Juan Veledíaz/ CAMBIO22

Cuando la DEA mapeó la red de intereses criminales que rodeaban al exalcalde de Aguililla, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, preso en Estados Unidos, el nombre de Alfredo Ramírez Bedolla aparecía en varias líneas de investigación como uno de los sobrinos de su esposa Anabel Bedolla Marín, quien presumiblemente facilitó dinero para su campaña a la gubernatura de Michoacán.

Comparán Rodríguez formó parte de la banda criminal de Los Viagras, una de cuyas facciones según las autoridades está detrás del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido a principios de la semana pasada en un camino que comunica a este municipio con la comunidad de Tepetates. El triángulo que forman los municipios de AguilillaApatzingán y Tepalcatepec, está considerado por los servicios de inteligencia militar como el más conflictivo de todo el estado por los recursos que manejan las tres organizaciones criminales con presencia en la zona, el uso de la tecnología aplicada a drones y artefactos explosivos improvisados, y el conocimiento del terreno que tienen de esta región de la Tierra Caliente michoacana, donde la extorsión a gran escala a los productores de limón es una de las ganancias más lucrativas.

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En documentos militares elaborados por los servicios de inteligencia que se encuentran entre los archivos hackeados a la secretaría de la Defensa por el colectivo Guacamaya, Anabel Bedolla aparece mencionada como interlocutora del grupo criminal que encabeza Nicolás Sierra Santana, alias Coruco, un personaje que pasó de autodefensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto a líder de Los Viagras con López Obrador. La tía del actual gobernador michoacano conoce bien a los líderes de las facciones criminales que son socios de su esposo, los documentos señalan que operaba como interlocutora de ellos con políticos de diversos partidos que participaron en el proceso electoral del 2021.

El asesinato del líder limonero provocó una ola de indignación a nivel nacional por el papel que la víctima tuvo para enfrentar a los extorsionadores y los grupos criminales que están detrás. Bernardo Bravo impulsó una ley antiextorsión, una ley anti-coyotaje y pidió establecer un límite de tres días por semana para el corte de limón.

Una semana después del crimen, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, tuvieron su primera reunión con Ramírez Bedolla en las instalaciones militares de Apatzingán donde anunciaron un reforzamiento de la seguridad del gremio citricultor y mayores garantías para las actividades productivas. El evento fue un reconocimiento tácito del fracaso detrás del establecimiento de una base militar en el tianguis limonero y el incremento de efectivos de la Guardia Nacional en los caminos y comunidades que rodean a las zonas de cultivos.

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Servirá de poco las labores de inteligencia que anunció García Harfuch se realizarán para prevenir delitos y desmantelar redes de extorsión, cuando las redes criminales tienen lobby político en los alcaldes y las sospechas rodean al gobernador.

 

 

Fuente: El Sol de México

redaccion@diariocambio22.mx

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