La fiscalía también solicitó prohibir a Sarkozy presentarse a cargos públicos durante cinco años y restringirle ciertos privilegios.
A su vez, los abogados de la defensa del exmandatario describieron las peticiones fiscales como desproporcionadas e infundadas.
Por su parte, Sarkozy negó de manera rotunda todas las imputaciones.
En una publicación posterior en redes sociales, calificó la solicitud del ministerio público de indignante y aseguró la falsedad de las inculpaciones.
Un tribunal francés dicto en 2024 una sentencia contra Sarkozy, quien fue puesto bajo vigilancia con un brazalete electrónico durante un año tras el rechazo a un recurso de casación en el caso de escuchas telefónicas, medida inédita para un expresidente en Francia.
Durante la investigación sobre la supuesta financiación libia de su campaña, los jueces descubrieron el empleo por Sarkozy de una línea telefónica secreta bajo el nombre ficticio Paul Bismuth para comunicarse con su abogado Thierry Herzog.
