Gobierno de AMLO Frena Ordenamiento Territorial y Ecológico Impulsado por Carlos Joaquín

Francisco Hernández / CAMBIO 22

CHETUMAL, 18 de mayo.- El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador demandó por controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al nuevo programa y a la nueva estrategia de ordenamiento territorial, ecológico y urbano del gobierno de Quintana Roo encabezado por Carlos Joaquín González, por invadir atribuciones de la federación y generar el riesgo de daños irreparables al medio ambiente.

En consecuencia, y a petición del gobierno de México, la SCJN ordenó la suspensión precautoria de la aplicación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Sustentable de Quintana Roo (Peotedus) y la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial (EEOT), por lo que el gobierno del estado está impedido para expedir autorizaciones en materia territorial, ecológica y urbana basado en estos documentos impugnados.

Ambos ordenamientos fueron promulgados por el gobernador Carlos Joaquín González el pasado 1 de marzo, mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado, a pesar de que el gobierno federal ya había expresado su oposición a los ordenamientos municipales que, al igual que el estatal, derivaron de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobada por la XV Legislatura a petición del gobernador, a través de la intermediación del entonces diputado Juan Carlos Pereyra Escudero.

De hecho, son cuatro los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano (Pmotedu) expedidos en 2021 que fueron impugnados por el gobierno federal mediante controversia constitucional y suspendidos de manera cautelar en tanto se concluye el asunto en la SCJN.

Los cuatro ordenamientos municipales controvertidos y suspendidos son los de Tulum (controversia 68/2021), Felipe Carrillo Puerto (158/2021), Cozumel (178/2021), y Othón P. Blanco (9/2022); pero a pesar de esas controversias, el gobierno de Carlos Joaquín promulgó su propio ordenamiento estatal el pasado 1 de marzo, junto con una estrategia derivada del mismo.

Contra el Programa Estatal de Ordenamiento y la Estrategia Estatal de Ordenamiento que se deriva de éste se inconformó el Poder Ejecutivo Federal, a través de una demanda interpuesta por la Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, ante la SCJN, que admitió la demanda el pasado 12 de mayo, y la marcó con el expediente 77/2022.

Al mismo tiempo, el ministro instructor de turno, Javier Laynez Potisec, otorgó la suspensión precautoria solicitada por el Consejo Jurídico del Ejecutivo contra dichos programas, con los efectos de que el gobierno del estado de Quintana Roo “se abstenga de expedir autorizaciones en las materias que aborda los actos demandados, concretamente en materia de ordenamiento territorial, ecológico y urbano, así como en materia ambiental, con enfoque en especial en las áreas naturales protegidas…esto es, para que no se concrete ningún acto derivado de los programas impugnados, hasta en tanto no se resuelva el fondo de esta controversia constitucional”.

En su demanda de controversia constitucional, el Ejecutivo federal pidió a la Corte de Justicia anular el nuevo programa de ordenamiento territorial y ecológico de Quintana Roo, alegando que causara daños irreparables al medio ambiente.

Además, indica que los programas estatales invaden atribuciones del Gobierno federal, no fueron emitidos conforme a las leyes generales y federales en la materia, y mermarían de modo irreparable el medio ambiente.

Esta controversia de la federación contra los programas de ordenamiento expedidos por los municipios y el estado de Quintana Roo inició a principios del 2021 con la emisión del Pmotedu de Tulum, bajo el gobierno de Víctor Mas Tah, momento en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública su postura en contra, cuestionando los defectos del ordenamiento, que prácticamente son los mismos que les ha observado a los otros ordenamientos municipales suspendidos por controversia de la federación, a los que se suma el estatal.

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RAM