Fuerzas Armadas con Patente de Corso para Hacer y Deshacer sin Transparentar ni Rendir Cuentas

• Así como sucedió con el Tren Maya, podrán construir sin estudios ni permisos

• Sálvese Bacalar

Ángel Ramírez Hernández / CAMBIO 22

Lo que nos faltaba, ayer la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exime a empresas estatales y a las propias fuerzas armadas de transparentar las obras públicas y, de ciertos trámites y obligaciones bajo su responsabilidad, en el entendido que se consideren proyectos “prioritarios” o “estratégicos” para la nación.

Con esto, la Sedena, Armada de México, y otras empresas paraestatales, PEMEX, CFE, por ejemplo, no estarán obligadas a ser trasparentes, a dar certeza del ejercicio público, algo que ya era realidad; pero no legal.

Y mire, esto trasciende incluso en el manejo de los recursos públicos, es decir, obtienen con la aprobación camaral, “patente de corso” para hacer y deshacer sin que nadie se les oponga, ¡callar y aguantar!

Recientemente en Bacalar, residentes locales se opusieron y manifestaron en contra de obras ambientales que hace la Sedena en su embarcadero de la denominada Laguna de los 7 colores; por impactar el medio ambiente, sin tener estudios de impacto ambiental.

Los habitantes de Bacalar tuvieron razón, la Sedena no tenía el estudio de impacto ambiental, aunque argumentaran que sí, mintieron, ahora se sabe que, las obras que realiza Sedena a la orilla de la laguna de Bacalar no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Solo requirieron una extensión de los permisos otorgados en años anteriores, de acuerdo con el informe presentado por la Semarnat a integrantes del Consejo Ciudadano de ese municipio.

Durante una reunión de trabajo efectuada con presencia de representantes de la Sedena, como responsables del proyecto, los habitantes de Bacalar externaron su preocupación por la falta de socialización del proyecto y los efectos que tendrá en el medio ambiente de la laguna, los programas de mitigación y la contaminación visual.

No tienen permisos actuales, y, sin embargo, autoridades gubernamentales otorgaron ampliación del permiso a la Sedena, esto no lo haga un ciudadano común, menos una empresa, porque cancelan obras y aplican multas severas por afectar el medio ambiente.

Apenas ayer nos enterábamos que, la Secretearía del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), informó que de los 28 proyectos de Quintana Roo inscritos en la Gaceta Ecológica para buscar la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 26 corresponden a la Sedena y el resto al Tren Maya.

Solo una solicitud para realizar obras en Bacalar, de los 26 proyectos que tiene la Sedena, 19 son para solicitar la MIA con la finalidad de construir un banco de materiales pétreos: dos en Benito Juárez; tres en Playa del Carmen; 11 en Felipe Carrillo Puerto, la de Bacalar antes dicha, una en Othón P. Blanco y otra más en Tulum.

Pero en Bacalar existe tres obras a la vista, la del apostadero que pone en riesgo el medio ambiente en la Laguna de los 7 colores y al Fuerte de San Felipe de Bacalar, la de la apertura de un camino frente al INIFAP que va de orilla de carretera a al cuerpo de agua y uno otra más para la estación eléctrica del denominado Pueblo Mágico, párele de contar, en cuanto a permisos, no en cuanto a obras por hacer.

Se habla de la construcción de un hotel de Sedena en Bacalar; pero eso ya no le podremos preguntar, ni eso ni nada, gracias a los diputados federales, solo con decir que son “proyectos prioritarios” o “estratégicos para la nación”, no habrá cuentas claras ni “chocolate espeso”.

Por si fuera poco, el Senado mexicano recién acaba de aprobar leyes que refuerzan el rol dominante de Pemex y CFE, otorgándoles mayor libertad para colaborar con empresas privadas y estableciendo que CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad del país.

Además, el gobierno ha lanzado el Plan Nacional de Energía, que busca promover la inversión privada y las energías limpias para fortalecer el sector energético, asegurando que CFE mantenga una participación mayoritaria en la generación eléctrica.

Son solo acciones que reflejan la estrategia del gobierno actual para consolidar el control estatal en sectores clave, mientras se enfrenta a debates sobre transparencia y participación privada en la economía nacional, de las que por supuesto, las fuerzas armadas y paraestatales no serán cuestionables.

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