• La información sería integrada a la carpeta de investigación por el delito de calumnia, en agravio de Layda Sansores Sanromán

 

Redacción / CAMBIO 22

San Francisco de Campeche, Cam., 18 de octubre.- La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual la institución a cargo de Jackson Villacís Rosado solicita los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.

De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local.

Cabe destacar que las notas periodísticas de las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.

Al respecto, Producciones Telemar señala que el oficio girado en su contra se da precisamente “tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal”.

Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio.

“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.

 

 

Información: Animal Político

redaccion@diariocambio22.mx

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