Gobierno de Quintana Roo Pagó 20 Millones de Pesos por Armamento que Nunca Recibió; Auditoría Superior de la Federación

• La misma falta se observó a la administración estatal en la fiscalización de la cuenta pública federal del 2020

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 1 de julio.- Por segundo año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en las operaciones de compra de armamento reportados por el gobierno del estado de Quintana Roo, porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) reportaron adquisiciones por casi 20 millones de pesos, pero no se realizó la entrega.

Estas observaciones se encuentran en la primera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública Federal del año 2021, en específico en el Informe Individual la Fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal recibido por el estado de Quintana Roo.

Una observación semejante se le hizo al gobierno de Quintana Roo en la Fiscalización de la Cuenta Pública del 2020, por lo que la falta se comete por segundo año consecutivo, y pese a que ya fue objeto del llamado de atención de la ASF, y a que en el estado aumentan los delitos de acto impacto por la expansión de las actividades del crimen organizado.

Para el caso del ejercicio fiscal 2021, la ASF indica que no se presentó la documentación comprobatoria que ampare la aplicación y destino de los recursos del fondo, por 19 millones 955 mil 165 pesos, por adquisiciones de bienes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizadas por la SSP y la FGE.

Por lo anterior, se indica que en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que determinó un monto por aclarar de 19 millones 955 mil 165 pesos, que corresponden con los pagos a la Sedena por la adquisición de armamento, municiones y cargadores, de las cotizaciones números CC-027/2021 y CC-033/2021, que no fueron entregados al Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Además las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, que son 2 solicitudes de aclaración, y 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos involucrados.

Por otra parte, dice la ASF que “se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas, y transparencia, en virtud de que se remitieron extemporáneamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recibos de los recursos del fondo; se realizó extemporáneamente la aportación estatal”.

Además, no se acreditó la publicación en el portal “CompranetQRoo” de la convocatoria para el procedimiento de adjudicación de un contrato de obra pública, ejecutado con recursos del fondo por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Cabe recordar que en la fiscalización de la Cuenta Pública Federal el gobierno de Carlos Joaquín González fue observado por comprar armas y no entregarlas a los policías, además de reportar compras que no se concretaron.

En el segundo informe del avance de la fiscalización de la cuenta pública federal del 2020, la ASF detectó que la SSP de Quintana Roo, todavía bajo la titularidad de Jesús Alberto Capella Ibarra, compró con recursos federales 56 pistolas y 78 fusiles a la Sedena, pero no las entregó a los policías, pues a mediados del 2021, cuando se realizó la auditoría, todavía seguían en sus bodegas, por lo que la responsabilidad abarca hasta al actual secretario, Lucio Hernández Gutiérrez.

Además, la dependencia reportó haber pagado más de 2.1 millones de pesos por otro encargo de armamento a la Sedena, pero hasta mediados del 2021 tampoco se había verificado la entrega de la compra, y por lo tanto, tampoco habían llegado a manos de los elementos de la policía; pero además se verificó que no existió la firma de un convenio entre la SSP y la Sedena para realizar esas operaciones.

Tras darse a conocer el hecho, el año pasado el gobernador Carlos Joaquín dijo que se aclararon las observaciones y responsabilizó a la Sedena por el retraso de la entregas de las armas y municiones que le compran.

No obstante, el del 2021 es el segundo año consecutivo en el que la ASF detecta irregularidades en el procedimiento de adquisición, por lo que todo indica que las acciones realizadas en el año anterior no sirvieron para que se corrigiera.

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