► Cientos de compradores de Grupo Inverco México, una inmobiliaria con sede en Mérida, Yucatán, la acusan de cometer un fraude por más de 500 millones de pesos al no cumplir con las fechas de entrega de cientos de terrenos y casas tipo Townhouse, previamente convenidos en el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, ubicado a 12 kilómetros al norte de la capital yucateca

 

Redacción/ CAMBIO 22

“Se trata de un megafraude que afecta a cientos de compradores de buena fe que confiamos en un proyecto que nos lo vendieron aprovechando el boom inmobiliario que en estos años se detonó en la península (de Yucatán), gracias a las inversiones hechas en la región por el gobierno federal mexicano”, dice Carolina del Carmen Mora Cázares, mexicana radicada en Ohio, Estados Unidos, quien lucha por recuperar más de 80 mil dólares (1.6 millones de pesos) que invirtió desde 2021 en Misnébalam.

Agrega que, con su “actuar criminal”, Inverco México hace un gran daño no sólo a sus clientes, sino a la imagen internacional de Yucatán y México.

Por eso, exige la inmediata intervención del gobierno yucateco y de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tratará de hacer llegar los detalles de lo que afirma es otro “cartel Inmobiliario”.

Así se «vende» el fraccionamiento en internet y redes sociales, pero ahora cientos de compradores saben que la imagen es solo una ilusión, un espejismo de mercadotecnia que puede costarles decenas de millones de pesos Imagen: portal digital de Inverco México.

Otros denunciantes dicen que recurrirán a la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, a los ayuntamientos de Mérida y Progreso, a senadores y diputados del congreso local y federal, a la fiscalía general de Yucatán a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), para radicar acciones colectivas de queja, denuncias y demandas de carácter penal y civil.

Esto para recuperar su dinero y frenar la «arrogancia criminal”, la prepotencia, simulación, el “cinismo y malos tratos” que los accionistas de Inverco presuntamente aplican a diario en contra de sus clientes.

Recursos tienen, pero prefieren que sus consumidores aporten el dinero necesario para sus proyectos inmobiliarios, bajo la contemplación y la tolerancia de las autoridades locales Imagen: Portal de Inverco México.

Los accionistas

Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía, constituyeron el 4 de diciembre de 2018, ante el Registro Público de Comercio y con la fe notarial de corredor público número 11, Patricio Solís Millet, la empresa “Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” (Inverco, S.A.P.I. de C.V.) y ejercieron la administración colegiada, ambos como presidentes del Consejo de Administración. Así consta en el acta N-2018101607.

Rolando Bello Mejía, quien es sobrino del exgobernador priista Rolando Zapata Bello, renunció al cargo de secretario del Consejo de Administración en agosto de 2022 debido a que fue nombrado Notario Público de la notaría 113 con sede en el municipio de Progreso. Fue sustituido por William Armando Morales Heredia.

Dos años después, en Asamblea General Ordinaria fechada el 14 de febrero de 2024, ya en medio de la crisis por los retrasos en la construcción de más de 700 casas, de las cuales, en tres años, sólo se han construido 150 y la mayoría en obra inconclusa, Aguayo de Pau renunció a la Presidencia del Consejo, quedando en su lugar William Armando Morales Heredia y su hermano Rubén Rodrigo Morales Heredia en el cargo de secretario.

A cientos de clientes que pedían información sobre el rezago en la entrega de sus casas y otros más que solicitaron la devolución del dinero, reiteradamente se les informó que los problemas que enfrenta Inverco se debían a la “mala administración” del ingeniero Aguayo.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el pasado viernes 28 de junio, reapareció Aguayo De Pau, como “asesor externo” de Inverco, en una videoconferencia de zoom convocada por la empresa.

En menos de 20 minutos, y sin conceder el uso de la palabra a más de 400 clientes que seguían la transmisión, el fundador de esta inmobiliaria anunció que el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam carecía de liquidez y anunció la imposición unilateral de dos fideicomisos bancarios para resolver la crisis financiera de la empresa.

Eso luego de reiterados incumplimientos en la entrega de al menos 700 propiedades, o el reintegro de capital: un mínimo de un millón 100 mil pesos por comprador.

Aguayo de Pau, un empresario inmobiliario que dicta conferencias en youtube sobre “ética”, “excelencia” y “profesionalismo” en la venta de inmuebles, se presentó ese día, por primera vez, ante los azorados e inconformes clientes, con actitud de mando, como si fuese el verdadero presidente de Inverco.

