• Los grupos de defensa de los derechos humanos dicen que miles de personas inocentes están quedando atrapadas en la represión contra las pandillas de El Salvador.

 

Redacción/CAMBIO 22 

José Antonio Potes y su amigo de la infancia Manuel Castrillón viajaron a El Salvador con la esperanza de encontrar el paraíso seguro, próspero y favorable para la tecnología del que habían escuchado hablar en los medios de comunicación colombianos.

La severa mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas y sus ambiciosos planes de convertir el país en una potencia regional que funcione con bitcoin lo convirtieron en el líder más popular de América Latina, y a El Salvador en un destino para surfistas y aficionados a la tecnología por igual.

“Habíamos escuchado hablar de esta transformación: que ya no había pandillas en El Salvador, que las cosas se habían vuelto realmente seguras y que existía un auge de las infraestructuras debido a toda la inversión”, explicó Castrillón. “Pensamos que podríamos prosperar ahí“.

Potes es soldador y Castrillón es un experto en agricultura mecanizada. Los dos hombres, de 27 años, proceden de la pequeña localidad de Riofrío, en el Valle del Cauca, Colombia.

Juntos se propusieron encontrar trabajo y enviar dólares a sus familias. Sin embargo, en lugar de beneficiarse de la guerra de Bukele contra las pandillas, ambos fueron detenidos y encerrados en miserables prisiones durante tres meses.

“Se fueron en busca del paraíso”, comentó Ruth Elonaro López, abogada de Cristosal, un grupo salvadoreño de defensa de los derechos humanos. “En lugar de eso, encontraron el infierno“.

El 21 de enero, el día después de que Potes volara para reunirse con Castrillón, los dos hombres se encontraron para comer en Soyapango, una ciudad satélite ubicada a las afueras de la capital salvadoreña. Poco después los detuvieron unos soldados y les pidieron sus documentos.

Ocho horas más tarde los llevaron a una cárcel, donde los interrogaron, los registraron al desnudo y los fotografiaron. Los dos hombres cuentan que los agentes se fijaron particularmente en sus tatuajes, un distintivo de las pandillas del país.

“Nos preguntaron de dónde habíamos sacado nuestro dinero y dijeron que seguramente procedía del narcotráfico en Colombia. Pero yo tenía 125 dólares en efectivo y José 75″, explicó Castrillón.

No fue hasta que los metieron por primera vez en una celda con otras 25 personas cuando empezaron a darse cuenta de que podía tratarse de algo más que un error.

“Estábamos confundidos, aterrorizados y no podíamos dormir”, explicó Potes. “Y la pesadilla no había hecho más que empezar“.

La dureza de Bukele lo ha hecho merecedor de un culto en su país, y la derecha de toda América Latina admira su autoritarismo.

Mientras los países de la región luchan por controlar la violencia criminal, al dictador salvadoreño se le atribuye el mérito de haber doblegado a las organizaciones criminales y se le dedican perfiles elogiosos en periódicos y revistas.

Tras asumir el cargo en 2019, Bukele primero intentó negociar un pacto con las pandillas de El Salvador, supuestamente prometiendo bloquear las extradiciones a cambio de mantener la ley y el orden, sin embargo, cuando el acuerdo fracasó, declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 y sustituyó la diplomacia por la fuerza bruta.

A menudo, El Salvador ha sido clasificado como el país con más homicidios del mundo, pero el 11 de mayo Bukele escribió en Twitter que no se había registrado ni un solo homicidio en todo un año.

El gobierno de El Salvador sostiene que ha encarcelado a casi 70 mil pandilleros, es decir, alrededor del 2% de la población del país. No obstante, los grupos de defensa de los derechos humanos indican que miles de personas inocentes quedan atrapadas en la ofensiva.

Afuera de la prisión del municipio de Ilopango, donde estaban recluidos los dos colombianos, Potes vio a docenas de mujeres que preguntaban por el paradero de sus hijos, y todas ellas decían que sus hijos no tenían relación alguna con las pandillas.

“Entonces empezó a tener realmente sentido que estuvieran metiendo en la cárcel a personas inocentes para exhibirlas ante el mundo exterior”, explicó.

Los dos hombres pasaron finalmente un mes en Ilopango y casi dos meses más en condiciones igualmente infernales en Jucuapa, donde compartieron una celda desprovista de baños –solo una cubeta– con otras 400 personas.

Bajo el estado de emergencia, no es necesario realizar un juicio ni presentar cargos para detener a una persona. Cualquier vecino descontento, una pareja insatisfecha o un empresario rival pueden aprovecharse fácilmente de la suspensión del debido proceso.

“Ya no hace falta tener algún vínculo con las pandillas para que te encarcelen en El Salvador. Basta con ser un hombre joven”, señaló López.

Los dos hombres comentan que vieron a muchos otros extranjeros atrapados en la campaña de medidas enérgicas, entre ellos hondureños, guatemaltecos y norteamericanos.

A medida que Bukele intensifica su ataque contra las pandillas de El Salvador, estas historias son cada vez más frecuentes.

El 9 de mayo, un pescador de la Isla El Espíritu Santo, ubicada en el sur del país, fue liberado tras pasar un año en prisión, después de que las autoridades reconocieran que lo habían encarcelado erróneamente a raíz de una llamada anónima.

En otro caso, los soldados se llevaron de su casa a una joven lesbiana que, al parecer, fue denunciada por unos taxistas a los que no les agradaba su orientación sexual.

“Lo que están viviendo estos colombianos, lo están viviendo otros miles“, señaló López. “El gobierno está intentando proyectar la imagen de que está restableciendo el orden, pero en realidad está perdiendo el control y está provocando un daño social inmenso e irreversible”.

A medida que El Salvador se queda sin espacio para albergar a los reclusos, las condiciones en las cárceles se vuelven cada vez más terribles.

Potes y Castrillón comentan que les raparon la cabeza, les quitaron la ropa y que los guardias dispararon gases lacrimógenos dentro de sus celdas cuando rompían el silencio.

Potes y Castrillón quedaron finalmente en libertad en abril, después de que la pareja de Potes, Claudia Marcela García, presionara sin descanso en la prensa colombiana a favor de su liberación. Cada uno había perdido más de 10 kg.

“Teníamos miedo de que si lo hacíamos público la situación empeoraría, pero teníamos que hacer algo. Nuestra hija de cuatro años preguntaba todos los días cuándo regresaría José y no teníamos ni idea de si lo haría algún día”, explicó García.

Tras su liberación, la revista colombiana de derecha Semana compartió un video de los dos hombres caminando por una playa, explicando que todo fue un malentendido.

Castrillón y Potes comentan que los funcionarios del gobierno los presionaron para que hicieran dicha grabación y que les prometieron casas y empleo. Desde entonces, Bukele bloqueó a Castrillón en Twitter precisamente por sus afirmaciones. El gobierno de Bukele no respondió las solicitudes de comentarios.

Los dos amigos dicen que están intentando aclarar la historia y concientizar sobre otros dos colombianos, Andrés Felipe Castañeda González y Octavio de Jesús Marín, que, según dicen ellos, también fueron encarcelados sin que se presentaran cargos en su contra.

“Lo que está ocurriendo allá no es lo que parece”, comenta Potes. “Sí, están encarcelando a los delincuentes para hacer que todo sea más seguro, pero ¿de qué sirve eso si pueden venir por ti a mitad de la noche?“.

 

Fuente THe Guardian

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