• Estafas Millonarias y Falta de Regulación Ponen en Jaque al Sector Inmobiliario

 

• Inversionistas y Ciudadanos Exigen Medidas Urgentes ante el Auge de Fraudes

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

El sector inmobiliario de Cancún, en el principal polo turístico de México, enfrenta una crisis de confianza debido al alarmante incremento de fraudes inmobiliarios en los últimos años.

Estas estafas no solo afectan a inversionistas nacionales e internacionales, sino que también ponen en riesgo la reputación y el desarrollo económico de la región.

Según datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el sector pierde aproximadamente 600 millones de pesos anuales debido a estafas inmobiliarias.

En 2023, los fraudes relacionados con anuncios inmobiliarios aumentaron un 92%, con más de 100,000 carpetas de investigación abiertas por este delito en el país

Uno de los casos más destacados es el de la empresa desarrolladora Global Martínez, que defraudó a docenas de personas al vender terrenos que posteriormente fueron utilizados para el proyecto del Tren Maya.

Los compradores, atraídos por precios accesibles y promesas de alta plusvalía, se encontraron con que los terrenos no eran de su propiedad y estaban destinados a obras públicas.

Además, la renta de viviendas se ha convertido en un nuevo foco de fraude inmobiliario en México. Durante 2024, se registraron en promedio 380 estafas mensuales en este sector, lo que representa un aumento del 58.3% en comparación con 2023.

Estas estafas suelen involucrar departamentos con rentas mensuales entre 7,000 y 14,000 pesos, y los delincuentes utilizan anuncios falsos para atraer a las víctimas.

La situación se agrava en Quintana Roo, donde se han disparado las estafas inmobiliarias. En el primer cuatrimestre de 2024, se registraron 3,143 reportes de presuntas estafas, de las cuales 829 ocurrieron en el Caribe Mexicano.

Los delincuentes clonan páginas de inmobiliarias para ofertar viviendas en zonas como Tulum, Playa del Carmen y Cancún, exigiendo depósitos adelantados y desapareciendo una vez recibido el dinero.

La falta de regulación y supervisión efectiva ha permitido que estos esquemas fraudulentos proliferen.

En respuesta, el Congreso de Quintana Roo trabaja en una reforma al Código Penal del estado para sancionar de manera más efectiva el fraude inmobiliario.

La propuesta busca establecer penas de cuatro a doce años de prisión y multas significativas para quienes promuevan y vendan propiedades sin los permisos correspondientes

La problemática no se limita a la venta de propiedades. Los fraudes cibernéticos también han afectado al sector turístico.

En 2024, se registraron 144 reportes de fraudes cibernéticos en Quintana Roo, donde los delincuentes suplantan la identidad de hoteles y parques temáticos para robar datos bancarios y personales de los visitantes. Estos incidentes dañan la imagen del destino y afectan la confianza de los turistas

La AMPI ha instado a los inversionistas a verificar la legalidad de sus compras y a consultar el registro de profesionales inmobiliarios acreditados.

Sin embargo, la falta de supervisión ha permitido que surjan esquemas fraudulentos que dañan la confianza en el sector. Es crucial que los compradores exijan documentación legal y corroboren la autenticidad de las propiedades antes de realizar cualquier transacción.

La magnitud del problema ha llevado a las autoridades a implementar medidas como la clausura de desarrollos irregulares y la propuesta de reformas legales.

No obstante, la impunidad sigue siendo un desafío. Colectivos ciudadanos han registrado más de 2,000 casos de fraudes inmobiliarios en Benito Juárez, muchos de los cuales no han recibido atención adecuada por parte de las autoridades.

La creciente plusvalía de Cancún, impulsada por su atractivo turístico y las inversiones en infraestructura, ha sido un factor clave en la proliferación de estos fraudes. La promesa de altos rendimientos ha atraído tanto a inversionistas legítimos como a estafadores que buscan aprovecharse de la demanda.

Por ello, Cancún se ha consolidado como el destino con la plusvalía inmobiliaria de más rápido crecimiento en México debido a su posición estratégica como uno de los principales polos turísticos del país y del mundo. La demanda de bienes raíces en la región ha sido impulsada por un crecimiento constante en la llegada de visitantes nacionales e internacionales, lo que ha generado una necesidad sostenida de desarrollos habitacionales, comerciales y turísticos.

Además, la inversión en infraestructura, como el Aeropuerto Internacional de Cancún—uno de los más transitados de América Latina—y proyectos de gran impacto como el Tren Maya y el puente Nichupté, han elevado aún más el atractivo de la zona, aumentando exponencialmente el valor de las propiedades.

Otro factor clave en el acelerado aumento de la plusvalía de Cancún es la escasez de tierra disponible en comparación con la alta demanda.

La zona hotelera, el centro de la ciudad y los nuevos desarrollos en Puerto Cancún y la Riviera Maya han experimentado un crecimiento inmobiliario sin precedentes, con propiedades que han duplicado su valor en menos de cinco años.

Además, la llegada de inversionistas extranjeros y nacionales ha generado una competencia por la adquisición de bienes raíces, incrementando los precios de manera sostenida. A esto se suma el crecimiento del mercado de rentas vacacionales a través de plataformas digitales como Airbnb, que ha convertido a Cancún en una de las ciudades más rentables para la inversión en propiedades destinadas al turismo, asegurando un retorno de inversión superior al de otras ciudades en México.

Debido a este crecimiento acelerado y a la gran cantidad de inversiones inmobiliarias que llegan a Cancún, asociaciones como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) han insistido en la necesidad de reforzar la regulación de sus agremiados. Como la organización más importante del sector inmobiliario en México, AMPI tiene la responsabilidad de garantizar que quienes forman parte de su red operen con total legalidad y transparencia.

Sin embargo, la falta de supervisión efectiva ha permitido que personas y empresas sin acreditación participen en el mercado, generando fraudes millonarios que afectan tanto a inversionistas como a la reputación del destino. Ante esto, expertos del sector han exigido una reestructuración de los mecanismos de supervisión dentro de la asociación, así como sanciones más severas para quienes incumplan con las normativas vigentes.

El caso más reciente que ha evidenciado estas irregularidades es el de AMPI Puerto Morelos, donde su directiva ha sido señalada por operar sin certificación y por intentar imponer una sucesión de liderazgo sin elecciones.

Situaciones como esta refuerzan la percepción de que dentro de AMPI existen vacíos en la regulación y que la falta de controles internos ha permitido que personas sin la preparación adecuada continúen en el sector.

Si la asociación busca seguir siendo un referente en la industria, es imprescindible que fortalezca la supervisión de sus afiliados, evitando que la falta de acreditación y las irregularidades administrativas perjudiquen aún más la confianza en el mercado inmobiliario de Quintana Roo.

Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y se promueva la transparencia en las transacciones inmobiliarias para proteger el desarrollo económico y la reputación de la región.

El fraude inmobiliario en Cancún se ha convertido en una hidra de 1000 cabezas y representa una amenaza significativa para el sector turístico y la economía local. La combinación de estafas millonarias, escaza regulación y una creciente demanda ha creado un entorno propicio para actividades fraudulentas sistemáticas.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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