Igualmente, de acuerdo con denuncias hechas por los quejosos en Facebook y por asesores inmobiliarios que apoyan a sus clientes, Rolando Alberto Bello, ya en su calidad de notario público con sede en Progreso, se presentó hace un mes en una junta de accionistas y empleados de la empresa para “ordenar” el arreglo total del conflicto.

El notario es sobrino del exgobernador Rolando Zapata Bello, excoordinador nacional de la Defensa del Voto en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, y a cuyo gobierno el mandatario panista Mauricio Vila Dosal acusó de cometer al menos 31 actos ilegales –desvío de recursos públicos y otras irregularidades financieras y administrativas por un monto de 533 millones de pesos-, acusación penal que se detuvo luego de integrarse en el estado la alianza electoral prianista.

Al exgobernador priista, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también lo demandó penalmente por un presunto desvío de recursos federales; 33 millones 530 mil 600 pesos. A la fecha se desconoce el estado que guarda la investigación ministerial.

Actualmente encabezan el Consejo de Administración de Inverco los hermanos William Armando y Rubén Rodrigo Morales Heredia, presidente y secretario, según acta inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán el pasado 4 de abril, que es uno de los múltiples documentos mercantiles de esta empresa y de sus accionistas en poder de 4 Vientos.

El primero, afirman los quejosos, no se digna contestar las llamadas telefónicas y mensajes de texto que los clientes le hacen y envían para resolver el conflicto por la vía de la negociación.

Y el segundo se niega a firmar y/o cumplir con los addendums (agregados) de compromiso de reubicación que Pedregales de Misnébalam ofreció a todos aquellos que desean mantener una relación comercial con la empresa.

Tampoco entrega y/o firma los contratos de rescisión y devolución de capital a quienes no quieren saber más de la inmobiliaria.

El colmo, denuncian clientes que piden el reembolso de su dinero, es que la empresa incluye un párrafo doloso en los convenios de rescisión; el comprador prácticamente se autoacusa de incumplimiento, porque señala como causa, falsamente, que ya no puede cumplir con el contrato de compraventa debido a que enfrenta problemas económicos, “por motivos de la pandemia del covid-19”.

Otros accionistas que integran el actual Consejo de Administración son: Eyder Efrén Martín Chan y Eduardo Ignacio Manzanilla Masqueff.

Ambos aparecen citados mediáticamente como integrantes de otro grupo inmobiliario –CM Capital, S.A. de C.V.- que en el municipio de Umán, Yucatán, despojó de su propiedad (214 hectáreas) a Jesús Aldana Martínez para integrarla a los socios inmobiliarios que en Yucatán impulsó el exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y su secretario de Finanzas José Manuel Sáiz Pineda, luego de que estos purgaron cárcel por desviar cientos de millones de pesos del erario.

Aldana Martínez, hombre de más de 83 años de edad, fue quien identificó a los ahora accionistas de Inverco, como actores, junto con Víctor Alejandro Paredes Aguilar, de una trampa que lo despojó de su propiedad a cambio de un supuesto pago de 21 millones de pesos.

“Con engaños me convencieron de que les entregara mis escrituras para que regularizaran 8 claves catastrales del predio. Alejandro Paredes se hizo pasar como mi apoderado y vendió las 214 hectáreas en 21 millones 433 mil de pesos a la empresa CM Capital.
Yo me di cuenta de esto hasta un año y medio después, cuando fui a pagar el predial en junio de 2012”, contó el defraudado.

“A esos tres nunca los volví a ver, se hicieron ojo de hormiga; y claro que yo nunca recibí los millones que dicen me entregaron a cambio de mi propiedad”.

Capital de la especulación inmobiliaria

Pero este es tan sólo uno de múltiples casos de fraudes y despojos inmobiliarios que a lo largo de 6 años se han presentado en Yucatán.

En junio de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Carlos Alonso Iracheta Carrol, afirmó que el problema de fraudes inmobiliario es tan grave en Mérida y sus municipios norteños, que ya se le cataloga como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”, por lo que las autoridades gubernamentales deben frenar, combatir y castigar el delito de manera inmediata.

Ese mismo mes, Iván Cervera, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denunció en un comunicado el “crecimiento acelerado de denuncias” por engaños de fraccionadores y “loteros” que ofrecen “productos” con una mínima o nula dotación de servicios públicos.

“La falta de experiencia y profesionalismo se refleja en la calidad de la construcción, el incumplimiento en los tiempos de entrega y características prometidas, así como en la falta de servicios posventa, lo cual afecta a los compradores e inversionistas”.

