Fraude de Un Dentista en Felipe Carrillo Puerto

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

Mientras el gobierno de la 4T se empeña en decir que los servicios de salud pública en México son similares o mejores a los del primer mundo, la población tiene que recurrir a los servicios privados, ya sea en farmacias de genéricos, clínicas o consultorios, establecimientos que han proliferado ante la negligente acción del gobierno federal para atender las necesidades del Sistema de Salud Pública.

Los servicios privados han proliferado en todos los niveles económicos, que incluso, en Quintana Roo se habla del llamado turismo médico, que es para multimillonarios nacionales y extranjeros, donde la calidad de los servicios e infraestructura nada tienen que ver con lo que ofrece el disminuido servicio público de salud.

Las mismas autoridades sanitarias del país, con su negligencia y omisión, han permitido que la medicina convencional se haya convertido en un gran negocio no solo para los inversionistas, sino para integrantes de la clase política, quienes invierten en acciones de empresas de salud o farmacéuticas o deciden poner su propio hospital.

También hay médicos de diferentes especialidades que decidieron guardar en el cajón de los trebejos al Juramento de Hipocrates para dedicarse a explotar sus conocimientos e ignorancias para su beneficio económico.

Entre este grupo de negociantes de la salud humana se encuentra el odontólogo Roque Ramón Cano Tapia, quien ha tenido un crecimiento económico, como pocos en el mercado de Felipe Carrillo Puerto y sus alrededores, pero ese crecimiento comercial ha estado envuelto en negligencias y fraudes, así como serias deficiencias en la calidad de sus servicios, que ponen en riesgo la salud de sus pacientes, así como sus finanzas, porque en muchas ocasiones, no cumple con sus compromisos.

Un caso que llegó en mayo de 2024 al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, en su oficina de Felipe Carrillo Puerto, es el de la usuaria Sofía Yam Coh, quien por medio de la conciliación buscaba la solventación de las afecciones morales y de bienestar en una audiencia programada para el 14 de mayo, pero ante la inasistencia del odontólogo Roque Ramón Cano Tapia, dicho procedimiento conciliatorio se declaró agotado y la peticionaria fue remitida al sistema de justicia ordinaria civil, para lo cual se le indicó que podía recurrir a los servicios del Instituto de Defensoría Pública de Quintana Roo.

El caso es grave, pero ninguna autoridad tiene los procedimientos para proteger a la persona paciente, pues desde el 2018 el dentista Roque se comprometió a tratarle varias piezas dentales, a pesar que pago todo lo pactado, no ha cumplido con el trato, incluso las piezas dentales de la paciente están en riesgo de perderse por falta de atención, lo cual no es del interés del supuesto profesional de la odontología, pues lo que él prioriza es que su cuenta bancaria siga creciendo.

Sabiendo que ha incumplido con su compromiso de arreglarle las piezas dentales a la paciente, se negó a ir al procedimiento conciliatorio en el sistema de justicia alternativa, al que fue llamado, sin embargo, cuando se encontró a la paciente se burló de ella. Esto lo hace, porque sabe que ninguna autoridades, de la PROFECO, la COFEPRIS, o los Servicios de Salud Pública de Quintana Roo lo pueden obligar a que cumpla, porque a estas instancias de gobierno no les importa el calvario que tiene pasar la ciudadanía con este tipo de médicos y dentistas irresponsables.

En Felipe Carrillo Puerto, ya es un secreto a voces que el dentista Roque no cambia los vasos que utilizan los pacientes para enjuagarse, tampoco cambia el aspirador que le mete en la boca a los pacientes, lo cual es criminal; en lugar de utilizar agua purificada para sus intervenciones, utiliza agua de la llave.

En Felipe Carrillo Puerto hay otro caso de una paciente que pagó cerca de 50 mil pesos para que le arreglaran 12 piezas dentales, pero a los dos meses de empezar el tratamiento se le cayeron diez piezas y el dentista quería que se le volvieran a pagar sus servicios, sin respetar la garantía por la mala calidad de estos.

Hay un sector de médicos y odontólogos que le sirven de comparsa al SAT, pues se niegan a extender facturas por sus servicios y cuando un paciente se los exige porque le servirá para deducir el ISR por gastos médicos, las elaboran con errores, y con ello el SAT no se las valida al contribuyente.

Tanto la medicina privada como la pública es un desastre en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Un vecino de esta ciudad ha denunciado que por negligencia médica, le han hecho tres intervenciones quirúrgicas, sin resultados positivos, desde luego que cada que lo meten al quirófano tiene que pagar decenas de miles de pesos, ante la incapacidad del sistema público de salud.

A otra paciente, también en Felipe Carrillo Puerto le cobraron 120 mil pesos, supuestamente, para retirarle el apéndice, pero al sometida a otra cirugía, los médicos le dieron evidencias que la habían defraudado en la intervención anterior, porque el apéndice allí estaba.

Mientras el gobierno mexicano no tome en serio y en beneficio de la sociedad el sistema de salud pública, la sociedad seguirá pagando la negligencia médica y los fraudes de supuestos profesionales de la salud que han hecho fortunas ante la omisión y el silencio de las autoridades.

redaccion@diariocambio22.mx

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