“Fuego Amigo” en Quintana Roo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Varias instituciones gubernamentales de Quintana Roo tienen que demostrar para que fueron creadas, como la Fiscalía General del Estado, luego de la controversia generada el lunes 10 de noviembre por la publicación de la foto de una persona señalándola de acosador en la página de Facebook de la organización Marea Verde Quintana Roo y la posterior denuncia del afectado ante la Fiscalía.

Se supone que desde el profesionalismo y la defensa de los derechos de las mujeres, Marea Verde tiene los elementos para sostener su dicho, y la contraparte está protegida por la ley para defender su derecho a la presunción de inocencia.

En esta controversia inicial están en juego varios derechos y perspectivas como el de la libertad de expresión, una vida libre de violencia para las mujeres, la presunción de inocencia, violencia digital, daño moral, entre otros, por ello sostengo, que si las autoridades afirman que vivimos en un estado de derecho, las instituciones deben funcionar como maquinarias bien aceitadas para resolver de manera pronta y expedita este asunto.

Sin embargo, por la experiencia que se tiene cuando a la Fiscalía se acercan las mujeres víctimas de algún delito de violencia, su camino no es tan cómodo como el que tuvo la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, cuando presentó su denuncia por hostigamiento.

Todos los días o semanas, decenas de mujeres, al recibir malos tratos y excusas en las oficinas de la Fiscalía para recibirles una denuncia por violencia, desisten de su intención y sus historias van a engrosar las cifras de la llamada cifra negra, que por ciento, el gobierno de la 4T ya le cambió de nombre a esta clasificación estadística.

El uso de los llamados “tenderos” para denunciar a victimarios de mujeres están avalados por la práctica y por una tesis de un Tribunal Federal, con antecedentes de los registros que lleva el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género. Medidas que contribuyen a la defensa de los derechos de las mujeres, ante la inoperatividad de las fiscalías y el mismo sistema judicial nacional.

Este asunto, se le salió de control a Marea Verde, a pesar de los argumentos que tiene para haber hecho la referida publicación, así como el mismo denunciante que alega el delito de “difamación”, el cual ya no existe en la legislación quintanarroense.

Pero a ambas pares se les salió de control el caso, porque intereses políticos y económicos, aprovecharon la oportunidad para saltar “encapuchados” al escenario y sacar ganancia de esta controversia.

Antes de mencionar los posibles intereses en juego, haré referencia a algunas línea de la tesis aislada II.1o.A.24 K (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada el viernes 15 de agosto de 2025 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación. https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030977

“…Los tendederos de denuncia no constituyen, por sí mismos, una forma de violencia o afectación ilegítima de derechos, sino un mecanismo de expresión y resistencia que evidencia la omisión institucional y la falta de garantías efectivas para el acceso a la justicia en casos de violencia de género. Si bien estos mecanismos han generado debate sobre su impacto y posibles consecuencias jurídicas, su propósito no es sancionar ni prejuzgar la responsabilidad de las personas señaladas, sino exponer la magnitud del problema y propiciar un cambio estructural en las instituciones. Como lo ha evidenciado el movimiento #MeToo, estos espacios permiten transformar la narrativa sobre la violencia de género y reflexionar en lo colectivo en cuanto a la incidencia de este flagelo social, a la necesidad de tomar acciones para una adecuada supervisión, así como obligar a las autoridades a tomar medidas para erradicarla. Los tendederos de denuncia son una manifestación legítima de la lucha contra la impunidad y la violencia de género, enmarcada en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Su objetivo es romper el silencio, generar conciencia colectiva y exigir respuestas institucionales. Al evidenciar patrones estructurales de violencia y discriminación, su existencia se encuentra protegida constitucional y convencionalmente, de modo que su restricción injustificada podría constituir un acto de censura que vulneraría los derechos de quienes han sido víctimas de esa violencia de género.”.

En caso que la denuncia de la persona supuestamente afectada llegue a judicializarse, tendrán que tomarse en cuenta criterios de esta naturaleza. Sin perder de vista que quien afirma está obligado a probar.

Son principios generales del Derecho, que no siempre se desahogan a favor de las mujeres. Pero en este momento, más allá del litigio estratégico, no tenemos otros instrumentos para la defensa de las mujeres, lo que nos pone en un serio peligro que apelar a la ley de la selva.

Desde algún sector o más de un sector de la llamada clase política y económica de Quintana Roo vieron la oportunidad de empezar a medir fuerzas preelectorales al señalar a Cristina Torres, secretario de Gobierno de la entidad, como quien le paga a Marea Verde para que saque adelante su agenda como organización.

Quienes hacen estas afirmaciones, hasta el momento no han presentado pruebas, a pesar que han dicho, públicamente, que las tienen.

Durante los comicios municipales, estatales y federales de 2027 estará en juego el futuro político y económico, así como jurídico de quienes forman parte del poder político gobernante o de quienes inciden en él, desde MORENA, el PVEM, la iniciativa privada y grupos de poder fáctico, de allí la urgencia de medir fuerzas internas y para empezar hostigan a la secretaria de gobierno, Cristina Torres, una colaboradora cercana y operativa de la gobernadora Mara Lezama.

Desde los 11 municipios de Quintana Roo, las autoridades locales, muchas veces por sus incapacidades generan conflictos y es Cristina Torres la que que tiene que ir a apagar fuegos, dejando en evidencias a las y los presidentes municipales.

A la secretaria de gobierno la señalan de ser la responsable del cierre de más de un centenar de antros durante operativos de la Fiscalía, luego de detectarse irregularidades. El cierre de muchos de estos establecimientos, no solo deja a trabajadores sin empleo, sino también suspende la trata de personas, la venta de sustancias ilícitas y otras actividades que se realizan en esos sitios que están fuera de la ley.

Los intereses políticos y económicos que están en juego con el próximo relevo gubernamental son de tal magnitud que cualquier pretexto es bueno para convulsionar al estado, sin importar la defensa legítimo de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo.

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