La consultora “Uno Consulting” concluyó en un estudio que realizó en el primer semestre de 2021, que “la venta de lotes en Yucatán no tiene límites ni naturales ni legales. Es una zona geográfica plana y no existen regulaciones que controlen su expansión”.

Ninguna autoridad hizo algo por atender el problema que denunció el informe.

Y los pocos medios de comunicación yucatecos que han dado seguimiento al tema, tampoco han logrado llamar la atención o provocar la acción de las dependencias oficiales en los tres niveles de gobierno.

Los diarios regionales han publicado al menos 45 casos de fraudes y despojos inmobiliarios cometidos en Yucatán en los últimos 10 años.

En la revisión y análisis periodístico en hemeroteca virtual, 4 Vientos encontró que, en su conjunto, esos fraudes significaron pérdidas para ejidatarios y compradores despojados de origen local, nacional e internacional, por alrededor de cinco mil millones de pesos.

Los actos criminales, que en común gozan de impunidad, sucedieron en los municipios de Progreso, Conkal, Motul, Baca, Dzemul, Chicxulub Pueblo, Río Lagarto, Telchac Pueblo, Dzilam, Sinanché, Celestúm, Dzidzantúm, San Felipe y Hunucmá.

Ahí, miles de compradores de todo México y de diversos países fueron atraídos por criminales que “vendieron”, y siguen vendiendo la imagen de paz, tranquilidad, belleza, cultura, historia, seguridad, y crecimiento económico del estado.

La magnitud del problema se enfatizó en junio del año pasado cuando la Comisión de Vivienda de la cámara federal de diputados, que preside la legisladora petista Lilia Aguilar Gil, realizó en Mérida un foro sobre los fraudes inmobiliarios en la entidad.

Calificó esta práctica corrupta como “especulación pura y dura” y subrayó: “Es un delito y como tal tiene que ser atacado”.

Aparentemente, el proceso electoral se atravesó en la agenda de la diputada y de los demás integrantes de la comisión ya que al día de hoy -2 de julio de 2024-, no han informado que han hecho o van a hacer para «atacar» el ominoso delito.

4 Vientos está solicitando una entrevista a la diputada Aguilar Gil, reelecta el pasado 2 de junio.

Y el exregidor morenista por Mérida, Fernando Alcocer Ávila, también consideró, desde abril de 2022, que el congreso local debía revisar y actualizar «inmediatamente» la ley estatal de desarrollo inmobiliario, y la parte que corresponde a los ayuntamientos, porque la norma estaba rebasada por los actos delictivos que cometían -y siguen haciéndolo- particulares aprovechados y funcionarios corruptos.

“Vender no es ilegal, pero ¿cómo se llegó a fraccionar (terrenos irregulares)? Existen leyes que lo impiden y lo autorizan; entonces, es un asunto de corrupción”, afirmó el edil al diario ¡PorEsto!

También explicó el modus operandi de loteros y fraccionadores, trato que ahora padecen los compradores en Pedregales de Misnébalam.

“Exigen el pago puntual de los abonos por un lote, casa o condominio, o de lo contrario aplican penalizaciones severas que incluye la opción de cancelar el contrato y quedarse con toda la inversión del cliente”.

Agregó: “Pero ellos se dan el lujo de permitirse tres o más años para realizar los trámites de posesión o división de los lotes, así como retrasar indefinidamente la entrega física y notarial (escrituras) de los bienes a los compradores”.

¿Solo negligencia la del gobernador Vila?

Pese a todos estos años de evidencias que confirman la presencia y constancia de prácticas criminales en un sector de los bienes inmobiliarios yucatecos, el gobierno estatal no reacciona.

Su actuación hace suponer a los clientes que está coludido con accionistas de malas empresas que actúan con total cinismo y prepotencia.

Por ejemplo, en las páginas digitales de Inverco y Pedregales de Misnébalam, al 1 de julio los accionistas continúan ofreciendo terrenos y condominios en régimen de administración interna –con precios mínimos de un millón 607 mil pesos por condominio-, y presumen tener desarrollos inmobiliarios en el sureste del país que superan los mil millones de pesos en ventas potenciales.

Ahí, la compañía invita a los interesados a invertir no solo en Misnébalam, donde hoy aceptan tener problemas de «falta de liquidez» y retrasos tremendos, de dos a tres años, en el cumplimiento de sus responsabilidades con los clientes, sino también en dos proyectos que auspicia Miguel Ángel Aguayo: Nova Vita Country Club, en Hunucmá, con lotes que van de 525 mil a 630 mil pesos; y Rancho Káaxnah, de 420 mil a un millón 120 mil.

