la próxima Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de Peña, para resarcir la deuda que se tiene con las personas del Comité de Víctimas 9N, quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos y violencia institucional.

“Por ello, les urgimos a dar continuidad a las mesas de trabajo conjunto con el Comité de Víctimas 9N, Amnistía Internacional y la CMDPDH, así como a la concreción efectiva de los acuerdos derivados, a fin de garantizar el acceso de las personas titulares de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, mencionaron.

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RAM