🔊 Escuchar la nota

 

• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El Ejército Mexicano se ha caracterizado durante los últimos años, como una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano al formar una mancuerna con la clase política gobernante en turno, la cual se ha encargado de solapar todas las violaciones a derechos humanos a integrantes de la sociedad mexicana, al menos las que se han hecho públicas de 1968 a la fecha.

La autoridad civil del país y el Ejército han sido cómplices ya sea durante el largo periodo de las administraciones priistas, las panistas y ahora, las morenistas, con estas últimas los compromisos subieron de nivel, ya no se sabe si los militares trabajan para el gobierno federal en turno o las personas civiles que encabezan el gobierno trabajan para el Ejército.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las principales obras de infraestructura como el Tren Maya, las refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras le fueron asignadas para su construcción al Ejército, transfiriéndole presupuestos multimillonarios, que fueron opacados por el famoso decreto de que se trataba de obras de seguridad nacional, por lo que quienes integran la cúpula militar de este país ya no tienen la obligación de rendir cuentas ni transparentar los recursos públicos que reciben de la hacienda pública nacional.

En el gobierno de Claudia Sheibaum Pardo, ahora que estas obras ya están en operación, aunque no terminadas, el gobierno federal le seguirá subsidiando la operación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por tiempo indefinido, bueno, dicen que será solo cuando sean autofinanciables.

Sobre la serie de violaciones a derechos humanos que van desde los acontecimientos de 1968 en el país, la llamada guerra sucia, el caso Tlatlaya, Ayotzinapa y las ejecuiones extrajudiciales que se han documentado durante los últimos años, aún la cúpula militar de este país no le ha dado ninguna explicación al pueblo de México, desde luego, que tampoco le han respondido a la justicia civil, porque aún tienen privilegios militares, que se supone, que desde hace tiempo, desaparecieron en México.

En el año 2011, con motivo de la condena de 14 soldados mexicanos por el homicidio de cinco civiles en 2007 “es un paso positivo, pero este tipo de casos deben verse en tribunales civiles, no militares”, advirtió Amnistía Internacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México anunció que un tribunal militar había impuesto penas de entre 16 y 40 años de cárcel a los autores de los disparos que acabaron con la vida de dos mujeres y tres menores cuyo vehículo no se detuvo en un control del ejército en el estado de Sinaloa.

El organismo internacional, recordó en aquel año, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México “ha recibido más de 6.000 denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas desde el final de 2006”.

Sin embargo, es muy poco habitual que los militares sean juzgados y condenados por abusos. “Es positivo que los perpetradores de este crimen concreto hayan sido identificados y hayan tenido que responder de sus actos, pero los detalles de sus condenas siguen planteando grandes interrogantes”, dijo Susan Lee, entonces directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Por ejemplo, dada la poca transparencia de la justicia militar en México, no conocemos los hechos en detalle, ni sabemos cuánto tiempo pasarán realmente sus autores en una cárcel militar”, dijo Lee.

Mientras el Ejército mexicano tiene mucho que explicar al pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador, le asignó diversas tareas, como la de constructor de sus obras emblemáticas, pero les transfirió presupuestos multimillonarios, que hasta el momento no han sido transparentados, por lo que la actual cúpula militar, sigue teniendo fueron y privilegios que los contribuyentes tienen que pagarles.

Resultado de ese poder económico, político y para abstraerse del principio de que las leyes en México son para todos, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza todo tipo de construcciones en la Península de Yucatán, sin respetar leyes de desarrollo urbano, de protección al ambiente, las resoluciones del poder judicial no son acatadas, sus proyectos y decisiones de poder, identifican a estos militares, como mexicanos de primera, no hay ley ni autoridad civil que les ponga un alto, porque deben recordar que con servidores públicos.

El medio de comunicación Animal Político documentó, con una investigación periodística de Orsetta Bellani, que el 3 de noviembre de 2022, el Ejército solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el otorgamiento de la autorización provisional en materia de impacto ambiental para realizar la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal (Santa Elena, Yucatán)”. Sin embargo, los detalles del proyecto que los funcionarios de Semarnat recibieron en sus escritorios describen algo muy distinto, pues incluye un área de hotel de 26.6 hectáreas, una zona de glamping de 5.91 hectáreas en la selva maya, una entrada monumental y pretende ocupar un total de 40.76 hectáreas, la misma superficie de colonias como la Juárez o la Doctores de la Ciudad de México.

A pesar de estas incongruencias, Semarnat otorgó la autorización provisional en una sola semana, cuando este procedimiento suele tardar un par de meses. Poco más tarde, el 24 de noviembre de 2022, la Sedena solicitó la modificación de algunos detalles del proyecto y lo renombró “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, esta vez diciendo explícitamente que la finalidad era “solucionar la necesidad de servicio de hospedaje a los visitantes de la Zona Arqueológica de Uxmal”.

Animal Político, también recapitula que la Sedena empleó la misma maniobra para obtener la autorización provisional de impacto ambiental para poder comenzar a construir el Hotel Tren Maya de Calakmul, Campeche.

Entre otros casos está el de la construcción que realiza el Ejército mexicano a la orilla de la Laguna de Bacalar, a pesar que existe una suspensión definitiva de un juzgado federal.

La Sedena trabaja sin respetar la ley, en perjuicio del pueblo de México y sus intereses, que dice defender.

Ante estas circunstancias, la cúpula militar se convirtió en socia de López Obrador, o le hizo un gran favor, para que les diera dinero y poder del pueblo de México, a manos llenas.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

HTR/RCM