El primer desarrollo Aguayo de Pau lo lanzó como accionista presidente de la empresa “Na Ha Gestor de Proyectos”, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde también es accionista (como tesorero) Bruno Manuel De Matteis Solís.

Bruno es licenciado en Administración de Empresas y estuvo ligado a dos compañías –Control Total Q y Q Arquitectura Moderna- que recibieron, entre 2022 y 2023, contratos directos del actual gobierno estatal por más de 67 millones de pesos para crear infraestructura carretera, transporte masivo en el área metropolitana de Mérida, así como el Parque La Plancha que apoya el gobierno federal en la capital yucateca.

El segundo lo encabeza Aguayo de Pau a través de Inverco, representada igualmente por William Armando Morales Heredia.

Ambos compraron a Jorge Armando Noh Vera y María Teresa de Jesús Albornoz Heredia, personas de la tercera edad, septuagenarios y jubilados, un predio de 354.1 hectáreas con valor notarial de seis millones 791 pesos, operación que se liquidó entre diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Ahora, Rancho Káaxnah, que se ubica en el municipio de Maxcanú, es el pilar de la negociación que Inverco, a través de Aguayo, propuso a los clientes de Misnébalam para resolver los problemas financieros de la compañía.

Destaca sobremanera un hecho: el lugar hoy tiene un valor comercial, según Aguayo, de mil 250 millones de pesos.

Así lo presumió el empresario en la videoconferencia al mostrar “Nuestra Propuesta de Solución”: la venta de dos mil 500 lotes, en 350 hectáreas del rancho, a razón de medio millón de pesos cada uno. Es decir, 181 veces más del precio que los empresarios pagaron por el predio hace apenas 15 meses.

Y también para cumplir y pagar a los compradores inconformes con Pedregales de Misnébalam. Se trata de una propiedad que en tan solo dos años reportó una ganancia fabulosa a los accionistas de Inverco .

Silencio cómplice

A todo esto, desde abril de 2022, el gobierno yucateco anunció estar “trabajando” en la actualización del marco jurídico del sector inmobiliario metropolitano y conurbano de la capital yucateca.

A decir del director del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia, la revisión debía incluir las leyes de Desarrollo Urbano y Vivienda, Asentamientos Humanos, Fraccionamientos residenciales, de Condominios, Nuevos Desarrollos y de Agua, esta última inexistente en la entidad.

Hasta el 2 de julio de 2024, el “trabajo” no rinde frutos.

De hecho, las secretarías estatales de Obras Públicas, Técnica de Planeación y Evaluación, de Administración y Finanzas, y la de Fomento Económico y Trabajo afirman que “corresponde a otro sujeto obligado” -sin precisar cuál- entregar a 4 Vientos información pública respecto al estatus de los trámites hechos por Inverco ante el gobierno de Yucatán.

Se trata de 14 trámites y documentos legales que debieron hacer, entregar y cumplir antes de iniciar la venta de lotes y condominios en 2019.

Desde el 21 de junio de 2024, igualmente 4 Vientos utiliza la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para solicitar información pública a los Ayuntamientos de Mérida y Progreso respecto a nueve trámites que la empresa debió hacer antes del inicio de operaciones.

Las dependencias municipales requeridas son las direcciones de Catastro; de Desarrollo Urbano; de Obras Públicas; de Servicios Públicos; de Administración; de Finanzas y Tesorería; de Desarrollo Económico y Turismo, así como las Unidades de Desarrollo Sustentable, y de Planeación y Gestión.

Hasta el 2 de julio, ambos gobiernos municipales no han contestado la petición de información.  De acuerdo con la PNT, tienen hasta el 7 de julio próximo para responder a la solicitud.

Sabían, pero simularon

Mientras tanto, en dos grupos que operan en redes sociales, compradores de diversos estados de la república, así como de países norteamericanos, europeos, centro y sur americanos en números que van de 700 hasta mil 200, expresan su inconformidad, malestar y angustia por el proceder “poco ético y profesional”, o de plano “fraudulento” de la compañía.

Afirman que los problemas comenzaron desde que compraron bienes en 2022 al no ser notificados por la compañía y sus asesores inmobiliarios, sobre los serios problemas administrativos y financieros que la empresa ya tenía por un presunto “cambio intempestivo” en los linderos municipales, al pasar la zona del fraccionamiento del municipio de Mérida al de Progreso.

Continuará

Fuente: Escuela de Periodismo

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