Francisco Clemente, El Culpable Perfecto: Justicia Exprés En Un Estado Bajo Sospecha

• La Fiscalía de Quintana Roo presume eficiencia con un caso impecable en tiempo récord, pero la ciudadanía solo ve otro montaje más en una institución que ya perdió toda credibilidad

Redacción/ CAMBIO 22

En un estado donde la justicia se administra con el pulso tembloroso de quien teme mirar hacia adentro, el caso de Francisco Clemente ha llegado como anillo al dedo. No por su crudeza —que la tiene—, ni por el morbo natural que arrastra —que no falta—, sino por su funcionalidad. Porque, en una Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con sed de legitimidad, Clemente es más útil que culpable: es la figura perfecta para armar un caso rápido, arrojárselo al público y presumir eficiencia, aunque sea de cartón. Y como ya sabes que #MiPechoNoEsBodega en estás líneas #TeLoCuento.

Con rapidez sospechosa y narrativa redonda, la Fiscalía General del Estado logró en tiempo récord lo que no ha hecho en decenas de carpetas rezagadas: identificar, catear, encontrar el arma, vincular al sospechoso y apretar el cierre del caso. Un expediente tan limpio que no se puede creer. Pero cuando la institución encargada de procurar justicia ha perdido todo margen de credibilidad, la pulcritud procesal no genera confianza: genera sospechas.

La historia, aunque plausible, parece escrita con el mismo molde institucional que ha producido una larga lista de “culpables útiles”. El guion es conocido: se detecta el crimen, se halla un sospechoso con historial o cercanía, se arma un cateo “productivo” y se difunde la hazaña en boletines de justicia eficaz. La pregunta no es si Clemente es culpable. La pregunta es si eso realmente le importa a quienes arman el caso.

La desconfianza ciudadana no es gratuita. Años de detenciones mal sustentadas, de inconsistencias procesales, de víctimas ignoradas y victimarios liberados han creado una percepción: en Quintana Roo, la Fiscalía no busca justicia, busca salir del paso.

Y cuando la ciudadanía percibe que la justicia es un espectáculo de utilería, los daños colaterales no se hacen esperar. En Nicolás Bravo, familiares del señalado alzaron la voz, bloquearon caminos y denunciaron un montaje. Lo hicieron desde la desesperación, pero también desde una verdad que muchos callan: nadie confía en que la Fiscalía actúe con imparcialidad. Y eso, para una institución de justicia, no es solo un problema de imagen. Es una crisis estructural.

Más allá de Clemente, lo grave es el mensaje: hoy, cualquier persona en el lugar equivocado, con el historial equivocado o las amistades incorrectas, puede ser convertido en el chivo expiatorio perfecto. Porque lo que se busca no es justicia: es cerrar expedientes, aplacar la presión pública, ganar “likes” institucionales.

El costo de esa simulación lo pagan las víctimas reales, cuyas historias quedan sepultadas bajo expedientes mal hechos; lo pagan los inocentes usados como carne de cañón procesal; y lo paga también el gobierno estatal, que aunque intente mantenerse al margen, termina siendo arrastrado por la debacle institucional de una Fiscalía que sigue actuando con el sello del viejo régimen: opacidad, verticalidad y desprecio por la ciudadanía.

¿Habrá justicia para Ramiro? ¿Es Francisco Clemente el verdadero responsable? ¿Alguien dentro de la FGE está realmente interesado en saberlo? Esas preguntas no se responderán en una sala de juicio, sino en la arena política donde se define qué instituciones se reforman y cuáles se mantienen como herramienta de control.

Y ahí, hasta ahora, la justicia sigue siendo administrada no por el Poder Judicial, sino por el cálculo político…

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