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• Mandatarios estatales respaldan la estrategia federal y destacan la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional

 

• Cifras oficiales contrastan con señalamientos por militarización, alza de la extorsión y aumento de desapariciones

 

• Un pronunciamiento de unidad para respaldar la política de seguridad y la postura exterior

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

El 3 de enero de 2026, los 24 mandatarios estatales identificados con la Cuarta Transformación difundieron un pronunciamiento para respaldar la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su postura en política exterior. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, publicó la carta en la red social X resaltando que los mandatarios se mantenían “firmes en la defensa de la soberanía, el derecho y la paz”.

En el comunicado, las y los gobernadores se declaran plenamente alineados con la estrategia de seguridad federal: reconocen una coordinación permanente con el gabinete de seguridad y los esfuerzos conjuntos en los estados.

También respaldan la postura constitucional y pacifista de Sheinbaum ante conflictos internacionales tema que tomó relevancia tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y abogan por resolver los conflictos por la vía del derecho y mediante organismos multilaterales.

El pronunciamiento celebra la conducción de Sheinbaum, a quien atribuye responsabilidad, “visión de Estado” y compromiso social para garantizar paz y bienestar.

Uno de los argumentos centrales es la reducción del 37 % en el promedio diario de homicidios dolosos y la disminución de delitos de alto impacto, cifras que según los firmantes demuestran que la estrategia va en la dirección correcta.

El documento resalta el papel de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías locales y garantiza que su actuación respeta la Constitución y los derechos humanos. Concluye comprometiéndose a mantener una coordinación “leal y corresponsable” con el gobierno federal para fortalecer la seguridad pública y la paz social en todas las entidades federativas.

La lista de firmantes refleja la cohesión del bloque gobernante: mandatarias como Marina del Pilar Ávila (Baja California), Clara Brugada (Ciudad de México) y Mara Lezama (Quintana Roo), junto a gobernadores como Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha (Sinaloa) y Javier May (Tabasco), entre otros. El pronunciamiento llegó después de que la presidenta presentara cifras oficiales de la disminución de homicidios y en medio de un ambiente de tensión tras la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Las cifras oficiales y lo que ocultan: militarización, extorsión y desapariciones al alza Aunque el comunicado presume una reducción de homicidios, la narrativa oficial oculta aspectos clave.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum los homicidios dolosos pasaron de 86,9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 54,7 en noviembre de 2025, lo que equivale a 32 homicidios menos cada día. La presidenta mostró estas cifras como prueba de éxito, pero el propio reporte advierte que el descenso se ha conseguido mediante detenciones masivas (más de 38.700 arrestos) y una marcada militarización, con miles de uniformados desplegados en regiones conflictivas.

Siete estados Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán concentran más de la mitad de los asesinatos.

Medios independientes han subrayado que el gobierno “presume detenciones masivas y un mayor despliegue militar”, pero persisten otros delitos. La plataforma Detona recuerda que aunque el homicidio disminuyó, la extorsión aumentó 23 % y afecta a casi siete millones de personas al año, y la desaparición de personas creció 72 % respecto al inicio del sexenio anterior.

Ese medio critica que la reducción de homicidios se ha logrado desplazando la violencia y que “la fotografía completa muestra un país donde la violencia simplemente se ha desplazado de forma desigual”.

Incluso medios internacionales observan que algunos estados inflan los logros mediante comparaciones selectivas, en Guanajuato, por ejemplo, el gobierno local exhibió una caída del 60 %, pero al analizar todo el año la reducción real fue de apenas 16 %.

Otro foco rojo es la extorsión, mientras el gobierno celebra la baja en homicidios, la extorsión es el único delito de alto impacto que sigue creciendo, con un repunte del 23 %. Y el tema de las desapariciones continúa ausente en las gráficas oficiales.

Según un análisis de Detona, estados como Baja California, Campeche, Chiapas y Aguascalientes han visto aumentos de desapariciones de hasta 1.000 %.

Estos datos contradicen la narrativa de tranquilidad y cuestionan la eficacia de la estrategia federal.

El trasfondo político, lealtad al centro y silencio frente a la crítica, el pronunciamiento de los gobernadores tiene un alto contenido político.

En la superficie, se presenta como un llamado a la unidad ante las crisis de seguridad y a la defensa de la soberanía mexicana después de la intervención estadounidense en Venezuela. Pero también funciona como una demostración de lealtad hacia la presidenta, quien busca consolidar el llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.

Para los ejecutivos locales, alinearse con la narrativa federal tiene beneficios, acceso a recursos, respaldo político y control de la agenda pública.

En Yucatán, por ejemplo, el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien compartió el manifiesto en sus redes, subrayó que los mandatarios avalan la estrategia de seguridad y reconocen la coordinación con el gabinete federal.

Sin embargo, el pronunciamiento no menciona la militarización creciente ni la falta de transparencia en las cifras, y evita abordar temas como la violencia contra periodistas, feminicidios o abusos de las fuerzas armadas.

El descenso en homicidios se debe en parte a cambios en el tipo de violencia y al endurecimiento de la persecución penal, no a una transformación profunda de las causas estructurales.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la militarización y la ampliación de la Guardia Nacional sin controles civiles efectivos.

Además, la insistencia de los gobernadores en la defensa de la política exterior de Sheinbaum coincide con la histórica doctrina mexicana de no intervención, pero también puede interpretarse como un intento de cerrar filas ante la creciente presión de Estados Unidos por colaborar en seguridad y migración.

En suma, el pronunciamiento de los gobernadores de la 4T muestra una coalición política disciplinada que se abroquela en torno a la presidenta.

Reconoce avances en seguridad y enfatiza la soberanía y la paz, pero deja sin responder preguntas esenciales:

¿hasta qué punto la reducción de homicidios es sostenible?

¿Qué se está haciendo para combatir la extorsión, las desapariciones y otros delitos?

¿Cómo se evaluará el respeto a los derechos humanos en un contexto de creciente militarización?

Los ciudadanos deberán tener mejores respuestas claras y una estrategia que vaya más allá de los discursos y las cifras a modo para recuperar la tranquilidad del país.

 

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccion@diariocambio22.mx

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